Mientras, sería bueno que los señores
regidores dejen claro cuál es el miedo
o cuál el compromiso para tratar de impedir
que el caso siga su curso como mandan
los reglamentos edilicios.
El súbito interés de la Sala Capitular del Ayuntamiento Santo Domingo Este por inducir a un acuerdo entre los moradores de la urbanización Nuevo Sol Naciente y la empresa constructora Soler Group, precisamente cuando se está a la espera de que los regidores se pronuncien en torno a una litis que lleva ya bastante tiempo, ha despertado suspicacia en la comunidad.
El caso, bastante conocido en el cabildo municipal, ya que se trata de una larga historia que inicia con la decisión de los vecinos de la urbanización Nuevo Sol Naciente de enfrentar al poder del dinero y las influencias de una compañía constructora que levanta un edificio en contra de la mayoría de los vecinos, amparados en una autorización emitida por Miguelina Santana, directora del Departamento de Planeamiento Urbano de la entidad edilicia, en la que se ha cometido toda suerte de deslices.
En ese sentido, los reclamos de los moradores, quienes, agrupados en Junta de Vecinos tratan de impedir el levantamiento de la infraestructura, no han sido escuchados por el contubernio mostrado por varios funcionarios de la Alcaldía, al extremo que los todopoderosos Soler Group y sus influencias en el ASDE, han tratado de inhabilitar a la Junta de Vecinos del Nuevo Sol Naciente, fundada en 1998, y con ello, el derecho de la comunidad a organizarse.
Por protección a la firma constructora y sus influencias en el ayuntamiento, el permiso que la comunidad había solicitado y obtenido por la vía legal y autorización de las autoridades para cerrar el acceso a la urbanización en prevención a la ola de delincuencia que afecta al sector, fue paralizado.
Es ante esa irresponsabilidad oficial que se hace pública la denuncia y un grupo de regidores inicia un proceso en la Sala Capitular, dirigido a paralizar todos los trabajos de una construcción que hasta ahora sigue su curso como si nada hubiera pasado.
Mientras eso ocurre, los munícipes recurren a Juan López, Secretario General del Ayuntamiento, quien, luego de varias reuniones, vuelve a autorizar el cierre que, de nuevo, impiden el poderoso Soler Group, enviando entonces a dos funcionarios a la comunidad, con el único fin de ratificar el cierre, para luego, de manera tramposa y sin que se sepa aún con qué intención, recoger las firmas de los comunitarios y simular un acuerdo que nunca se materializó.
Lo que sí provocó fue confusión entre los regidores, quienes, en la sesión pasada dejaron sobre la mesa la solicitud de paralización de los trabajos de construcción del edificio, hasta tanto una comisión dirigida por Edita Sandoval entre otros, rindieran un informe en el que se ha detectado toda suerte de anomalías.
En ese punto de la historia, y cuando ya habrá de conocerse la instancia de oposición de la comunidad a la construcción en cuestión, o por lo menos, a que sean paralizados los trabajos en tanto se pueda esclarecer la legalidad de la acción, es cuando los regidores, en un extraño afán, intentan persuadir a la comunidad, a través de su representante legal, Lidia Pérez, para que desista en su objeción.
La señora Pérez informó a la comunidad en reunión reciente que el presidente de la Sala Capitular, César Fortuna, enviaría una comisión, nadie sabe con qué criterios ni intención, esto por la experiencia pasada con los funcionarios enviados por Juan López, a convencer a los vecinos del Nuevo Sol Naciente sobre la conveniencia de desistir del proceso, cuando se supone que sólo habría que esperar los resultados de la sesión en la Sala Capitular.
Lo propio ocurre con la presidenta de la comisión que estudia el caso, Edita Sandoval, quien, siempre según lo informado por la representante legal de la comunidad, considera la conveniencia de un acuerdo. Y en efecto, la señora Lidia Pérez ha presentado un borrador que la comunidad en su mayoría rechaza, puesto que no queda claro en qué los beneficia, y muy por el contrario, deja muy bien parados a los Soler Group y su odiosa construcción.
Si la firma constructora actúa amparada en tanta legalidad, ¿por qué el afán de llegar a acuerdos con la comunidad antes de que el asunto sea conocido en Sala Capitular?. ¿Por qué el afán, primero del secretario general del ASDE, y ahora de César Fortuna, tal y como lo ha dicho la representante legal de la urbanización, para que el asunto no sea conocido en Sala Capitular?. ¿Cuál el miedo?. ¿Cuál el “compromiso”?.
Resulta que al parecer, la construcción no es tan legal como se han empeñado en hacer creer las autoridades del ASDE y algunos regidores. Según se ha dicho a los comunitarios, no se han respetado los linderos, y la construcción no se corresponde con lo aprobado por Miguelina Santana, entre otras irregularidades detectadas, pero la supremacía económica de la empresa constructora influye tanto, que se hace necesario hacer como los habitantes de Fuenteovejuna y estar todos a una para enfrentar en bloque los embates de Soler Group y los regidores a su servicio.
Mientras, sería bueno que los señores regidores dejen claro cuál es el miedo o cuál el compromiso para tratar de impedir que el caso siga su curso como mandan los reglamentos edilicios.
Santo Domingo, R.D., jueves, 24 de febrero de 2011.
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