Félix Santana García
En razón de que el actual equipo de gobierno es recurrente en violar consuetudinariamente las leyes adjetivas y la constitución de la República, organizaciones de comerciantes, industriales, civiles y otras entidades levantan sus voces e invocan argumentos legales para que el país se encause por senderos de institucionalidad y democracia.
Pero nada de esto se logra ya que las actuales autoridades piensan y creen que el hecho de ostentar el poder político de la nación le da potestad para considerar que el país es una herencia dejada por sus padres.
Por ello, instituciones como la Sociedad Dominicana de Prevencionistas de Riesgos Laborales (Sodoprela) aboga por que se cumpla el Reglamento 522-06, sobre seguridad y salud ocupacional en las empresas del país.
Por su parte el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) pide a las autoridades el cumplimiento de las leyes y que se fortalezcan las instituciones públicas, requisitos indispensables para la competitividad empresarial. También pide que se reinvente la manera de recaudar y gastar el dinero del pueblo.
Asimismo, las iglesias, comerciantes y partidos políticos piden a la Junta Central Electoral que se respete el consenso en la toma de decisiones en esa institución.
Se pide también que se respete la ley orgánica de presupuesto No. 423-06 y la constitución de la República en cuanto a la aprobación y ejecución de ese instrumento de desarrollo.
A octubre del presente año el gobierno ha gastado RD$314,811.0 millones de pesos de los RD$402,702.8 millones del presupuesto 2011 y sus modificaciones, siendo el mayor gasto de este monto el destinado al pago del servicio de la deuda pública y las obligaciones del Tesoro para un total de RD$82,075.8 millones, 26.1% del total de gastos y aplicaciones financieras.
Lo anterior es penoso ya que hasta el mes de octubre del presente año el déficit fiscal ascendió a la friolera suma de casi RD$40,000.0 millones, es decir, que la ejecución de este año terminaría con un déficit acumulado de unos RD$55,000.0 millones, como ha sido costumbre en los últimos cuatro años de la presente gestión de gobierno.
Ante tantos desmanes, violaciones y unilateralismos, se impone que se enmiende la constitución para que se obligue a las autoridades a formular y ejecutar un presupuesto equilibrado cada año fiscal y se ponga techo al endeudamiento, tal como está ocurriendo en otros países con problemas financieros internos, a los fines de someter al gobierno dominicano a la obediencia, disciplina y control de las finanzas públicas.
Santo Domingo, R.D., lunes, 21 de noviembre de 2011.
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