Vinicio A. Castillo Semán
En la semana recién transcurrida el periódico El Caribe trajo un trabajo de investigación sobre más de 3,000 casos de homicidios cometidos en los últimos tres años, de los que el poder judicial sólo ha sancionado un 5%, estando los demás, el 95%, en su mayoría, en las calles sin ningún tipo de sanción.
Esta información escalofriante a quien esto escribe no le sorprende en lo más mínimo, porque tenemos años denunciando el resquebrajamiento de la disciplina social y la pérdida creciente y progresiva que se ha ido consolidando después de la instauración del nuevo régimen procesal penal de la República Dominicana, impuesto a través del AID y la Embajada Norteamericana en el año 2004, con normativas que nada tienen que ver con la raíz jurídica y la cultura de nuestro pueblo.
El grado de deterioro de la seguridad pública ha alcanzado los presentes niveles alarmantes, con la más pasmosa y reprochable indiferencia de los llamados “actores del sistema”, que todavía hoy, en medio de una realidad aplastante y chorreante de sangre, se resisten a darle paso a la modificación del Código Procesal Penal y del Código del Menor, en aquellos aspectos que han probado ser, en la práctica, verdaderos aliados del crimen en perjuicio de la sociedad y de los ciudadanos de bien de este país.
Rafael Guillermo Guzman Fermin, ex jefe de la P.N.
La inseguridad, los atracos, los robos, se multiplican por doquier y alcanzan a todos los estratos sociales.
La sociedad está temerosa y nadie se siente seguro, aún en su propia casa.
Los “actores del sistema” no se dan cuenta de eso, y prefieren mantener sus cabezas bajo la tierra como los avestruces, por no dar su brazo a torcer y entender lo que la realidad está diciendo y la urgencia de crear legislaciones e instrumentos legales que protejan a la sociedad y a las víctimas de los delincuentes.
Las víctimas de hechos violentos, atracos, robos y otros crímenes, cuando se salvan, no se sienten hoy en lo más mínimo animadas a poner querellas contra sus agresores, porque saben que hay un sistema procesal penal que protege a éstos y los pone en libertad en corto tiempo. Contrario al Código de Procedimiento Criminal anterior, en el que el Ministerio Público perseguía y hacía condenar al infractor, aún en ausencia de la Parte Civil Constituida, en la actualidad, la víctima tiene que soportar y motorizar toda la carga del proceso penal cuando es agredida, ante la pasividad del Ministerio Público. La inactividad del actor civil o víctima en el 90% de los casos, aniquila los procesos penales que tienen plazos y requisitos concebidos para proteger al imputado.
Jose Polanco Gomez, jefe de la Policia Nacional.Lo más irritante de todo este drama, es ver cómo legisladores que bloquearon el proyecto de modificación del Código Procesal Penal aprobado en el Congreso, a iniciativa del entonces Senador del Distrito José Tomás Pérez, por considerarlo violatorio a los derechos humanos de los delincuentes, son los que hoy salen a los medios de comunicación en campaña política, a quejarse de la impunidad de la delincuencia a lo cual ellos contribuyeron desde la jefatura del Ministerio Público, inclinando su cabeza de forma genuflexa para aceptar la imposición de la nueva normativa procesal por parte de un poder extranjero.
El drama del ciudadano común no es fácil en la actualidad, porque no solo está fallando gravemente la institución estatal diseñada jurídicamente para tener tras las rejas a los violentos antisociales que les agreden, sino que la otra institución encargada del orden público, la Policía Nacional, ha sido puesta contra la pared de la opinión pública, como una cueva de violentos asesinos y malhechores, que solo saben violar los derechos humanos de los “angelitos” que caen en enfrentamientos a tiros con sus miembros.
Los delincuentes saben hoy que Guillermo Guzmán Fermín, con fama de mano dura en la Jefatura de la Policía, fue sustituido bajo una atroz campaña de ser un oficial represivo contra la delincuencia. El nuevo Jefe, el General Polanco Gómez, ha llegado hace poco más de un mes a manejar una institución acosada por los medios de comunicación, bajo la demanda de cambiar la línea de su antecesor.
Jose Tomas Perez.La respuesta insolente de los violentos antisociales no se hizo esperar. La muerte de tres policías y otras más ocurridas en similares circunstancias demuestran que la delincuencia, así como sabe cuando hay una línea dura en la Policía, también sabe cuando ésta se varía en el trato frente a ella.
La famosa Comisión de los Derechos Humanos está muy activa ya con la contabilización de los muertos en intercambio de disparos de la nueva Jefatura de la Policía. Al parecer, no le interesa llevar la cuenta, ni de los policías ni de las víctimas caídas a manos de delincuentes, que en la mayoría de los casos tienen prontuarios de seis y siete crímenes o hechos violentos cometidos contra ciudadanos indefensos.
La combinación de falla estructural en el poder judicial, de la norma procesal penal y la desmoralización de la Policía Nacional (acosada como cuerpo del orden por una creciente ola mediática pidiendo manos blandas para la delincuencia), deja a la sociedad dominicana a merced de los violentos.
Mientras tanto, la dramática realidad está hablando fuerte y claro, para desgracia de nuestra sociedad.
Santo Domingo, R.D., lunes, 27 de septiembre de 2010
viniciocastilloseman@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario