David Ramírez
Editor El Barahonero
En ocasiones a veces odio tener la razón,
más aún cuando de por medio se encuentran involucradas personas inocentes.
Gente, a quienes cuyas honra, reputación
e imagen han sido afectadas, convertidas en trapos de por vida gracias a que a veces
pasamos por alto que algunas notas periodísticas violan principios básicos del
derecho humano y la presunción de inocencia.
Es cierto que un periodista o comunicador
no puede esperar una sentencia de un juez para darle a conocer a la comunidad
una noticia de interés colectivo, principalmente cuando por una razón u otras
esas personas estén implicadas en un crimen horrendo con más preguntas que
repuestas.
Traigo este tema a colación debido a que
recientemente un juez decidió dictar un “No ha lugar” a los profesores Luis Amaury
Féliz y Sandro Féliz Santana por no existir indicios de culpabilidad en el
crimen de la profesora Lenny Féliz y Féliz. Al principio de agosto del año
pasado escribí un artículo titulado
“¿Ligereza policial en el caso de la maestra asesinada? ¡Cuidado con dañar
reputaciones!”.
En este artículo advertía a los colegas
comunicadores tener cautela al momento
de escribir sobre este caso para no dañar la reputación de los imputados y
sobre todo, no dar por bueno y válido la supuesta “confesión” del profesor
Fernando Carrasco Roque (Chito), ya que
este crimen se había convertido en todo un espectáculo, lleno de morbo,
contaminado desde el principio por la policía en Barahona por haber aportado
datos confusos a la prensa.
Hoy, los profesores Luis Amaury Féliz y
Sandro Féliz podrían salir de la cárcel (si no han salido ya) libres e
inocentes de un crimen que nunca estuvieron involucrados, pero con su
reputación hecha añicos y desempleados, esto así, porque el Ministerio de Educación no esperó una
sentencia para establecer su culpabilidad o inocencia, lo cual constituyó una
fragante violación al estado de derecho. ¿Quién resarcirá a estos dos hombres
del daño moral y físico al implicarlos en un horrendo crimen?
Considero que Educación debe devolverle sus
antiguos empleos, sería un acto de justicia. No soy abogado, pero considero
también que, en caso contrario, los
profesores tienen sobrada razón de someter al Estado ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, porque estas cancelaciones fueron ilegales,
injustas y discriminatorias. Con su cancelación se violentó la presunción de
inocencia y todos los derechos o garantías constitucionales.
En cuanto a nosotros, los comunicadores,
este caso nos sirve de experiencia. De ahora en adelante debemos entender que
en la democracia la libertad de expresión tenemos que armonizarla con los
derechos procesales de las victimas e imputados, evitando convertir casos
similares en un “juicio mediático” donde al final se pierde los más importante;
La verdad.
Debemos entender que la función de un
periodista o comunicador no es juzgar, sino brindarle a la ciudadanía
información oportuna, creíble e imparcial, respetando los derechos de los
ciudadanos
.
Al final nadie pierde. No se daña a nadie.
Santo Domingo, R.D., sábado, 17 de marzo de 2012.
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