Vinicio Castillo Semán
Tal y como planteara en un artículo anterior, no resulta nada fácil para la Policía Nacional y la DNCD enfrentar con energía el crimen organizado y al mismo tiempo una embestida brutal en términos mediáticos, que lleva a la mente de los ciudadanos la versión falsa de que el cuerpo del orden como tal, es una asociación de malhechores que tiene como objetivo salir a las calles a matar, a atropellar y conculcar derechos fundamentales.
La lamentable y condenable muerte de inocentes a manos de agentes policiales, por no acatar la orden de detenerse, ha sido la última bandera mediática para pretender hundir a la Policía como cuerpo y sobre todo a su jefe (cuya cabeza se quiere que ruede el próximo 16 de agosto), en el más profundo repudio y descrédito del pueblo.
La falsa versión de que estos hechos han respondido a una orden de la jefatura de la PN, logró darle un gran impulso a la ola mediática de moda contra ésta, multiplicando el encono natural que la población siente, cuando percibe, que puede ser cierta una barbaridad de tal magnitud como serían supuestas órdenes para matar inocentes y ciudadanos de bien, por el simple hecho de no detenerse.
Sin embargo, de forma deliberada se oculta y se pretende disminuir el hecho de que hasta el momento todos los agentes involucrados en estas desgraciadas tragedias han sido sometidos a la justicia civil para que respondan por sus hechos, sin que nadie haya podido aportar prueba alguna de que la Jefatura de la Policía apoya estos reprochables y criminales excesos de algunos de sus miembros, y mucho menos que lo ocurrido responda a una orden de la superioridad.
En medio de esa gigantesca ola mediática contra la Policía y el General Guzmán Fermín, la realidad se encarga de ilustrar con sangre la difícil labor que tienen éstos de luchar contra la delincuencia y el crimen organizado.
Los hechos de Santiago, en los que resultaron heridos tres agentes de la Policía y un Ayudante Fiscal a manos de peligrosos sicarios, con altísimo poder de fuego (armas de guerra), ponen al descubierto una realidad que consciente o inconscientemente quieren ignorar vastos sectores de la comunicación social, que no acaban de entender que las únicas instituciones con que cuenta este país para defenderse de estos criminales, generalmente ligados al narcotráfico, son la Policía Nacional y la DNCD, aún con todas las deficiencias y fallas que sabemos las afectan.
Igualmente, decir que la gente común no va a denunciar los atracos y los crímenes de que son víctimas por temor a la Policía Nacional, es una mentira suprema. Todo el mundo sabe aquí que la gente que se logra salvar de un atraco, o de un robo, o de un intento de homicidio, no va a poner denuncias a la Policía ni al Ministerio Público, porque saben de antemano que no servirá de nada, ya que el famoso código (garantista procesal penal) pone en libertad en horas a los agresores y delincuentes (en su mayoría reincidentes), situando éstos, a nivel probatorio, al mismo nivel y con mucho mayor protección que la víctima.
Contrario al antiguo Código de Procedimiento Criminal, donde el Ministerio Público estaba obligado a seguir los casos criminales aún en ausencia de la parte civil o víctima, todo el mundo sabe hoy que el que acude a poner una querella después de ser atracado, inicia un víacrucis que le impone mantenerse por años dándole seguimiento a procesos contra delincuentes que están en la mayoría de los casos en libertad, lo que hace razonar a la mayoría de las víctimas que lo que más les conviene es dejar las cosas así.
Y lo más paradójico de todo es que sean las mismas renombradas figuras públicas, el Dr. César Pina Toribio y el Lic. Francisco Domínguez Brito, que aconsejaron al Presidente que vetara la modificación del Código aprobada por las Cámaras, por iniciativa del entonces Senador DN Lic. José Tomás Pérez, y los que han logrado hasta ahora que el Presidente desoiga el clamor nacional que demanda la urgente modificación del Código Procesal Penal, los que quieren cargarle el dado a la Policía Nacional y responsabilizar a ésta del incremento de la violencia, que viene precisamente en gran modo del código bajado por Internet, patrocinado por ellos e impuesto por la AID de EU.
Como he sostenido en otras oportunidades, defiendo y elogio el papel valiente de la prensa y los periodistas cuando protestan contra los abusos, los crímenes y excesos que puedan cometer miembros de la Policía Nacional, de la DNCD y de las Fuerzas Armadas, pero con esa misma fuerza condeno que se pongan en un mismo saco a miles y miles de hombres y mujeres perteneciente a estas instituciones, que ganando sueldos de miseria le rinden una labor eminentísima a su país en diversos órdenes.
Si contribuimos a destruir a la Policía Nacional, socavando las bases morales de su función como cuerpo, entiendo que estamos haciendo un flaco servicio al país e inconscientemente un gran servicio a la delincuencia y al crimen organizado.
Ojo pelao con esta campaña. Hay mucha gente buena (equivocada o no) opinando en contra de Guzmán Fermín y la Policía Nacional, pero el poderío económico, la mano larga y a veces invisible del narco, que éste junto con el General Rosado Mateo ha enfrentado con valor (Figueroa, Cartel de Puerto Rico, Paya, entre otros), puede estar confluyendo con la vocinglería mediática, para lograr la destitución de ambos y que estos puestos claves contra el crimen organizado pasen a manos más “convenientes”.
Santo Domingo, R.D., lunes, 12 de julio de 2010
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