Pedro P. Yermenos Forastieri
A propósito de las abrumadoras mayorías en las diversas instituciones del Estado que ha ido obteniendo la actual gestión gubernamental, se ha intentado justificarlas a partir del argumento de que las mismas están revestidas de legalidad por haber sido conquistadas dentro de los cánones que determina el sistema democrático.
En principio, tal alegato sería una verdad inobjetable siempre que estuviésemos refiriéndonos a un escenario de absoluta equidad, en el cual todos los actores involucrados tengan la misma oportunidad de competir y, por eso, los resultados fueran consecuencia natural de la libérrima decisión de los electores.
Esa realidad está muy lejos de prevalecer en la República Dominicana. El nuestro, es un espacio absolutamente manipulable, en el cual, quien controla los resortes del poder y dispone del manejo de los recursos públicos tiene una gran ventaja competitiva y eso determina la contaminación del producto que se obtiene de los canales a través de los cuales se pretende concretizar el sistema democrático.
Por eso, los resultados obtenidos y, con ellos, las mayorías derivadas, podrán presentarse como legales, pero están afectados de una innegable ilegitimidad, e incluso la proclamada legalidad podría ser contradicha porque la razón por la cual ese uso abusivo del patrimonio público no deriva en las correspondientes acciones penales es una consecuencia de la impunidad consustancial al dominio del aparato represivo estatal.
En ese contexto, resulta impropio vanagloriarse de mayorías recabadas en procesos que adolecen de los vicios señalados, los cuales, más que cualquier otra cosa, lo que hacen es demeritar la vocación democrática de sus beneficiarios, los cuales, no son capaces de reiterar sus logros si se les despoja de los privilegios que le adicionan sus posiciones dominantes. Eso permite tener serias dudas de sus liderazgos, ya que en esas circunstancias no es difícil concitar adhesiones que siempre serán fruto de las canonjías recibidas y no del carisma del auténtico líder.
Contrario a lo que sucede en la práctica política dominicana, aun en el hipotético caso de que las mayorías hayan sido consecuencia de procesos inobjetables, a un político con sólido sentido democrático no se le ocurre disponer de ellas con propósitos hegemónicos, sino permitiendo que por su mediación se genere el estricto, equilibrado e independiente funcionamiento de las instituciones públicas, como mecanismo ineludible de consolidar las esencias democráticas y no como burda garantía para la preservación de poder. El estadista impulsa la democracia, no le teme, no la coarta.
Santo Domingo, R.D., sabado, 14 de enero de 2012.
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