Eurípides A. Uribe Peguero
Es posible que entre los oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que fueron retirados en esta última ocasión, haya algunos vinculados al narcotráfico o que puedan ser acusados de algún tipo de corrupción, sin embargo, esto no se puede generalizar y además, con estos retiros, el gobierno no resuelve ese gran problema que tiene en sus entrañas. Sin que nada se haga, el mal es mayor en las esferas civiles del gobierno que entre militares y policías.
La catarsis del gobierno con militares y policías cuando se siente acorralado por escándalos cada vez mayores, afecta únicamente a las instituciones armadas como si solamente en ellas estuviera este mal que parece embarrar a casi toda el área oficial. Nada se hace con funcionarios, miembros del partido de gobierno y hasta candidatos para posiciones congresuales y municipales que también se mencionan insistentemente. Para sostener esta afirmación, basta observar que en la lista de extraditables relacionados con el caso Quirino, solamente “se han filtrado”, nombres de militares activos y en retiro pero no aparece el nombre de ningún funcionario civil y se sabe que hay algunos de ellos.
Se puede argumentar que estas medidas(los retiros) responden a movimientos rutinarios que demanda la renovación de los cuerpos armados. Estamos claros que para cada 27 de febrero en las FFAA y en la Policía Nacional se producen cambios y retiros institucionales. También se puede tomar el pretexto de que es necesario reducir una matrícula exagerada de generales. Son argumentos atendibles, pero por la forma y circunstancias en la cual se han producido, parece que en el trasfondo existen otras razones que salen a relucir.
En cuanto a retiros por corrupción o vínculos con el narcotráfico, ni están todos los que son, ni son todos los que están y como es un momento de amplios debates sobre extradiciones, visas retiradas y múltiples escándalos de narcotráfico, los retirados que no tienen relación con ese flagelo, aparecen en el contexto de tenerlos. En su discurso ante la Asamblea Nacional, el Presidente Fernández habló de continuar el proceso de depuración en las Fuerzas Armadas, lo que contribuye a pensar que todos los retirados son parte de la profilaxis anunciada, pero cometiéndose una injusticia al ponerlos todos en la misma canasta.
Si se argumenta que los retiros fueron para reducir la matrícula de los generales, el efecto de la medida ha sido mínimo, porque también fueron ascendidos varios generales y además, si hay casi 300 oficiales de ese rango, no tiene ningún impacto en ese número exagerado, el retiro de a penas 31 de ellos. Quedan aun mucho más de 200 cuando son suficientes menos de 30.
Se debe señalar un hecho muy revelador que ocurrió en la Policía Nacional. Mientras que fue puesto en retiro el General Vinicio Hernández Méndez, quien participó con representantes del Ministerio Público en las investigaciones sobre el secuestro de Eduardo Balderas, que culminaron con un informe que estableció la responsabilidad de miembros de la Policía Nacional en la muerte de Williams Batista y Cecilio Díaz, apresados con vida y entregados a una patrulla de esa institución, fue ascendido el Coronel Alberto Trejo Pérez y los miembros de la Policía Nacional, componentes de la patrulla, quienes fueron incriminados por los investigadores. Vergonzosamente, se aprovechó el momento de los ascensos y retiros, para premiar y establecer la impunidad de un crimen, mientras que se sanciona con el retiro, la acción responsable de un buen oficial policial.
El retiro de militares y policías por revanchismos en las luchas internas que se dan en sus instituciones por las posiciones de mando, es otro ingrediente que también motiva muchos retiros de oficiales jóvenes a quienes no se le ve otra razón para sacarlo a destiempo de los cuerpos armados. Retirar a un oficial que “suena” para una posición es una forma innoble de sacar de circulación al posible sustituto de la posición que se ocupa y a la cual, algunos jefes militares y policiales se aferran como si sus designaciones fueran a perpetuidad.
El Presidente de la República, puede ascender o retirar directamente un militar o policía de cualquier rango, pero en ocasiones, las recomendaciones proceden de las instituciones armadas y el Poder Ejecutivo, les da curso, asumiéndolas como válidas sin conocer de sus reales motivaciones, sin embargo, como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, no puede evadir la responsabilidad en las injusticias que con ellos se cometen.
Se sabe que en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional, existen grupos de poder que encabezan generales específicos de reconocida influencia y buenas relaciones con el Presidente de la República(necesariamente no son los jefes de las instituciones), a ellos se le señala mucha responsabilidad en la mayoría de los retiros y ascensos que se hacen. Sus recomendaciones responderían a estrategias particulares para preservar o incrementar su poder en el gobierno.
Pero en el Palacio Nacional, no se percibe ningún interés en estar atento a estas artimañas. Todo parece indicar que existe más empeño en ocultar la identidad y mantener la impunidad de ciertas personas muy cercanas al mandatario, que preservar el buen nombre y la carrera profesional de jóvenes oficiales que han servido a las instituciones sin contaminarse con nada.
No se conoce de un solo caso en que se haya sometido a una personalidad política con relación a los casos Quirino, Figueroa Agosto, hermanos Benítez y otros. Ahora, con el caso de la Torre ATIEMAR, no se espera nada distinto. Aunque está claro que los propietarios de los apartamentos, necesariamente no serían socios del incriminado propietario de la torre, ya se percibe la renuencia a citar todos sus nombres, lo que es indicio de que algunos, estarían en el gobierno y no desean aparecer ni siquiera en esa forma.
Las expresiones de “aplicar el peso de la Ley contra toda lacra social”, “profilaxis en las FFAA y la Policía Nacional”, “reducción de la nómina de generales”, “continuar el proceso de depuración”, etc., se han convertido en parte de un discurso demagógico cuyos verdaderos resultados nunca se perciben y a los que, tanto se acude desde el Poder Ejecutivo como desde los mismos mandos militares, cuando en el fondo, todo sigue igual en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional y el gobierno central sigue con el peso de una carga de corrupción que no se decide a enfrentar como se espera.
Santo Domingo, R.D., martes, 16 de marzo de 2010
http://www.clavedigital.com/App_Pages/opinion/Firmas.aspx?Id_Articulo=17141
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