Por JUAN T H
Los derechos ciudadanos están establecidos en todas las Constituciones del mundo desde 1787 en Estados Unidos. Incluso antes, en la de 1215 de Juan sin tierra, en Inglaterra.
La Republica dominicana no es una excepción. El capítulo primero habla de los derechos fundamentales. El artículo 37 se refiere al “Derecho a la vida”; el 38 a la “Dignidad humana”; el 39 al “Derecho a la igualdad”, y lo divide en cinco; el 40 se refiere al “Derecho a la libertad y seguridad personal”, con 17 numerales. El 41 prohíbe la esclavitud; el 42 consagra el “Derecho a la integridad personal. Sigue el “Derecho al libre desarrollo de la personalidad”, el “Derecho a la intimidad y el honor de las personas”, la “Libertad de conciencia y de cultos”, “Libertad de tránsito”; “Libertad de asociación”, de “reunión y de “expresión e información”.
Sin embargo, estos derechos ciudadanos no se cumplen. Al contrario, lo que dice la Carta Magna es letra muerta que las propias autoridades entierran en el cementerio del luto y de la sangre de los pobres del país.
Todos somos iguales ante la Constitución y las leyes, pero unos iguales son más iguales que otros, incluso ante Dios.
El presidente Joaquín Balaguer dijo que la Constitución era un pedazo de papel. Y como tal la trató siempre. El presidente Fernández, su alumno más aventajado, también trata la Constitución como “un pedazo de papel”. Unas veces como papel de inodoro, otras veces como papel de letrina, que no es lo mismo, pero es igual.
Los derechos de los ciudadanos sólo están en el papel. Papel de inodoro o de letrina, pero papel al fin.
Un ciudadano tiene derecho a la protesta, pero si lo hace lo meten preso, lo torturan en la cárcel y hasta lo matan. Y nada ocurre. Las libertades están determinadas por la coyuntura, no por la ley.
En este país un general, coronel, cabo, incluso raso, de la policía o de las Fuerzas Armadas apresa y mata a un ciudadano por cualquier tontería. Si antes la vida valía menos que un cigarrillo “Crema”, como dijera Juan Bosch, hoy la vida de un ser humano vale menos que un “Alcatel”.
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Cadáver de Antonio Cáceres (Tony), del sector Los Mangos
de Salcedo. Foto: El Nacional.
Lo que ha pasado en la provincia Hermanas Mirabal es un ejemplo de las tantas violaciones a los derechos ciudadanos. Un hombre fue muerto a tiros. La población reclama que se aclare el hecho. La respuesta fue el silencio. Cuando los ciudadanos se indignaron y protestaron con justa razón, el gobierno militarizó la provincia y estableció un estado de sitio matando, apresando y atropellando indiscriminadamente a la gente. La Policía, como dijera, Alí Primera, “siempre es eficiente cuando se trata de los pobres”. (No así con los delincuentes de cuello blanco, ni con los sicarios y narcotraficantes como Figueroa Agosto, Solano y Arturo del Tiempo. Ni contra los corruptos del gobierno. Ni contra los evasores de impuestos y contrabandistas. Pero se ensaña contra los infelices que reclaman un poco de pan)
Anna Eleanor Roosevelt, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (1946-1952), esposa del Presidente Franklin Delano Roosevelt, sostiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos, edición en español.
Cada vez que una comunidad organiza una protesta reclamando arreglos de calles, escuelas, hospitales, energía, agua potable, etc., el gobierno envía sus fusiles para que repriman y maten. Entonces, ¿dónde están los derechos de los hombres y mujeres del país? ¿En la Constitución de papel de letrina o en la de papel de inodoro de Leonel Fernández y sus lacayos?
Hasta que el pueblo no tome en sus manos las riendas de su destino, lo que ha pasado en Salcedo y otras localidades, seguirá siendo una constante. Y los derechos ciudadanos y humanos (de los pobres) seguirán siendo pisoteados.
Santo Domingo, R.D., viernes, 15 de junio de 2012.
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