Orlando Gómez Torres
En el 2008 otorgaron 90 días para el nombramiento del Consejo Directivo y el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, lo que efectivamente haría entrar en vigencia a la Ley General de Defensa a la Competencia. Hoy todavía estamos en espera. Esa ley sería el primer paso en lo que constituiría un verdadero y efectivo cambio al “modelo económico” que tantos reclaman y pocos desean realmente aplicar. A pesar de que para su ejecución todavía hay obstáculos, el potencial de la misma para reducir las prácticas anticompetitivas que afectan sistemáticamente nuestra economía, es significativo. Queda en manos de nuestro Presidente, quien afirma estar comprometido con el desarrollo de las Pymes y la creación de empleos de calidad, el poder de hacer esto una realidad.
En lenguaje simple, la economía de este país está torcida porque la mayoría de los mercados relevantes están dominados por un reducido y cerrado grupo de personas que, con demasiada frecuencia, abusan de su poder en el mercado o realizan acuerdos entre ellos para fijar precios o expulsar algún nuevo competidor.
Hagámoslo un poco más sencillo: es probable que usted, lector, esté devengando un sueldo poco digno para su trabajo porque no existen más ofertas de empleos para su puesto, esto es porque no existen más empresas en su sector, debido a que el grupo de empresas que lo componen fijan acuerdos para evitarlo.
Puedo intentar simplificar más; la calidad de lo que usted come desde el arroz hasta el salami es cuanto menos de pobre calidad o viene con “coliformes fecales” porque en gran medida el muy reducido grupo de gente que la produce y vende en el país se agencia favores estatales para evitar competencia del exterior y entre ellas abusan de posición en el mercado para aplastar cualquier viso de competencia a lo interno.
¿Por qué no un poco más? Usted padece y seguirá padeciendo apagones porque la generación de electricidad a gran escala está controlada por un puñado de empresarios que entorpecen la entrada de más competidores y por ende más generación, de menor costo, que aprovechan una renta garantizada por subsidios estatales, sin necesidad de invertir en mayor generación o calidad.
Con esto se pudiera seguir, pero el punto es bastante claro: sin competencia no van a existir Pymes exitosas; sin competencia no habrá salarios dignos; sin competencia no se van a generar más ingresos fiscales; sin competencia no hay desarrollo social; sin competencia ningún país puede aspirar a tener una economía funcional. Así lo logró Chile, así lo viene logrando Brasil, así hace mucho lo hicieron Japón y Taiwán, no es magia ni vudú económico. Presidente Medina, designe los miembros del Consejo Directivo y al Director Ejecutivo, tengamos Procompetencia y demos, por fin, el primer paso que la ley pretende dar.
Santo Domingo, R.D., miercoles, 29 de agosto de 2012.
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