Los
cañeros llevan años entregando papeles a burócratas del IDSS
JUAN
BOLÍVAR DÍAZ
De estos sí que se puede decir que “aún no
ha sido escrita la historia de su congoja, su viejo dolor unido al nuestro”,
tomando prestado el inicio del excelente poema que Norberto James Rawlings
escribiera para cantar las penurias de sus ancestros, los cocolos que se
asentaron a principio del siglo pasado en San Pedro de Macorís y sus
alrededores, en Puerto Plata y algunos otros enclaves de la caña de azúcar,
dulce y amarga.
Nadie puede asegurar con certeza cuántos
son, porque ni ellos mismos lo saben, tal vez ya cansados de contarse y contar
su impiadoso abandono en lo que queda de los bateyes que ya eran miserables aún
cuando el azúcar era la primera industria nacional y mayor fuente de divisas
del país. Pero unas veces se cuantifican en 13 mil, otras en 18 y hasta 22 mil.
De lo que no dejan dudas es de su condición
de despojos, bagazos a los que durante décadas se les sacó la última gota de
jugo en el trapiche de la explotación azucarera. Llevan varios años exhibiendo
su miseria a la vista de todo el que quiera ver y escuchar hasta donde puede
llegar la insensibilidad y el abuso.
Cocolo en el corte de caña.
En los últimos meses han arreciado su
lucha, conscientes de que lo que no se consigue en campaña electoral es difícil
lograr después de los comicios. Por eso el miércoles varios miles de ellos marcharon hasta el Palacio Nacional y planean
declararse en vigilia permanente frente al edificio de lo que queda del viejo
Instituto Dominicano de Seguros Sociales, donde el clientelismo mantiene
cientos de botellas.
Lo que esos reductos humanos vienen reclamando
no es que les regalen una de las 600 mil tarjetas de “Solidaridad” que el
Gobierno ha distribuido, sino que les paguen las pensiones para las que
cotizaron durante años y décadas y que como las de muchos otros trabajadores
han quedado en el vacío tras la instauración del nuevo Sistema Nacional de
Seguridad Social.
Llevan años presentando sus papeles,
entregando expedientes a los burócratas del IDSS que el jueves en el Listín
Diario publicó una página con un listado de 206 extrabajadores de los difuntos
CEA, CORDE Y CDE, a quienes el 12 de enero pasado se les aprobó tramitarles
pensiones, ahora centralizadas en el Ministerio de Hacienda. Incluyeron otra
lista de 44 ya enviados al organismo.
El asunto es que los cañeros llevan mucho
tiempo esperando sus pensiones y en
Hacienda les dicen que no hay dinero. Hace un año testimoniaron a Hoy
que sólo estaban incorporando nuevos
pensionados en sustitución de los que iban muriendo, lo que en la práctica
supone que se sienten a velar a los que están a punto de morir de inanición y
abandono.
Bracero de la caña frente al rancho destartalado en que ha sido zambullido por regímenes de injusticia.
No es posible entender tanta indolencia,
tal vez porque casi dos tercios de los cañeros reclamantes son haitianos o
descendientes de ellos. Hay también cocolos y dominicanos. Independientemente
de sus orígenes, el trabajo y el sudor los sembró al territorio nacional donde
han de ser enterrados, pues no tienen horizonte ni cobija en ninguna otra parte
de este planeta.
La situación es más irritante por cuanto el
presidente Leonel Fernández sigue otorgando cientos de pensiones de 40 y 50 mil
pesos a periodistas, artistas y deportistas que nunca han trabajado para el
Estado ni cotizaron al IDSS, muchos de los cuales tienen estatus de acomodados
miembros de las clases medias y hasta a algunos ricos.
Toda la sensibilidad nacional debe unirse
ahora a los cañeros para respaldar su reclamo. Que el Gobierno destine los dos
mil millones de pesos que el año pasado expropió de los fondos de recursos
laborales a financiar pensiones para estos infelices, que en la mayoría de los casos serán
efímeras, para que mueran con un poquito menos de miseria. Pues lo que aspiran
es a pensiones de 5 mil pesos mensuales.
Santo Domingo, R.D., domingo, 26 de febrero
de 2012.
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