Se pretende
“borrón y cuenta nueva” frente a violadores de leyes
Miguel
Ceara-Hatton
Algunos amigos economistas oficialistas me han dicho que
es inconcebible que esté coincidiendo en materia de gasto con el Sr. Manuel
Diez, del CONEP. Pero como indicó otro amigo en esa conversación, yo también he
publicado en artículos y libros desde hace tiempo mi posición en esta
materia.
Soy un economista heterodoxo y por lo tanto parto de un
marco teórico en donde el nivel de gasto agregado de la economía determina el
nivel de producto y empleo en el corto y largo plazo. Por lo que, en principio
me siento cómodo con el gasto público y entiendo que un aumento del déficit
público cuando hace crecer el producto y el empleo que pague el déficit es
positivo para la economía en el largo plazo.
Eso no quiere decir que esté de acuerdo con un gasto
público que pague clientelismo, corrupción, deviación de fondos y despilfarro.
Además se gaste violando la Constitución, la Ley Orgánica de Presupuesto, la del Presupuesto 2012 y el Complementario,
la de Contraloría, la ley de Compras Gubernamentales y muchas otras, debilitando las instituciones
democráticas y comprando elecciones.
Para colmo de males, se pretende un “borrón y cuenta nueva” frente a los violadores de leyes porque son miembros
de la Corporación PLD que tienen una patente de corso.
Lo peor es que la “locura pública de 2012” fue realizada
con “premeditación, alevosía, acechanza, mala fe y nocturnidad”. La primera
señal de esa voluntad fue el rompimiento con el FMI en octubre de 2011 y la
posterior declaración del Sr. Fernández de
disponer de RD$40 mil millones (casi el 2% del PIB, lo que le faltaba
para completar el 4% de educación) para gastar en campaña política.
Hubo un silencio irresponsable de funcionarios. En los primeros días de marzo se debatió
públicamente que el déficit del Gobierno Central era la mitad del programado
para todo el año. Al mes siguiente se debatió que el déficit había superado por
mucho lo programado. A partir de ahí
había suficientes indicaciones de alarma para que cualquier economista del
Gobierno reaccionara. Las cifras calculadas subestimaban la situación pero eran
de tal magnitud que intranquilizaban. La consecuencia sería un ajuste doloroso
para el bienestar de la población. Ahora, el mismo grupo de funcionarios que se
“enloqueció” pide más impuestos.
Por eso coincido con cualquier ciudadano, y muy
probablemente con el Sr. Diez, en el señalamiento de que primero deben
establecerse las responsabilidades y sanciones para que la locura del 2012 no
se repita nunca más. Segundo, hacer un presupuesto 2013 transitorio con base
2011 y luego discutir la reforma fiscal, pero teniendo la ciudadanía una mayor
certeza de que los fondos no se van a perder, desviar o financiar fines
espurios
Santo Domingo, R.D.,viernes, 02 de noviembre de 2012.
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