LUIS SCHEKER ORTIZ
La insistente pretensión de los colegios privados (elitistas) al inicio de cada período escolar, de lograr un aumento sustancial de su tarifa y llegar al extremo, como en el caso reciente planteado por su Asociación, de exigir pago por adelantado por matriculación con amenaza de expulsión a los desacatados, choca de frente con la Ley 86-2000 y la Ministra de Educación que les recuerda que existe una Ley y un Consejo Nacional de Educación, pluralista, democrático, rector del sistema educativo dominicano quien fija la política educativa del Estado, con herramientas efectivas que permiten evaluar y justipreciar académica – presupuestaria de manera objetiva de cada reclamo de manera de determinar su justeza y procedencia de nuevas alzas y medidas, siendo ilegal e ilegítimo todo intento unilateral y caprichoso.
Los defensores a rajatabla de la libertad de empresa, de la ley de la oferta y la demanda, y la competitividad disfrazada, en su nombre están dispuestos a jugársela el todo por el todo, atribuyendo a las deficiencias del sistema educativo estatal y la pobreza evidente de sus centros de enseñanzas, en todos los niveles, el estatus privilegiado del que gozan y deben disfrutar estos confortables colegios que, penosamente cierto, han sido una respuesta de la clase pudiente y media a la crisis educativa del sector público, responsabilidad de gobiernos que incumplen leyes, el mandato constitucional y los tratados internacionales siendo la Educación un derecho universal de los pueblos de alta prioridad nacional, bajo la protección del Estado.Esa visión opaca coloca al final del vagón del progreso y el bienestar social, lo que debe ser un primer compromiso de todos: el desarrollo educativo del individuo, inicio del desarrollo integral de la nación, de la productividad y del bienestar social. Bien social irremplazable, vehículo de renovación y transformación social; fuente primigenia de riquezas, no sólo de unos pocos, promovida por acciones y políticas firmes del Estado Social cuya consecución descansa en el apoyo, esfuerzo y trabajo colectivos, de hombres y mujeres. Las fuerzas vivas de la nación, educadas en valores, decididas a mejorar la calidad de vida y lograr la convivencia pacífica y armoniosa deseada.
Defensores del libre comercio, propietarios y administradores olvidan la sentencia del Vaticano, “el trabajo no es una mercancía.” Igual la Educación. No es algo que se compra y se vende, atendiendo a la oferta y la demanda sin regulación alguna. Buena para la explotación. Para profundizar miserias y distancias entre quien todo lo tiene y lo pueden y los que apenas les alcanza el aire para vivir. La Educación, pan de grandeza y civismo debe servir, con equidad y sabiduría, para beneficio de todos. Obligación primaria del Estado, no excluye al sector privado. El concurso de quienes institucional y moralmente, por su vocación docente y de servicio, comparten esa responsabilidad social merecedora de un justo beneficio económico por su valiosa contribución, más nunca mayor que el reconocimiento de una sociedad agradecida que espera de sus dirigentes y profesores, mayor comprensión y espiritualidad, algo que a grandes trances viene desapareciendo en el mundo globalizado del neoliberalismo explotador y deshumanizante.
Santo Domingo, R.D., miércoles, 06 de julio de 2011.

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