EN PLURAL
Yvelisse Prats-Ramírez De Pérez
Amnistía Internacional nos acusa, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha sido apoderado de la denuncia: en República Dominicana se violan los Derechos Humanos.
El patrioterismo ha saltado para negar la acusación sin analizarla a la luz de la conciencia crítica que nos impone la ciudadanía activa y la condición de cristianos que proclama la cruz en nuestra bandera.
Lo cierto es que, haitianos o no de por medio, en nuestro país sí se viola un derecho humano fundamental, consagrado en Tratados Internacionales a cuyo cumplimiento está obligada la República Dominicana: el derecho a la educación.
La educaciones es tanto más derecho humano “de pleno derecho”, valga la redundancia, cuanto que pertenece a la vez a las distintas categorías taxonómicas: es uno de los derechos humanos de la llamada primera generación, o sea, los civiles y políticos, y es un derecho humano de los de la segunda y tercera generación, los sociales, económicos y culturales.
Ese carácter multidimensional, que convierte a la educación en un motor que genera y multiplica los otros derechos claramente establecidos en la Convención Internacional de Derechos del Niño, en el Sistema Latinoamericano de Derechos Humanos, y sobre todo, en el Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre los Pactos Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
En ambos pactos, se establecen las obligaciones concretas a las cuales los estados Firmantes deben dar cumplimiento en las condiciones allí precisadas en los siguientes niveles: respetar, proteger y realizar; este último define la obligación positiva para los Estados en cuanto a las medidas a tomar para cumplir y satisfacer el derecho a la educación, protegida por políticas públicas estatales cuyo financiamiento esté garantizado.
Katarina Tomasevski, relatora
especial de Naciones Unidas.
Katarina Tomasevski, relatora especial de Naciones Unidas, concretó en su llamado “esquema de las A” el conjunto de acciones obligatorias ligadas a cada dimensión: Asequibilidad, o sea, escuelas suficientes, con estructuras y equipos adecuados; Accesibilidad, o sea, gratuidad inmediata en la básica, progresiva en la media y superior, abolición de costos indirectos como uniformes, útiles, alimentación y trasporte escolar; Aceptabilidad, gestión democrática en los centros escolares, formación inicial y continuada de docentes, superación de todo tipo de discriminación en la educación; Adaptabilidad, capacidad de atender a discapacitados, adolecentes embarazadas, jóvenes trabajadores.
A estas “4 A”, el Centro Kennedy Memorial agregó una quinta: la responsabilidad, la rendición de cuentas, que define los mecanismos necesarios para el monitoreo por parte de los/as ciudadanos/ as del accionar real del Estado, procurando visibilizar el grado y la calidad de esas acciones y la transparencia que en países como el nuestro desaparece entre el ruido mediático costeado por el gobierno que ha gastado en estos últimos dos meses 2,800 millones de pesos en la publicidad.
Cada estado miembro de la ONU, nuestro país lo es, tiene la obligación ética y jurídica de acatar y traducir en acciones concretas y evaluables las “5A”. Una simple comparación entre ese “deber ser” y el “es” educativo nacional pondrá a mis lectores, menos a los/as funcionarios del gobierno si es que me honran leyéndome, a compartir En Plural que en República Dominicana se viola este derecho humano: la educación, eje articulador del ejercicio de todos los demás.
Algunos cotejos, simples y claros como el agua: No se cumple con la primera y la segunda “A”, puesto que sobran niños sin escuelas, faltan miles de aulas y el presupuesto para educación en República Dominicana, es menos de la mitad promedio en América Latina. No hay accesibilidad, tercera “A” incumplida, porque la discriminación escolar se expande en la medida en que la segregación social y económica hace de nuestro país el que sufre más desigualdades en nuestro ya muy desigual continente.
La cuarta “A” la viola trágicamente el alto número de adolecentes embarazadas, obstaculizadas de asistir a la escuela, cerrándose en ellas el circulo perverso de ignorancia-pobreza.
Presidente Leonel Fernández.
¿Qué hacer? Existe desde el año 2008 la facultad, consignada en documentos oficiales de acudir ante la violación del derecho humano que es la educación a los organismos internacionales competentes.
En materia de educación, en nuestro país se va más lejos aunque con el femenicidio; es un genocidio que se practica impunemente.
Elevar una instancia denunciando esta violación ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, o ante la Corte Internacional de la Haya, sería una acción singular, un precedente histórico.
Dejo la tarea esta vez a los más aguerridos en la sociedad civil, Centro Bonó, Juan Montalvo, FINJUS, Participación Ciudadana, Toy Jarto, y estoy dispuesta, como maestra y como ciudadana, a firmar de las primeras esa justificada denuncia de lo injustificable.
Santo Domingo, R.D., sábado, 17 de marzo de 2012.
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