SANTO DOMINGO, R.D._ El
candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, Hipólito
Mejía, aseguró que a partir del 16 de
agosto la enfrentará el flagelo de la corrupción con responsabilidad sin
importar que caiga quien caiga.
Mejía sostuvo que su
candidatura es la opción de cambio para liberar al país de la corrupción, el
dispendio y el despilfarro.
Hipólito Mejía, al pronunciar
un discurso como orador invitado al Almuerzo Mensual de la Cámara Americana de
Comercio, al que asistió la cúpula empresarial del país, sostuvo que representa
el cambio para que las empresas tengan seguridad y confianza en el futuro.
Explicó que la mejor forma de
combatir la corrupción es integrar a las instituciones no gubernamentales en la
toma de decisiones del Gobierno.
Mejía, para ilustrar a la membrecía de la cámara Americana de
Comercio sobre el despilfarro del gobierno, reveló que el déficit fiscal ya
alcanza los 12 mil millones de pesos cuando para todo el año el gobierno había
previsto 22 mil millones.
El próximo presidente de la República
reiteró su compromiso del 4 por ciento para la educación, cumplirá con los
objetivos de la ley de seguridad social y realizará las inversiones viales y
turísticas.
Mejía aseguró que su gobierno modificará el régimen tributario para aplicar
una reforma integrar, erradicará las irregularidades y abusos en las
importaciones, así como garantizar un marco jurídico para los inversionistas
vean al país como una gran oportunidad para sus negocios.
El discurso:
Señor Julio Brache, Presidente Cámara Americana de Comercio
Señor Christopher Lambert; Ministro Consejero Embajada Americana
William Malamud, Vicepresidente Ejecutivo
Distinguidos Miembros de la Mesa de Honor
Estimados amigos de la Cámara Americana de Comercio.
Señoras y señores:
Conocemos a muchos de ustedes desde hace décadas. Hemos seguido de cerca sus éxitos empresariales, sus aportes a la economía de nuestro país, sus contribuciones al empleo y su papel como entes de equilibrio en la balanza del poder, todo lo cual ha sido determinante en la preservación y devenir de la democracia dominicana.
Pero esa balanza la han estado desestabilizando e inclinando peligrosamente en estos últimos años. En ese desequilibrio se advierten signos de retroceso incompatibles con nuestros valores democráticos.
Ese desequilibrio tiende a avasallar y frustrar el quehacer que corresponde a la sociedad civil y al empresariado.
Nos enfrentamos a un conglomerado político-económico que pretende perpetuarse en el poder mediante el saqueo y la utilización interesada de los recursos públicos y al condicionamiento de los medios independientes y las voces que reclaman un cambio de rumbo.
Cada gobierno habla de sus logros como si la historia comenzara cuando ejerce el poder. Este gobierno se acerca a sus 8 años y todavía sigue culpando al que tuvimos la honra de presidir, de todos los males que aquejan al país.
Quizás muchos de ustedes desconocen que durante nuestro gobierno de 4 años, y a pesar de los grandes problemas que tuvimos que enfrentar, logramos construir 3 veces más obras a escala nacional que las realizadas en estos últimos 8 años. Ninguna otra gestión ha logrado tanto en un período tan corto.
¿Y cómo logramos hacerlo con un presupuesto 4 veces más bajo que el actual?
Lo hicimos, destinando el 30% del presupuesto a la inversión pública y concentrando esos recursos en la rehabilitación y construcción de calles, canales de riego, caminos vecinales, acueductos, viviendas, centros de salud y escuelas que beneficiaron a millones de personas en cada rincón de la República.
El pasado año, la inversión pública fue inferior al 18 por ciento del gasto total del gobierno, el cual ha tenido que valerse del financiamiento externo, concentrado y atado a grande proyectos en la ciudad capital.
Obviamente, no escapa a nadie que la mayor de esas obras tienen un sobrecosto de 30 por ciento % para el pago de comisiones. Origen espúreo de la acumulación de enormes fortunas.
En el campo agropecuario, las exportaciones tradicionales y no tradicionales aumentaron en los años 2000-2004 a niveles que todavía hoy no han sido superados.
En ese lapso se instalaron los primeros 70 invernaderos en el país, los cuales fueron satanizados por este gobierno, rendido hoy frente a un logro que enriquece a los empresarios agrícolas.
Rehabilitamos 125 mil tareas de arroz, lo que hizo posible que por primera vez en la historia superáramos los 10 millones de quintales producidos en un año.
Invertimos ingentes recursos en la rehabilitación de las plantaciones de café y cacao, afectadas por el huracán George, contribuyendo con ello al repunte de la producción de estos dos renglones.
Sin embargo, por no darle continuidad a esta inversión, actualmente producimos menos café y menos cacao que hace 10 años y nos hemos visto obligados a importar el 14 por ciento que consumimos.
Las zonas francas alcanzaron su máximo esplendor durante nuestra gestión, 189 mil trabajadores fueron incorporados a sus industrias.
El turismo fue, asimismo, uno de los sectores más beneficiados como muchos de ustedes recuerdan.
Luego de 8 años la mitad de la fuerza de trabajo dedicada a esas actividades se encuentra desempleada, en zonas como Puerto Plata, el turismo es víctima de la quiebra que golpea a sus empresarios y sobrevive con gran precariedad.
Ustedes se preguntaran ¿Y por qué? Simplemente porque es más importante para este gobierno construir cientos de lujosos apartamentos frente al Parque Mirador del Sur para distribuirlos entre sus funcionarios y seguidores, que reconstruir el puerto turístico de Puerto Plata.
Porque además, una inmensa fortuna se encuentra en los bolsillos de no pocos funcionarios inescrupulosos y no en obras destinadas a engrandecer nuestra nación.
En materia institucional, aprobamos más de 15 leyes de trascendental importancia, resultado que no deja de ser un record histórico en los anales legislativos.
Basta mencionar la Ley de Salud, la Ley de Seguridad Social, la Ley de Hidrocarburos, la Ley Monetaria y Financiera, la Ley de Medio Ambiente, la Ley Sectorial de Áreas Protegidas, la Ley que crea el Código de Protección a los Derechos Fundamentales de niños, niñas y adolecentes y la Ley de Electricidad, para solo citar las más importantes.
El Presidente de la República pronunció un discurso el pasado 27 de febrero burlando la obligación constitucional de presentar sus memorias del año pasado y lleno de falsedades y comparaciones infieles y extemporáneas de alguien que tiene casi 8 años gobernando.
Ya hemos respondido a sus falacias.
Pero, no es obligado creer en nuestras cifras, veamos las que revelan la realidad existente en nuestro país en los ocho años del gobierno del Presidente Fernández y del Partido de la Liberación Dominicana.
Los índices de desarrollo humano publicados por las Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial y los que publican otras decenas de agencias internacionales, muestran los daños que este gobierno ha provocado a la República por sus desatención a las prioridades nacionales.
Con una sola excepción, más de 130 indicadores muestran que el país ha retrocedido de manera impresionante, es decir, en el desarrollo de la vida de los dominicanos en los últimos ocho años.
A pesar de esa realidad, el gobierno se aventura a poner en riesgo la sostenibilidad de la deuda externa dominicana, incumpliendo el acuerdo con el FMI, para que nadie le impida desfalcar las finanzas públicas y llevar a cabo una campaña política despilfarrando los dineros del Estado, que es dinero de los contribuyentes.
Sólo en los dos primeros meses del 2012 el déficit fiscal ya alcanza los 12 mil millones de pesos cuando para todo el ano el gobierno había previsto 22 mil millones.
En los últimos 60 días han gastado 2 mil 795 millones de pesos en publicidad para promocionar a sus candidatos, algo sin precedentes en la historia del país.
Frente a esa verdad comprobable, de nada vale que sigan negando con su propaganda dolosa el uso de los recursos públicos con fines proselitistas.
Luego de 5 reformas tributarias, han cerrado por 4 años consecutivos con déficits superiores a los 50 mil millones de pesos. Un déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos de 9 por ciento del PIB.
Por otra parte la deuda pública consolidada representa el 43 por ciento del Producto Interno Bruto, superando el umbral crítico recomendado por el FMI.
Nosotros gobernamos con superávit fiscal y un prudente balance en la cuenta corriente de la balanza de pagos.
Sin embargo, estos logros de nuestra pasada gestión y muchos otros que podríamos mencionar, quedaron opacados por la crisis bancaria del 2003.
Pagamos un alto costo político y familiar, pero a ellos nos obligaban las circunstancias de aquel momento.
Pero actuamos con decisión y valentía porque cualquier vacilación hubiera retrotraído nuestra economía a los años 60, cuando pagábamos los sueldos públicos con asistencia internacional.
Aquella fue una crisis que heredamos por la irresponsabilidad de los gobiernos que nos precedieron.
Y hablando precisamente de crisis, el terremoto financiero que sacudió al mundo en el 2008, vino a demostrar que lo que hicimos frente a la banca dominicana fue lo correcto, como también fue demostrado por la justicia dominicana.
Por eso nos satisface escuchar a la Asociación de Bancos, hablar de la fortaleza de la banca dominicana o cuando el Foro Económico Mundial, le asigna al sistema financiero nacional la única calificación digna entre más de 130 que son evaluadas.
El resto de sus evaluaciones acerca de las prioridades nacionales deberá de llenar de vergüenza a los actuales gobernantes.
La herencia de problemas que dejará este gobierno es muy diferente a la de cualquier otra época. Estamos conscientes, de que los retos serán mayores y de que las decisiones exigen una voluntad política a toda prueba.
El primero de esos retos es la transparencia. No hay mejor forma de combatir la corrupción que aquella que integra a las instituciones no gubernamentales en la toma de decisiones gubernamentales.
La Sociedad Civil será invitada a participar en los concursos públicos que realice el gobierno, lo que eliminará la fuente más importante de corrupción.
La transparencia del quehacer público estará asociada a una profunda reforma institucional. Para ello contaremos con la asistencia de la comunidad internacional.
Nuestros técnicos han estimado que el despilfarro en los gastos corrientes sobrepasa los 35 mil millones de pesos al año.
Un país pobre no puede permitir esas deformaciones politiqueras, como tampoco puede sostener salarios sobre un millón de pesos mensuales como existen en la actualidad, consultorías pagadas en dólares a los aprovechados palaciegos o el costo que representan los miles de cargos en el exterior y los cientos de secretarios y subsecretarios de Estado.
Ya hemos reiterado que asignaremos el 4% del PIB a la educación, cueste lo que cueste.
Lo primero es asegurar que ese aumento del presupuesto, junto al que obtendremos erradicando el clientelismo, llegará a las escuelas, a los estudiantes y a los profesores.
La buena educación es cara y requiere muchos recursos.
Haremos énfasis en la educación inicial, que todos los especialistas del mundo señalan como la clave para el aprendizaje y rendimiento posterior de niños y niñas.
Vamos a sembrar el país de institutos politécnicos, donde se formen jóvenes en las áreas que coadyuven al desarrollo y que son hoy día exigencias de la mayoría de las empresas, contribuyendo así a elevar la productividad del trabajo.
Carreras orientadas al empleo técnico bien remunerado o con capacidad de facilitar negocios propios, las cuales serán más beneficiosas que una posición de profesional mal pagado.
Haremos una revolución educativa y buscaremos asistencia internacional para implementarla.
Es un legado que estamos decididos a dejarle al país.
En cuanto a la salud, continuaremos lo que iniciamos durante nuestro gobierno y que ha sido una de las grandes conquistas sociales de las últimas décadas.
Nos referimos a la seguridad social.
Comprendemos que por ser una conquista nuestra, el gobierno se ha dedicado más a criticar la ley de seguridad social que ha cumplir con sus objetivos.
La atención primaria es uno de los pilares de la seguridad social, pero 10 años después de haberla concebido, todavía le están dando vueltas y vueltas a algo que es básico para hacer financiable el sistema.
También es inexplicable que sigan funcionando paralelamente dos sistemas de salud, donde la burocracia ministerial sigue absorbiendo el grueso de los recursos presupuestarios.
En cuanto al fondo de pensiones, hay que defender ese patrimonio como un tesoro y es lógico que el sector privado aproveche esos recursos para proyectos de inversión que repercutan en beneficio de todos los dominicanos.
Retomaremos el nivel de inversión pública de nuestra pasada administración. No cambiaremos lo que dio buenos resultados. Las grandes obras, especialmente viales y turísticas, serán concesionadas cuando sea posible y beneficioso, financiadas también con recursos públicos y préstamos de organismos multilaterales, todas sometidas a concurso.
Daremos un giro al financiamiento de la micro, pequeña y mediana empresa. Para ello crearemos un Fondo de Garantías a fin de apalancar préstamos de la banca múltiple hacia ese sector, siempre que dichas empresas se formalicen de acuerdo a normas incuestionables.
El modelo existe y ha sido exitoso en Chile, Brasil y otros países del continente. Creemos en ello porque hemos visto sus resultados positivos.
Nos proponemos reglamentar la ley 488-08 que rige las Mipymes, para favorecerlas con las compras que realiza el Estado y fortalecer su base jurídica.
Los datos arrojan que las Mipymes están interesadas en adecuarse a un proceso de reorganización y a formalizar su capacidad administrativa para tener acceso al crédito bancario.
Entonces, el camino correcto es ofrecerles esas facilidades con la ayuda del Gobierno, porque eso es invertir en la gente.
Sobre la competitividad haremos una revisión de las políticas públicas, incluyendo el régimen tributario y el Código Laboral, puesto que son parte de este tema. EL Foro Económico Mundial nos coloca hoy en la posición 125 en cuanto a impacto negativo del sistema tributario, cuando en el 2004 estábamos en la posición 69.
Los empresarios estarían en mejor posición de competir y crear empleos productivos si se les permite operar en condiciones laborales similares a los demás países de la región.
Los trabajadores también se beneficiarían, especialmente los que actualmente no tienen empleo.
Pero hay que modificar el régimen tributario y para lograrlo es necesario alcanzar un consenso con todos los sectores, a fin de realizar la anhelada reforma fiscal integral que ordene de una vez por todas el desorden fiscalista que frena el desarrollo nacional y promueve toda una serie de distorsiones y manejos turbios.
Si no cambiamos el modelo importador actual por uno que privilegie la exportación y sustituya el exceso de importaciones, estamos condenados a déficits y endeudamientos crecientes.
El DR-CAFTA fue concertado durante nuestro gobierno y seguimos pensando que es la apuesta más rentable para incursionar en el mayor mercado del mundo: Los Estados Unidos de América.
Pero en nombre de los desmontes arancelarios establecidos en dicho acuerdo, se han cometido muchas irregularidades y abusos en las importaciones de bienes de consumo y materias primas que están fuera de cuota.
Esa práctica será extirpada de raíz porque cuando hacemos nuestros recorridos por el país nos indigna ver las penurias que sufren nuestros industriales, ganaderos y agricultores.
Pero también hemos comprendido que hay que mirar más allá del DR-CAFTA, ya que los países emergentes de Asia y América Latina crecen con mucho dinamismo, abriendo grandes oportunidades de negocios.
Sin embargo, para que la industria nacional aproveche esas oportunidades, debe adaptarse. Tenemos que desmantelar todas las barreras que han provocado que nuestro sector industrial haya perdido fuerzas para poder seguir generando empleos y creando riquezas.
Eso incluye revisar impuestos, leyes y las condiciones que regulan el mercado de la tierra, el transporte, los derechos de propiedad, los hidrocarburos, los insumos y la energía.
Necesitamos la inversión extranjera para salir adelante.
Tomaremos las medidas necesarias y precisas en el orden jurídico, institucional y fiscal para que los inversionistas vean a nuestro país como una gran oportunidad para sus negocios.
También, someteremos al Congreso una ley de Respuesta Administrativa Oportuna para proyectos de inversión extranjera y doméstica, que reduzca el tiempo de aprobación de los mismos.
Hay tres problemas que tenemos que resolver para garantizar el flujo de inversión externa. La corrupción, la energía y la seguridad ciudadana.
Sobre el sector eléctrico, pedimos al sector privado que se involucre en la solución de este grave problema. Queremos a muchos empresarios en este mercado.
Eliminaremos las trabas que impiden al sector privado incursionar en el mercado eléctrico. Privilegiaremos el uso de gas natural, carbón, la energía eólica y otras fuentes alternativas más económicas y ambientalmente sustentables.
La delincuencia arropa a nuestra sociedad. Es difícil encontrar a una familia en la que alguno de sus miembros no haya sido víctima de la delincuencia. Probablemente familias enteras la han sufrido.
Este gobierno no ha tomado en serio el problema delincuencial que tienen el país y tampoco las necesidades de una Policía Nacional abandonada a su suerte, mientras algunos de sus superiores se sumergen en la codicia y el enriquecimiento fácil.
Hay que mejorar las condiciones salariales de los agentes del orden público, hay que depurar sus filas y hay que dotarlos de medios modernos para que cumplan su misión.
Damas y Caballeros, queremos hacer algunas puntualizaciones sobre la macroeconomía.
Dejamos sentado que el gran objetivo del gobierno del PRD será lograr una sólida estabilidad macroeconómica, con un crecimiento más incluyente, motorizado por el sector privado y compatible con una administración fiscal que garantice una mejor calidad del gasto, mayor austeridad, ahorro público y transparencia del quehacer institucional, que aliente la inversión extranjera directa.
Todo ello debe ser compatible con las metas sociales que mejoren el bienestar de la gente a través del empleo, mejor distribución del ingreso y ampliar focalización para los subsidios a los más pobres.
Para garantizar dicho objetivo nos proponemos negociar de inmediato con el FMI un Acuerdo Stand By, enviando una clara señal de nuestro compromiso con la estabilidad macroeconómica.
La época del endeudamiento alegre terminará el próximo 16 de agosto. Igualmente el despilfarro. No es posible que seamos el país que menos ahorra en América Latina, al decir del Foro Económico Mundial. Apenas 3% del PIB.
Es hora de austeridad. Oigan bien, comenzaremos con la austeridad y terminaremos con austeridad.
Pero también es hora de que la agricultura vuelva a renacer.
Que las piedras que obstaculizan a nuestras industrias sean removidas.
Que las zonas francas vuelvan a repuntar aprovechando las nuevas ventajas competitivas ante China y otros países asiáticos.
Y que el turismo se duplique renovando todos sus puntos cruciales, abriendo fáciles caminos hacia sus destinos y rompiendo las trabas para desarrollar el Sur Profundo.
Lo que les hemos presentado hoy está en armonía con los lineamientos de nuestro Programa de Gobierno.
La pregunta es ¿Cómo vamos a implementar esos cambios? Tenemos que hacerlos juntos con todos ustedes, con el Congreso, con los sindicatos de trabajadores, con los campesinos, con las organizaciones profesionales, con las iglesias, con los partidos políticos y con las organizaciones de la sociedad civil.
Aspiramos a ser el Presidente de los grandes acuerdos nacionales.
Lo que también deben peguntarse es si el candidato del gobierno está en capacidad de hacer algo de lo que aquí hemos establecido como compromiso irrenunciable y sin ataduras con el pasado.
Y eso nos lleva al último tema que queremos compartir con ustedes: el de la rampante corrupción administrativa que hoy sacude a toda la República.
El próximo 20 de mayo, con la ayuda de Dios y el apoyo de la mayoría de los dominicanos, estaremos recibiendo una segunda oportunidad para gobernar la Nación.
La mejor manera de expresar nuestra gratitud y devolverle al pueblo esa muestra de confianza, es encabezando un gobierno ejemplar.
Desde este lugar, con la presencia de tantos amigos y personas que respeto, queremos comprometernos ante Dios y el país, a restablecer el principio de la decencia, la transparencia y la honestidad en la administración del Estado.
A partir del próximo 16 de agosto, vamos a enfrentar la corrupción a todos los niveles y con toda la fuerza que se requiera.
Los recursos públicos son del pueblo. Nuestro papel es administrarlos con eficiencia y transparencia, para devolverlos a la sociedad, a través de obras y servicios que contribuyan al desarrollo nacional y al bienestar de la gente.
Como Presidente no vamos a permitir que los funcionarios del gobierno se equivoquen, pensando que los recursos son suyos y que pueden disponer de ellos, despojando a nuestros niños, a nuestras mujeres y a nuestros envejecientes, de lo que le pertenece por derecho propio
A partir del 16 de agosto enfrentaremos el flagelo de la corrupción con todas sus consecuencias.
Actuaremos con responsabilidad, caiga quien caiga.
Señoras y señores somos la opción de cambio para liberar el país de la corrupción, el dispendio y el clientelismo.
El cambio para que nuestras empresas tengan seguridad y confianza en el futuro.
Cuento con ustedes; y ustedes saben que cuentan conmigo.
Muchas gracias.
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