Eduardo Álvarez
Un estudio sobre el comportamiento económico de esta región durante el 2010, presentado la semana pasada, en Canadá, por el Banco Interamericano de Desarrollo [BID], se define en sí mismo, de acuerdo a su encabezado: “Una región, dos velocidades?”. Un grupo de países quedaron replegados frente a otros, que han avanzado rápidamente, incluyendo el nuestro con un 5.3%.
Basta, sin embargo, adentrase a cada una de estas economías, para comprobar las dramáticas desigualdades que presentan, extremadamente infame y patética en la nuestra.
Tan celebrado “crecimiento” ha logrado la magia de segregar completamente esta media isla en dos partes completamente desiguales. Una, rezagada y apiñada entre la carencia y la pobreza. La otra, conformada por dos o tres políticos aferrados al poder, asociados a media docena de grupos empresariales poderosos.
Con el agravante de que esta concentración excluye a todos los municipios del interior. Ni siquiera Santiago, La Vega, Puerto Plata, San Francisco de Macorís e Higuey se salvan de esta discriminación.
Sus escuelas, hospitales, calles, carreteras, acueductos, sistemas de riego, redes eléctricas y sistema de transporte se deterioran progresivamente en medio de grandes y medianas unidades agrícolas descuidadas y disminuidas por la falta de la necesaria asistencia estatal.
La realidad que se vive en todos y cada uno de los pueblos del interior dista de las cifras e indicadores económicos mostrados por el BID, con respecto a República Dominicana. Los que basan sus economías en la producción agropecuaria, deben conformarse con una baja rentabilidad debido a los altos costos de la energía, los financiamientos bancarios, la intermediación comercial y el transporte. Para verle cara a un oficial del CEI-RD, Agricultura e Industria y Comercio, los productores tienen que desplazarse a la Capital, apostando a la suerte de empatarse con uno de ellos.
Las zonas francas, proyectadas como panaceas productivas y efectivos medios de empleo, sólo han contribuido a incrementar la marginalidad social y la inseguridad ciudadana, atrayendo a sus factorías manos de obras baratas e individuos indeseables.
Lo mismo ocurre en el turismo, limitado a Higuey y Puerto Plata, donde sus bonanzas no se han reflejado del todo en las comunidades vecinas, a no ser en la sustitución de predios agrícolas y ganaderos por centros hoteleros.
Estamos, desde luego, ante la reducción de la calidad de vida de todo un conglomerado de dominicanos, que va más allá de la falta o deterioro de los servicios públicos, ya indicados. La vida social en estas comunidades ha perdido su razón de ser por falta de motivación.
Como resultado de esta aniquilación, desaparecieron las fuerzas sociales y atribuciones que convocaban a la población a reunirse para discutir o divertirse sanamente en actividades culturales, educativa y de entretenimiento.
Han desaparecido, de estos pueblos, las salas de cine, los clubes culturales y los centros deportivos para concentrarse en Santo Domingo, delatando una concentración comercial, tan excluyente como distorsionada.
Para determinar la existencia de estos dos países, tan disímiles, basta con visitar a cada uno de estas comunidades, detenerse y caminar por las calles, penetrar al campo, de ese modo, compartir y conversar con sus hombres más representativos.
Fuentes de información y comprobación, disponibles, también para los técnicos del BID y el Banco Central, a menos que opten por rendir sus informes desde sus encumbrados y confortables despacho en Gascue, Piantini y la Sarasota.
Santo Domingo, R.D., sábado, 23 de abril de 2011.
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