Editorial EL NACIONAL
El reclamo de aumento salarial elevado por un grupo de diputados dizque para compensar la inflación registrada en los últimos dos años puede interpretarse como un insulto o una burla a la ciudadanía, en especial a la mayoría de los empleados públicos, cuyos magros salarios han estado petrificados durante los últimos tres años.
A pesar de que durante la gestión del anterior presidente del hemiciclo, Julio César Valentín, los legisladores recibieron un incremento de cincuenta mil pesos en sus salarios, se solicita ahora otro aumento, esta vez como “indexación salarial en base a la inflación registrada en los últimos dos años”.
En vez de presentar un proyecto de ley para que se incrementen los sueldos y salarios de empleados públicos en base a la inflación acumulada, el grupo de diputados portador de tan infeliz iniciativa procura resolver su situación particular, sin conformarse con ingresos adicionales hasta por asistir a las sesiones.
Un diputado percibe ingresos por más de 330 mil pesos mensuales, incluido gasto de representación (RD$35,000), dieta (RD$45,000); viáticos (RD$50,000), pago de teléfono (RD$3,500) y veintidós mil pesos para combustibles, además de los 175 mil pesos como salario base.
No se olvide que cada legislador recibe dos exoneraciones para la importación de sendos vehículos de lujo, que son vendidas por la mayoría de los diputados y senadores, lo que representa un apreciable ingreso marginal.
Ese reclamo de aumento salarial, sin importar su justeza, constituye una gestión impertinente y desagradable a ojos y oído de una población aguijoneada por un desproporcionado balance entre el ingreso e índice general de precios.
Algunos legisladores argumentan que deben destinar gran parte de sus ingresos a resolver problemas de sus electores, sin entender que su función es la de legislar a favor del bien común y de gestionar obras que coadyuven con el progreso de sus comunidades y no de pretender con fondos públicos suplir el rol del Estado o de entidades caritativas.
Es preciso señalar que los diputados y senadores de todas las banderías políticas han sido elegidos para legislar a favor de sus electores y de la nación y no para resolver problemas personales o para incentivar el clientelismo. El legislador que no se sienta a gusto con su salario, debería simplemente renunciar.
Santo Domingo, R.D., martes, 14 de febrero de 2012.
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