Colorín colorado, en enero, el cuento de Agosto, está acabado

Ivonne Ferreras

El cuasi evidente compromiso de muy altos funcionarios del gobierno de Leonel Fernández, --civiles y militares, en el caso Figueroa Agosto y sus derivaciones, y bajo la lógica de la experiencia registrada a lo largo del ejercicio gubernamental peledeísta, todo parece indicar que, a la brevedad posible, existe la determinación de sepultar el tema en la conciencia colectiva y ponerlo fuera del poder mediático.
El tratamiento que dispensan las autoridades al seguimiento del caso, el más sonado relacionado con el narcotráfico, así lo confirma. Asimismo, se ratifica también, la evidente experiencia acumulada por los peledeístas en el manejo publicitario de las cuestiones referidas al poder.
Su estrategia le ha dado resultado y, frente a un caso irresuelto, cuando de salvar su “imagen pública” se trata, generan otro, en tanto estén imposibilitados de montarse en los aspectos de su conveniencia, y de ese modo, concentrar la atención nacional, construyendo expectativas en la percepción que modulen la conciencia colectiva sobre los problemas del momento.
Los casos son incontables, sin embargo, un ligero ejercicio de memoria, conduce a meditar el tratamiento dado en su momento a casos tales como la SunLand, Petrocaribe, las grandes acusaciones de corrupción, la Cementera de los Haitíses, la criminalidad policial, la reforma constitucional, la payasada cometida con el “secuestro” de Eduardo Baldera Gómez, en Nagua, el asesinato en la línea noroeste y el aún enmarañado caso de la matanza de Paya.

Ahora, y desde hace cuatro meses, el país se encuentra frente al irresuelto caso de José Figueroa Agosto y los evidentes vínculos del poder con el narcotráfico.
La actuación oficial en este sentido tiene todo un comportamiento lógico, fundamentado en la centralización de la información manejada desde el Palacio Nacional, con la creación de una agencia central de información del gobierno, así como la ausencia de los responsables directos en cada caso, durante la primera fase de los hechos, o en ningún momento.
Es bien sabido que para desviar la atención de las cuestiones centrales y neurálgicas en cada escándalo que afecte la “imagen” del gobierno, utilizan figuras nacionales que tienen muy bien delimitadas sus funciones, y si no, que alguien explique el inoportuno anuncio de Franklin Almeyda de reducir los horarios para la venta de bebidas alcohólicas.
Y que decir de las últimas intervenciones de Vincho Castillo, y de Monseñor Agripino Núñez Collado, entre otros, sin olvidar el rumor puesto a circular la semana pasada, referido a “una supuesta caída” del acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ese rumor salió del Palacio Nacional y atribuía a Temístocles Montás, secretario de Economía y Planificación, haber dicho que “desconoce el asunto, pero que averiguaría...”
Por supuesto que, por más tonto que supongan los magos del gobierno a la población en sentido general, es claro que esa conclusión solo puede mover a risa, porque, quién más que ese funcionario para conocer si el acuerdo se mantiene o no.
El asunto no para ahí. Existe, además, el seguimiento de una matriz de opinión bajo códigos pre establecidos que difunde una “red de periodistas y comunicadores”, bajo la lógica central de que la realidad no es tal, sino más bien la percepción que se tiene de ella.
Repetir la información maliciosa desde diversos enfoques, orientándola a reforzar los mismos códigos pre establecido e insistir en la misma mentira que colocan como verdad, a través de figuras que la hagan parecer cierta, es ya una constante.
Es decir, es un recurso de la administración Fernández de construir fábulas e historias que pueden ser convertidas en noticias que se desplazan en los rieles del morbo o en las tradiciones y variables de la cultura de masa, para sustituir o relegar los fenómenos reales que impactan como noticia la conciencia colectiva.
En ese juego, condicionan la respuesta de la oposición política, restan legitimidad a la opinión social adversa, y colocan las figuras centrales del gobierno, y muy especialmente la del presidente Leonel Fernández, por encima del bien y del mal.
Para ello, con la utilización del poder económico del Estado, condicionan desde la publicidad a los dueños del poder mediático, bajo la máxima de que “el que compra manda”. Así, el pago directo de programas especiales, y el condicionamiento mediante el soborno, el chantaje y la compra directa en los medios de comunicación, les garantiza la uniformidad de la información, las noticias y la opinión, que de alguna manera contribuye a lavar la mente del dominicano de a pie, -lógico, hay sus excepciones.
Para ese andamiaje cuentan con el mayor presupuesto que se haya manejado jamás desde el gobierno central en materia de publicidad oficial, y que se remonta a miles de millones de pesos al año. Y así… colorín colorado, el cuento de Figueroa Agosto, está acabado. (i_ferreras@hotmail.com)