Pedro P. Yermenos Forastieri
Es una pena que el actual gobierno reincida en la práctica engañosa de crear un artificial escenario que procura un supuesto consenso, y al final de la artimaña, en actitud de desprecio hacia sus interlocutores, imponer sus designios en base a la utilización de mayorías mecánicas.
Fue lo que se hizo en el pasado reciente con la elección de las altas cortes, de la JCE y la Cámara de Cuentas, en la cual se preparó un montaje cuya apariencia democrática motivó a distinguidos profesionales a insertarse en el proceso a partir de la creencia de que se escogería a quienes tuvieran mejor desempeño y, por el contrario, todo concluyó en acuerdos de repartos o señalizaciones interesadas que sirvieron para garantizar predominios indispensables.
En la actualidad, el turno correspondió a la mal llamada reforma fiscal, la cual, desde la campaña electoral fue promovida por quien resultó ganador del certamen como un impostergable pacto fiscal y, una vez más, ante el carácter generalizado del rechazo concitado, va a ser impuesta a través de los mismos y nada democráticos procedimientos que se traducen en un poder legislativo que ha abdicado de su función esencial que es la de servir de contrapeso ante posibles intentos de un ejercicio autoritario del poder por parte del ejecutivo.
Desde el instante en que el Consejo Económico y Social no resultó un espacio manejable en la medida de los intereses gubernamentales, se optó por el camino de la utilización de los estamentos constitucionales que se controlan para alcanzar el objetivo del incremento de los ingresos que se persigue. Es cierto que el organismo no tiene facultad deliberativa, pero tampoco es racional manipularlo como si se tratara de un inútil oidor de decisiones preconcebidas e inmutables.
Quizás se trate de un error de cálculo de quienes han trazado semejante estrategia y los resultados no sean los esperados. Estoy convencido de que más que rechazar una necesaria reforma integral, lo que genera repulsa es el contexto en el cual se intenta imponer, es decir, sin hacerse la obligatoria reingeniería del gasto, sin agotarse otras posibilidades y, lo más importante, sin establecer un sistema de responsabilidad ante los causantes de que llegáramos a este desastre.
En tales circunstancias, esta nueva imposición podría ser la chispa que no precisa una pradera en la cual se han venido creando condiciones para hacerla estallar en llamas en el momento menos sospechado. Así, perderíamos más.
Santo Domingo, R.D., viernes, 26 de octubre de 2012.
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