Pedro P. Yermenos Forastieri
Con tres abogados a quienes respeto mucho, Francisco Alvarez Valdez, Laura Acosta Lora y Nassef Perdomo Cordero, estuve involucrado en una discusión pública a través del programa de radio “El Matutino Alternativo”, en el cual participo, a propósito de la defensa que, con legítimo derecho y muy atendibles argumentos, ellos hacen de la participación de un grupo de expertos constitucionales en el encuentro que propició el Presidente de la República en la sede de su Fundación Global Democracia y Desarrollo.
Considero que el debate, salvo pequeñísimas excepciones, tuvo bastante nivel, pero un programa radial tiene su dinámica y no resulta fácil elaborar los conceptos con la calma y la amplitud que se quisiera. Ante esa circunstancia, hago uso de esta columna, para explicar, en dos entregas, los fundamentos a partir de los cuales tengo una opinión distinta a la de los citados juristas:
El asunto relativo al Tribunal Constitucional, desde el punto de vista Jurídico, está definido. Los textos de la Carta Magna, a este respecto, son claros, al margen de que satisfagan o no determinadas corrientes doctrinarias. En ese sentido, lo único que queda por elaborar, es la ley que regirá el procedimiento ante ese órgano.
Francisco Alvarez Valdez.
Antes del Poder Ejecutivo remitir al Congreso el Proyecto de dicha Ley, era procedente que, tal como se hizo, el asunto fuera debatido con amplitud y se hicieran las consultas pertinentes para consensuar un texto lo más adecuado posible.
Una vez que el Poder Legislativo fue apoderado del tema en cuestión, la más elemental noción de respeto al principio de la separación de los poderes públicos imponía que ese estamento estatal ejerciera sus funciones sin el menor atisbo de injerencia de ninguno de los demás poderes. Todos los pasos que quisieran darse, consultas, vistas públicas, reunión de expertos, debían surgir del propio Congreso Nacional, en un ejercicio libérrimo de sus prerrogativas.
Al Senado de la República introducir modificaciones al proyecto remitido por el Poder Ejecutivo -impensables sin la anuencia del líder de esa Cámara, que es el Presidente de la República-, entonces las iniciativas de ampliación de la discusión sobre el Proyecto debatido, correspondían a la Cámara de Diputados, por ser el eslabón constitucional al que correspondía conocer lo enviado por la Cámara Alta.
De ahí que sostenga la tesis de que el encuentro sostenido en FUNGLODE por convocatoria del Poder Ejecutivo, constituyó una inaceptable intromisión en las atribuciones propias del Poder Legislativo.
Lo que califico como una intromisión en las atribuciones del Poder Legislativo, tuvo su máxima expresión en la designación por parte del propio Presidente de la República de una comisión de expertos para asesorar al Congreso en la materia que se está discutiendo. ¿A quién se le ocurriría que el Poder Legislativo designe una comisión de notables para asistir al jefe del Estado ante un decreto que deba emitir?
Desde el punto de vista profesional y académico respeto mucho a los juristas que asistieron a la citada actividad, pero me permito disentir de las razones a partir de las cuales defienden su participación en la misma. Propiciaron, aun sin proponérselo conscientemente, la incongruencia de que expertos constitucionales, se estaban prestando a avalar un mecanismo disonante con los procedimientos establecidos por la propia Constitución para el independiente funcionamiento de los poderes públicos.
Ante hechos que, desde la perspectiva jurídica, están tan fuera de discusión, y dada la condición de abogado del primer mandatario de la nación, queda descartada la motivación académica en la iniciativa del encuentro de Funglode, como de forma un tanto ingenua me dijera el Lic. Alvarez Valdez.
Nassef Perdomo Cordero.
Hace muchos años que el Presidente del PLD y de la República se constituyó en un permanente ejecutor del arte de la política. Eso, para nada, constituye un juicio de valor. No se está diciendo que eso sea bueno o malo, ni que lo haga bien o que lo haga mal. Lo que afirmo es que el Doctor Leonel Fernández es, por encima de cualquier otra consideración, un ente político y que, como tal, es necesario que todas sus iniciativas públicas sean visualizarlas desde la óptica de los propósitos políticos que a través de ellas, persigue. Eso es algo muy normal y comprensible, pero al mismo tiempo pone en evidencia la naturaleza equivocada de las evaluaciones que se hagan de su proceder, al asignarle motivaciones desprovistas de sustrato político.
Analizadas así las cosas, jamás podría valorarse como un ejercicio y una demostración de democracia, una acción que propicia todo lo contrario, es decir, una vulneración a la libre concretización de las reglas que determina ese sistema político y económico. De igual forma, mal podría catalogarse como un proceder poco democrático el hecho de que se disienta de lo que se ha hecho y mucho menos cuando tal discrepancia se ha sustentado en el reclamo de exigir estricto cumplimiento de la institucionalidad.
Santo Domingo, R.D., martes, 08 de febrero de 2011.
http://www.elnacional.com.do/opiniones/2011/1/25/73100/Sobre-un-encuentro
http://www.elnacional.com.do/opiniones/2011/2/8/74494/Sobre-un-encuentro
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