Depto. de Justicia EE.UU. presenta informe
BBC Mundo
El gobernador Luís Fortuño y el fiscal de derechos civiles, Thomas Pérez, durante la presentación del informe.
Cuando en junio pasado el presidente Barack Obama visitó por una horas al territorio estadounidense de Puerto Rico, la Unión de Libertades Civiles Estadounidense, aprovechó para recordarle en una carta que la policía local ejercía "un nivel de brutalidad que no sería tolerado" en ninguno de los 50 estados de la unión.
Denuncias de ese tipo recibidas desde dentro y fuera de la isla motivaron en 2008 al Departamento de Justicia a realizar la inusual investigación sobre las prácticas del Departamento de Policía de Puerto Rico (DPPR) cuyas poco favorables conclusiones fueron presentadas este jueves.
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La corrupción, el uso excesivo de la fuerza, los procedimientos ilegales y discriminatorios caracterizan a la policía puertorriqueña, según se lee en el reporte presentado en San Juan por el fiscal general adjunto de la División de Derechos Civiles, Thomas E. Pérez.
El informe responsabiliza al cuerpo, conocido en la isla como "La Uniformada", incluso de haber ocasionado muertes por prácticas violentas y de violar la Constitución estadounidense.
La dura conclusión es que "el Departamento de Policía de Puerto Rico (DPPR) está fracturado" con problemas "de amplio alcance y profundas raíces en la cultura del departamento" que habría llevado a los uniformados a cometer abusos y no prestar atención a las denuncias.
Criminalidad
Puerto Rico además vive una ola de criminalidad que se evidencia en el número de muertes reportadas en lo que va de año: 786 homicidios, un promedio que duplica la media del resto de Estados Unidos.
Hasta ahora se han certificado 117 muertes más que el año pasado, lo que hace presumir a muchos que el 2011 cerrará con unos mil homicidios, una cifra record.
De acuerdo con las autoridades, la mitad de esas muertes se deben al narcotráfico, que usa la isla como punto de tránsito de la droga que viene desde América del Sur.
Como demostración de los problemas de la fuerza, entre 2005 y 2010, 1.700 agentes policiales fueron arrestados acusados de delitos que van desde violación hasta asesinato, pasando por conexiones con el narcotráfico.
"Más oficiales del DPPR están involucrados en actividades criminales que en cualquier otro cuerpo policial del país" concluye el informe, que ofrece una lista de 133 correctivos para ser puestos en prácticas, algunos inmediatamente.
No sorprende
Contra los dominicanos
Según el reporte del Departamento de Justicia, una de las comunidades más maltratada por la policía, es el colectivo dominicano, el mayor grupo extranjero de la isla.
No hay datos exactos sobre el número de dominicanos que residen en Puerto Rico. Los estimativos van desde 68.000 registrados en el último censo hasta más de medio millón, de acuerdo a grupos de inmigrantes.
Muchos dominicanos viven en zonas pobres en las que se realizan operativos policiales que, como ilustra el informe del Departamento de Justicia, suelen violar los derechos civiles.
Esta no es la primera investigación a la que se enfrentan el Departamento de Policía de Puerto Rico, que con 17.000 miembros es la segunda fuerza de su tipo después de la Nueva York.
Ya en 2007, una auditoría externa solicitada por el propio cuerpo había llegado casi a las mismas conclusiones y recomendaciones que alcanzó ahora el gobierno federal.
"No entiendo cómo llegamos a este punto en el que tuvo que venir el gobierno federal a decirnos lo que ya sabíamos", dijo a BBC Mundo, Pedro Santiago, director de la sección de Amnistía Internacional (AI) en Puerto Rico.
Santiago explica que AI ha señalado varias veces la existencia de "una política institucional discriminatoria de la pobreza" y que ha sido difícil que los policías cambien su manera de comportarse e interactuar con la comunidad.
Sin embargo, Santiago apunta que el problema no estaría en los agentes de policía, a quienes define en su mayoría como "honestos y trabajadores".
"Es un problema sistémico sobre cómo funciona el DPPR y la falta de poder de la sociedad civil para exigir y hacerle seguimiento, porque hay pocas herramientas para forzar la rendición de cuentas".
Virtual intervención federal
Grupos de derechos civiles asegura que la policía "criminaliza" la pobreza.
El Departamento de Justicia hace 133 recomendaciones para remediar los problemas, pero algunos lo ven como una virtual intervención del cuerpo por parte de instancias federales, algo que sería difícil de realizar en otras partes del país.
El informe y la estrategia prometen ser un dolor de cabeza para el republicano Luís Fortuño, quien desde 2009 es el gobernador de la isla y por tanto el último responsable del Departamento.
Fortuño, quien en julio despidió al Comandante del cuerpo, recordó que los problemas son de vieja data y destacó su total compromiso con las autoridades federales para acabar con los problemas en el seno de la Policía.
Sin embargo, algunas acciones de la policía bajo el mando de Fortuño también están documentadas en el informe federal.
La gestión del republicano ha estado caracterizada por manifestaciones populares en protesta por planes de recortes de planes gubernamentales o despidos de funcionarios públicos, algunas de la cuales han terminado siendo disueltas por la policía
Los métodos usados son considerados por el Departamento de Justicia como "injustificadamente violentos" y "diseñados para suprimir el ejercicio de los derechos protegidos por la Primera Enmienda (de la Constitución estadounidense)".
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