Eduardo Álvarez
Echando a un lado la grave situación que vive el pueblo dominicano, el presidente Leonel Fernández llamó, ante la Asamblea Nacional, a una cruzada global, expresada en un Pacto Internacional contra lo que él califica “especulación financiera de alimentos y derivados del petróleo.” Peregrina idea, carente de justificación, política y económicamente hablando.
Culpar exclusivamente a los negociadores de bonos basados en alimentos y combustibles es una forma, olímpica y insubstancial, de liberar a los gobiernos corruptos de la enorme cuota responsabilidad de la crisis. Pilato era un boy scout, ya vemos.
Para Fernández, el asunto es más inquietante cuando se sabe que el alza de los precios de algunos 'commodities', como por ejemplo, el petróleo y sus derivados, así como el azúcar, el trigo, el maíz, la soya y otros, se debe, entre varios factores, a la especulación financiera que se lleva a cabo en los contratos de futuro de los mercados financieros internacionales.
Fernández habla ante la Asamblea Nacional, 27 de febrero de 2011.
Abundan, por el contrario, los casos mostrando las bondades y beneficios de estos instrumentos financieros, a favor de la producción de alimentos, creación de empleos y captación de recursos provenientes del sector privado.
Que estos bonos soberanos para respaldar la producción agropecuaria constituyan un instrumento reservado a los países con economías saneadas, altamente competitivos y calificados moral, política y económicamente no significa que sean malos y especulativos.
Resulta sí altamente riesgoso para nuestras relaciones con varios pueblos amigos, el hecho de que el Presidente lance a nuestro país a la aventurar de desafiar y cuestionar un medio de compra y venta que, como este, ha contribuido a sanear y relanzar sus economías.
Suprimirlos o limitar su uso y circulación, como propone Fernández, afectaría seriamente a economías financiadas en un 30% las ventas futuras de su producción agrícola, como ocurre en Brasil, Chile y Argentina, entre otros.
Por ejemplo, los Certificados de Producción Rural [CPR], de Brasil, “pueden ser negociados en el mercado primario, si el emisor busca recursos para producir en el mercado secundario, cuando el adquiriente desea negociarlos por medio de su venta a otro agente interesado”. Las tasas de intereses son reguladas por organismos locales e internacionales.
Los CPR, reglamentados el 22 de agosto de 1994 por la Ley 8929, son títulos mediante los cuales los productores rurales brasileños, agrupados en las cooperativas, venden anticipadamente sus cosechas, recibiendo anticipadamente el valor negociado hasta por 20 años.
Si aceptamos que lo especulativo es lo supuesto o ambiguo, hay que admitir que hay muy poco de especulativo en es las operaciones financiara denunciadas. Veamos.
Para que estos bonos adquieran valor de cambio a nivel mundial, es necesario que intervengan media docena de entidades privadas fuertemente respaldadas y autorizadas para certificarlos y vigilar celosamente su correcto uso y cumplimiento. Entre ellas, CETIP, EUROCLEAR, ISIN, CUSIP y aseguradoras AAA, generalmente establecidas en el Reino Unido y en Suiza. Tanto el bono original como los documentos correspondientes se hacen realmente negociables cuando son resguardados en un Safe Keeping Receipt [SKR] de un banco top10 norteamericano o europeo, sobre todo suizo, alemán o francés.
El Presidente no hace más que tratar de convencernos de que los altos precios de los alimentos y el petróleo son únicamente el resultado de lo que califica como “un juego de casino, para beneficio de unos pocos.”
Verbo encendido, como en los mejores tiempos del PLD combativo, expresa ante la nación:
“Es una práctica que significa la gran vergüenza de los tiempos, ya que se trata de un acto inmoral e inaceptable y un caso extremo de miseria ética que está convulsionando al mundo […] la humanidad no puede seguir por esos derroteros, ante una situación de esa naturaleza, que provoca indignación y repudio, y que la República Dominicana no puede permanecer indiferente”. Fidel y Chávez deben estar envidiando tal arrojo, propio de un radicalismo marxista que ya hubiera querido Lenin para la Revolución Bolchevique.
Amenaza, en ese orden, con enviar una comunicación a los gobiernos de América Latina, de África, Asia, y al resto de los 172 países que conforman la Asamblea General de las Naciones Unidas, a los fines de que “nos unamos en una gran cruzada global para enfrentar con firmeza y determinación los desaciertos de una práctica inhumana y cruel que está conduciendo a los pueblos a la destrucción y a la muerte”.
Lo cierto es que introducir un asunto como este, tan ajeno a nuestra realidad, en un acto tan solemne y riguroso, es, si no un insulto a nuestra inteligencia, una verdadera tomadura de pelos.
Seria peor que, sus empeños de notoriedad y protagonismo internacional, se tome en serio este asunto, comprometiendo nuestro prestigio, sin que el tema sea conocido y aprobado por el Congreso.
Santo Domingo, R.D., lunes, 28 de febrero de 2011.
Aunque no se quiera y duela admitirlo, la verdad es que los técnicos chilenos contratados para administrar Edesur, Edeeste y Edenorte forman parte de las vergonzosas condiciones impuestas por los organismos crediticios para prestar más dinero para el tortuoso sistema eléctrico. 
