EI 16 de agosto del 2012 eI presidente de la República,
Danilo Medina Sanchez, sometió al Congreso un proyecto de ley que plantea un
plan de Titulación Nacional, y crea una nueva entidad, la Oficina Nacional de
Registro Inmobiliario (ONARl). Con la creación de esta Oficina se deja fuera de
la jurisdicción inmobiliaria a la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales y
sus regionales, y la Dirección Nacional de Registro de Títulos y sus oficinas,
pasando estas a ser dependientes del Poder Ejecutivo, lo cual tendría
implicaciones muy delicadas para la seguridad jurídica del país.
Dicho proyecto no solo modifica radicalmente el actual
proceso de Registro inmobiliario en la República Dominicana, estableciendo
mecanismos para realizar saneamientos de todos los terrenos (terrenos que no
están registrados) de manera administrativa a favor del Estado Dominicano, lo
cual atenta contra el derecho adquirido de las personas que tienen inmuebles
sin registrar, sino que también vulnera el derecho de propiedad de los
inmuebles ya registrados, ya que el mismo no penaliza las invasiones, más grave
aún, fomenta el registro a favor de terceros (invasores) de las propiedades que
han sido invadidas.
EI mismo está expresado de tal manera que alguien que no
sea conocedor de la materia inmobiliaria, al leerlo le parezca una buena
estrategia para resolver los problemas de tierras a nivel nacional, pero en
realidad hace todo lo opuesto a esto, es decir, traería más problemas que los
que hay actualmente. Se contradice en el Art. 5. Cap. 1. sobre las
características y valores que guían la implementación del mismo: Prontitud,
bajo impacto económico, Individualidad, Concluyente, Sostenibilidad y Seguridad
Jurídica, cuando la esencia del mismo no cumple con ninguno de estos valores.
Prontitud. Lo expresa al proponer realizar de manera
administrativa los procesos de deslinde y saneamiento, lo cual se opone a
mantener la seguridad jurídica nacional.
Bajo impacto económico. Va de la mano con la prontitud,
de no ser posible cumplir con estos procesos de manera administrativa, es
imposible que los costos disminuyan, a menos que sean subsidiados.
Individualidad. Se refiere a que los propietarios puedan
iniciar los trámites de registro sin depender del Estado. Esto está de más, ya
que en la actualidad estos procesos se pueden realizar sin depender del Estado.
Concluyente. Expresa que los nuevos procedimientos deben
terminar con un título definitivo, lo que también está de más, porque
actualmente los procedimientos presentados ante la jurisdicción inmobiliaria
culminan con un título definitivo.
Sostenibilidad. Se refiere a que los nuevos procesos de
titulación definitiva no podrán afectar áreas identificadas como riego
medioambiental (Áreas protegidas). Esto también está vigente en la presente
ley, por lo que está de más mencionarlo en este proyecto.
Seguridad Jurídica. AI realizar saneamientos de manera
administrativa, y fomentar el registro a favor de los invasores, se expresa
todo, excepto seguridad jurídica.
Es una buena salida para los propietarios que tienen
terrenos invadidos, que quieran vender a los invasores, pero los que no quieran
vender a los invasores, o sea, quienes quieran conservar un inmueble que le ha
sido invadido, estarán sin ningún mecanismo de defensa “legal” para resolver su
situación, dejando como única solución la fuerza bruta (violencia).
Cabe destacar que la aprobación de dicho proyecto traería
consigo una gran cantidad de trabajos para los agrimensores, no siendo lo mismo
para los abogados, ya que al eliminar las etapas judiciales de los deslindes y
saneamientos, estos no tendrían mucha partida en los trabajos inmobiliarios.
Esta aclaración se hace para que no sea mal interpretada la preocupación de los
agrimensores, los cuales manejan bien los términos presentados en el proyecto,
y actúan en calidad de propietarios.
EI presidente ha declarado este proyecto como Prioridad
Nacional, por lo que será aprobado en poco tiempo si no se dan a conocer las
consecuencias que traería la aprobación del mismo, ya que quienes aprueban las
leyes no tienen amplio conocimiento de la materia.
Lo que debe ser prioridad nacional es que se dé a conocer
el proyecto al pueblo, que se haga público y que se exprese en lenguaje llano,
que se incluyan las partes afectadas (todos los propietarios de terrenos),
antes de ser aprobado.
Santo Domingo, R.D., sábado, 08 de septiembre de 2012.
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