Fabricio Gómez Mazara
Diversos sectores de la sociedad han estado planteando la necesidad de modificar el modelo de desarrollo económico y social imperante en el país. La necesidad del cambio se fundamenta, entre otras, en que el crecimiento económico de los últimos años ha estado acompañado de un deterioro en los indicadores sociales.
La pregunta que los ciudadanos suelen hacer es: ¿Para qué nos sirve el crecimiento económico? O dicho de otra forma: ¿Se puede hablar de las bondades del crecimiento económico sin que mejore la distribución del ingreso?
La respuesta a estas preguntas es esencial a la hora de formular un modelo de desarrollo económico y social. El desarrollo antes de ser una categoría económica es esencialmente una categoría ética. De lo que se trata es de garantizar que, por medio de la igualdad de oportunidades, se incremente el bienestar general no sólo el de un grupo o sector en particular de la sociedad. Luego de veinte años de su implantación, el modelo de desarrollo económico vigente parece estar entrando en un proceso de deterioro irreversible. Déficit en el sector externo y en las cuentas fiscales por varios años consecutivos junto a un importante incremento de la deuda pública evidencian la necesidad de rectificación o modificación de la estructura productiva del país.
Desde el año 1991, la República Dominicana inició una trayectoria de expansión económica sostenida e ininterrumpida hasta el año 2002. Por doce años consecutivos se expandieron en forma continua parte importante de los rubros de la economía, principalmente aquellos vinculados con el sector externo debido a un proceso de reformas estructurales.
El proceso de reformas estructurales fue consecuencia del deterioro económico del país durante la década de los ochenta. El punto de partida de las reformas fue la crisis económica e institucional de mayo de 1990 que devino en un diálogo tripartito entre los empresarios organizados, los sindicatos y el gobierno. Este diálogo culminó con la firma del llamado Pacto de Solidaridad Económica (PSE), que incluía: 1) reformas estructurales o cambios de largo plazo como las reformas arancelaria, tributaria, laboral y monetaria; y 2) políticas de estabilización de corto plazo enfocadas en la reducción de la inflación, el relanzamiento del crecimiento económico y la corrección de los problemas de balanza de pagos.
Las políticas de corto plazo fueron exitosas en revertir el proceso inflacionario y en crear condiciones para la recuperación económica. Las reformas estructurales fueron aplicadas, pero parcialmente. En las áreas que más se avanzó fue en el desmonte arancelario y en la reestructuración del sistema tributario.
Más adelante, se realizarían importantes reformas institucionales, entre las cuales estaban: la inversión extranjera, los procedimientos aduaneros, la promoción de las exportaciones, las telecomunicaciones, el sistema eléctrico, la propiedad intelectual y los hidrocarburos.
También, se realizó el tristemente célebre proceso de capitalización de las empresas públicas que prometía la inversión conjunta del sector oficial y empresarios privados en varias empresas del Estado pertenecientes a las Corporaciones Dominicanas Empresas Estatales (CORDE) y de Electricidad (CDE).
El nuevo modelo económico partía del supuesto de que la apertura comercial, el traspaso de las empresas públicas a manos privadas y la adecuación del sistema tributario eran condiciones suficientes para mejorar el bienestar de la ciudadanía.
La creación de empleos así como la reducción de los déficits que generaban las empresas en manos del Estado mejorarían los ingresos fiscales. La calidad del gasto público mejoraría por el uso alternativo de los recursos que previamente eran invertidos en las empresas gubernamentales, mientras que el libre juego de la oferta y la demanda pondría las demás cosas en su lugar.
Sin embargo, el libre juego del mercado no asegura por sí mismo ni el desarrollo económico ni la democracia. Por tal razón, era impostergable incrementar la inversión en aquellos sectores que pudieran minimizar las desigualdades que entorpecen el desarrollo y la construcción democrática.
La protección social debió ser la principal herramienta del actual modelo de desarrollo económico. Esta, permite orientar igualitariamente la participación de los ciudadanos en una red de contención social y es de vital importancia para los sectores más vulnerables. Sin esta red, sería imposible garantizar, aunque sea mínimamente, la igualdad de oportunidades.
El crecimiento económico es una condición necesaria, pero no suficiente para mejorar el bienestar de la ciudadanía. Quienes carecen de activos no se benefician, en términos promedio, del crecimiento económico. Sólo lo hacen aquellos que tienen educación universitaria y que viven en localidades más urbanizadas donde las empresas requieren de recursos humanos calificados para producir bienes y servicios.
Desde que entró en vigencia el actual modelo económico, los indicadores de educación, salud y nutrición han estado por debajo del nivel esperado para el ingreso per cápita del país. Esto se debe a graves deficiencias en la inversión social y en la calidad de los servicios de salud y educación. Estas deficiencias hacen insostenible cualquier modelo de desarrollo económico y social. Sin inversión en la gente, especialmente en los más vulnerables, es imposible garantizar la igualdad de oportunidades y aumentar el nivel de bienestar de la sociedad. Durante las últimas dos décadas, el déficit acumulado en educación, salud y nutrición ha generado mayor pobreza y exclusión social. La falta de inversión en la gente constituye la principal amenaza del modelo económico dominicano.
La riqueza de este país no son los recursos naturales ni su privilegiada ubicación geográfica, sino su gente. Por tal razón, necesitamos dar un salto gigante en materia de protección social: mejor educación, mejores pensiones y estándares mínimos de salud para todos. La educación es la fuente básica de las competencias y capacidades que requieren las personas para desarrollar proyectos de vida satisfactorios y encarar los riesgos a los que se enfrentan en distintas etapas de sus vidas.
Es inmoral que miles de niños y niñas dominicanas no tengan acceso a la educación. Que una gran cantidad de ciudadanos no tengan derecho a enfermarse o a envejecer sin caer en la pobreza. Que tantas familias de clase media vivan con el temor de que algún evento inesperado les hará perder lo conseguido durante largos años de esfuerzo.
Es necesario un Estado que rinda más y trate mejor a la gente. Sólo así podrá ser sostenible este o cualquier otro modelo que se quiera implantar desde el punto de vista ético, social y económico. Primero la gente, como decía el inolvidable Dr. Peña Gómez.
Porque sin inversión en la gente no hay modelo de desarrollo económico y social sostenible ni democracia que funcione.
Santo Domingo, R.D., domingo, 24 de abril de 2011.
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