Eduardo Álvarez
Al PLD le falta docena y media de votos congresuales para convocar a una asamblea revisora a los fines de modificar el artículo 124 de la Constitución, que prohíbe la reelección presidencial.
Visto este escenario, debemos agregar que cuarenta y nueve diputados y 12 senadores, incluyendo los voceros de ambas cámaras, responden a Danilo Medina. No necesariamente adversa al presidente Leonel Fernández, pero es poco probable que favorezcan una modificación en este sentido.
No sería exagerado asegurar que pierden su tiempo quienes apuestan a una revisión constituciones en una atmósfera tan desfavorable.
Marino Vinicio Castillo (Vincho). La figura del referendo está destinada a varios aspectos, sin incluir una posible reforma al artículo 124. “Cuando la reforma verse sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda […]”, conforme lo establece el artículo 172.
Vayamos, ahora, al Tribunal Constitucional, instituido en la nueva Carta Magna, proclamada el pasado 26 de enero. El artículo 184 limita la competencia de este organismo, creado para “garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales”.
Competente para conocer en única instancia: [1] Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas; [2] El control preventivo de los tratados internacionales antes de su ratificación por el órgano legislativo; [3] Los conflictos de competencia entre los poderes públicos, a instancia de uno de sus titulares; [4] Cualquier otra materia que disponga la ley.
Por lo visto, este Tribunal carecerá de calidad para analizar e interpretar el contenido de esa Constitución, aún en los casos que se pretenda alegar la vigencia o no de los mandatos contenidos en ella, cuyo carácter supremo esta fuera de discusión. Este resumido examen deja sin opción cualquier postura reeleccionista. Institucional y decentemente hablando, por supuesto.
Eventuales iniciativas, evidentemente ilegitimas, despojaría a sus auspiciadores del uso del derecho y la fuerza política sustentada en el voto y las instituciones democráticas.
Disyuntiva esta en la que se definen los autentico valores civiles y políticos de un autentico hombre de Estado. Que de eso se trata.
Santo Domingo, R.D., jueves, 21 de octubre de 2010
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