Enmiendas a Código Penal pretende silenciar medios y
periodistas
Manuel Quiroz
En un país donde se cometen tantos abusos y desafueros
desde instancias oficiales, el ejercicio de un periodismo serio y plural es un
contrapeso para garantizar la libertad de expresión y el derecho de los
ciudadanos a dar y recibir informaciones sin censura previa. Personas e
instituciones afectadas en sus intereses y prerrogativas y que no reciben
atención ni respuesta cuando acuden a organismos oficiales, encuentran en la
prensa y los medios de comunicación una vía expedita para manifestarse y evitar
ser víctimas de atropellos y violaciones impunes.
Obstruir o limitar el tratamiento de temas relativos a la
corrupción y en general al uso indebido de fondos y recursos públicos,
equivaldría a negar a la sociedad el legítimo interés de mantenerse debidamente
informada de todo lo que incide en el funcionamiento del Estado.
Este es precisamente el temor que ha surgido ante la
inclusión en el proyecto de modificación
del Código Penal de los artículos 191 y 193, que vulneran el fundamental
derecho a la libre expresión del pensamiento y la discusión de las ideas
garantizada por la Constitución de la República.
El establecimiento de penas de prisión por la divulgación
de informaciones y comentarios considerados difamatorios e injuriosos, asestaría un duro revés a la libertad que
deben disfrutar medios y periodistas para escoger y difundir temas de interés general, sin importar que
puedan causar molestias en algunas
esferas de la sociedad o de los poderes públicos.
Mientras en diferentes países del hemisferio se ha
avanzado en los últimos años en una titánica lucha en favor de la despenalización de los llamados
delitos de prensa, aquí surge esta amenaza en contra de una piedra angular de
la democracia en materia de comunicación
y acceso a la información.
A propósito de esta inquietante situación, no sólo para
la prensa sino para la ciudadanía en general, la Fundación Institucionalidad y
Justicia (Finjus) ha producido un documento que, dada la riqueza de argumentos
jurídicos, no tiene “desperdicios”, como solía decir Mario Álvarez Dugan
(Cuchito), ese veterano maestro del periodismo para referirse a las
declaraciones responsables y bien estructuradas con argumentaciones
contundentes que cubren diferentes conceptos y aristas de un tema en
particular.
Con juicio claro y certero, Finjus anota que la libertad
de expresión da sustento a la investigación periodística, especialmente cuando
está dirigida a fortalecer los mecanismos de prevención y lucha contra la
corrupción y el fomento de la participación de la ciudadanía y sus
organizaciones en la creación de una cultura de transparencia, con base a la
rendición de cuentas. Tal como han advertido Finjus, la Sociedad Interamericana
de Prensa (SIP), el Colegio Dominicano de Periodistas y el Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Prensa, es obvio que con estas enmiendas al Código Penal
se pretende silenciar a medios y periodistas para que no aborden cuestiones
conflictivas o controvertidas, a fin de evitar una eventual sentencia de
prisión.
Además, subyace la intención de proteger a servidores que
incurren en prevaricación, porque la propuesta legislativa busca agravar la
conducta de difamación e injuria cuando se cometa en perjuicio de un alto
funcionario público. Este intento de inducir a la autocensura tiene que ser enfrentado
para que el periodismo ético y crítico no pueda ser suplantado por un ejercicio
complaciente y anodino , como aspiran los enemigos de la libertad de expresión.
Santo Domingo, R.D., sábado, 17 de noviembre de 2012.
No hay comentarios:
Publicar un comentario