ORLANDO GÓMEZ TORRES
El argumento con el cual nuestros legisladores han defendido el incesante descuartizamiento del territorio nacional bajo la base de que esto favorece el desarrollo de ciertas comunidades, es cuanto menos cuestionable. En República Dominicana no solo los ayuntamientos carecen de la capacidad técnica o de recursos para ejecutar medidas en favor de sus munícipes con resultados relevantes, sino que dependen enteramente del Gobierno Central para evitar lo que sería en verdadero colapso.
La evidencia empírica ha demostrado que el ascenso de categoría no ha dado resultados positivos significantes a los munícipes, pudiendo nosotros usar el caso del Distrito Nacional y los Ayuntamientos en la provincia de Santo Domingo, donde los problemas siguen siendo, después de más de 10 años, esencialmente los mismos.
La realidad es que, como arrojan los pocos estudios que se han realizado al respecto, menos del 7% de los ingresos de los municipios en República Dominicana se destinan en favor de las localidades, orientándose el restante al pago de salarios, asesorías y consultas técnicas. Esencialmente sirviendo estos como entidades cuyo único propósito es generar empleos pocos productivos.
Lo que por otro lado sí ha aumentado, inversamente proporcional al bienestar de los munícipes, es la capacidad de endeudamiento de los ayuntamientos, aparentemente el único gran logro de su autonomía. A la fecha no parece existir una data precisa de hasta dónde asciende la deuda del centenar de inútiles ayuntamientos que tenemos en la República Dominicana.
Si algo podemos aprender de otros países, como España, es que la deuda asumida por las localidades autónomas representa un impacto tan significativo sobre la capacidad de los gobiernos centrales para hacer frente a contingencias, como los mismos bancos y sus riesgos sistémicos.
Si bien pudiera ser, aunque tengo mis dudas, que como dicen nuestros legisladores, en cuanto planta física y empleos la subida de rangos a Distrito Municipal o Ayuntamiento no necesariamente implica un aumento excesivo de gasto para el Estado. Lo que sí deben observar es la capacidad adquirida de endeudarse sin las dificultades y trabas que sí tiene el Gobierno Central.
A partir de la Ley 86-11 es probable que una parte de las deudas financieras y operativas de los ayuntamientos empiecen a quedar reflejadas en la Ley de Presupuesto y Gastos Públicos, como partida dentro del crédito público, y que el destape de esa temible caja de Pandora obligue a retomar este tema para establecer controles en los gastos e inversiones de los ayuntamientos.
Honestamente, a la fecha me resulta más sorprendente ver a legisladores defendiendo la incesante fragmentación del territorio, que ver a todos los ayuntamientos rogando por préstamos para pagar sus obligaciones del salario de navidad. Lo que no pueden negar es que ciertamente hay algo muy mal en todo el sistema, y cuanto menos lo más sensato es parar hasta tanto se encuentren soluciones.
Santo Domingo, R.D., miércoles, 03 de agosto de 2011.
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