Eduardo Álvarez
El poder popular, como instancia suprema, encuentra en las calles la mayor y más firme
manera de expresión. Sobre todo cuando
es violentado y defraudado por quienes dirigen el Estado. Sometida a una
situación de abusos, a la población no le queda otra opción que lanzarse a las
calles para impedir nuevas imposiciones
y reclamar justicia contra los responsables del déficit presupuestal que
estrangula a todo el país.
Abandonar ese instrumento eficaz de protesta para
limitarse a los medios tradicionales y las redes sociales es confiar en la
simple provocación sin respuestas. No conseguimos resultados si permanecemos
sentados ante una computadora, leyendo los diarios, escuchando la radio o
viendo televisión. Es ya una utopía esperar que los partidos de oposición se
unan en un frente común.
No podemos restar mérito al papel jugado por la Internet
en los movimientos sociales y grandes acontecimientos políticos, como los
registrados entre 2010 y 2012, en el marco de la llamada Primavera Árabe,
dejando notables cambios en Túnez, Egipto y Libia. Sin embargo, fueron las
masivas manifestaciones de millares de ciudadanos el factor determinante.
La misma noche que su presidente fue destituido por un
golpe de estado el 11 de abril del 2002, miles de venezolanos ocuparon las calles de Caracas durante tres días exigiendo
la reposición de Hugo Chávez. Solo una poderosa demostración de fuerza, como
esta fue capaz de pulverizara la trama. El pueblo reimpuso a Chávez tres días después, el 14 de abril. Aquí, no
se materializaron los propósitos de la revuelta de abril de 1965 por la
indefinición del depuesto presidente Juan Bosch. Hay quienes dicen que no quiso
volver al poder.
Ahora estamos frente a flagrantes delitos de estafa, y
tanto el Ejecutivo como el Congreso buscan respuesta al hoyo fiscal cargando a
la población más impuestos. Mientras el Ministerio de Obras Pública rescinde
decenas de contratos de obra sobre valuadas y, al mismo tiempo, viciadas.
Participación Ciudadana denuncia que el gobierno dominicano tiene dos mil
cuentas bancarias sin la menor supervisión. Pensiones escandalosas, cónsules y
embajadores cobrando sin trabajar, siguen fuera de control. Apenas algunas de
las evidencias de que la salida al déficit fiscal de RD$187,000 millones está
en la propia administración de los fondos públicos.
Pero todo parece indicar que la decisión inapelable se
expresará a través de la mayoría mecánica e irreflexiva del PLD en el Senado.
Los diputaos harán lo mismo con el concurso de unos cuantos opositores
vendidos. A la justicia, previamente arreglada y maniatada, le corresponde
hacerse de la vista gorda. Por tanto, cómplice de abusos y violaciones que deja
al pueblo desprotegido, sin más remedio
que lanzarse a las calles.
Santo Domingo, R.D., miércoles, 07 de noviembre de 2012.
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