Tirso Mejía-Ricart
La sentencia emitida por el Tribunal Superior Electoral
sobre las decisiones disciplinarias que tomaron soberanamente los órganos
superiores del PRD: el Comité Ejecutivo Nacional y su Comisión Política, con
todo lo absurda que parece, era previsible, porque constituye el último eslabón
de un siniestro proceso de secuestro de
la democracia dominicana, que ha incluido la administración pública, el
Senado, la Cámara de Cuentas la
Suprema Corte de Justicia, la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior
Electoral, el Tribunal Constitucional, la Liga Municipal Dominicana, gran parte de la prensa escrita, radial y televisiva;
los proyectos económicos de importancia o su “peaje”, y el endeudamiento
abrumador del Estado.
Ya absorbidos la mayor parte de los partidos pequeños y
el PRSC, solo falta al PLD, para coronar
su obra, enfeudar al PRD, utilizando para ello aventureros y tránsfugas
políticos que prostituyen la pseudo democracia dominicana.
Con razón Hostos calificaba al sistema Electoral como el primer poder del Estado,
porque este legitima a los demás, o los integran a una farsa como sucede aquí, donde se han establecido dos entidades,
unidas en la tarea común de legalizar el despotismo peledeísta que padecemos.
Las decisiones del TSE se hicieron en nombre de la
Constitución que señala claramente
su actuación se enmarcará de acuerdo a
la Ley, en este caso una ley Orgánica. Como en muchas otras normas
constitucionales.
La concepción establecida en el Párrafo del artículo 13
de la Ley 29-11, que prohíbe al TSE intervenir en asuntos disciplinarios, se
basa en la capacidad reconocida a toda organización social, sea una escuela, un
club social o partido político, de
evitar la anarquía, el abuso de poder y el desconocimiento de su
autoridad, que en el PRD son su Convención, el CEN y la Comisión Política,
queriendo hacer creer que la institucionalidad del partido reside en el
Presidente y no en sus cuerpos colegiados superiores.
El Ing. Vargas, como Presidente del Partido, violó
numerosos artículos de los Estatutos, incluyendo los de incorporar nuevos
miembros al CEN, nombrar miembros del Tribunal Disciplinario sin la Comisión
Política, y ahora se alega fueron sustituidos por ese organismo, que sí tiene
ese derecho; la no convocatoria regular
del Presidium, la Comisión Política y el CEN; y el Control autocrático de las
finanzas, sin un presupuesto aprobado.
La institucionalidad del partido está en sus cuerpos
colegiados, en el Secretario General, quien tiene a su cargo la administración
del Partido, incluyendo los edificios donde trabajan sus dependencias:
Organización, Electoral, Educación y Doctrina, Juventud, Fedomusde y demás dependencias, que repudian al Presidente.
Desde que Morales Languasco fracasó en darle un golpe de
Estado a su propio gobierno en 1905, no
se había producido un caso semejante, porque Vargas y sus socios sí pretenden
establecer una oligarquía al margen de los Estatutos, y establecer un Partido
autocrático al servicio del PLD, al margen de las autoridades que él mismo
apoyó en su momento.
Santo Domingo, R.D., domingo, 24 de junio de 2012.
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