Javier Cabreja, Sami Chami Isa y Francisco Álvarez, directivos de Participación Ciudadana.
SANTO DOMINGO (Republica Dominicana).- El movimiento cívico Participación Ciudadana reveló hoy en rueda de prensa que tiene información de que altos oficiales de los cuerpos armados se reúnen con perseguidos por la Justicia por narcotráfico y les filtran información o les venden expedientes.
Si bien no indica su fuente, PC inscribe esta supuesta complicidad entre oficiales y narcotraficantes en una lista de eventos que la conducen a afirmar que la ciudadanía tiene la percepción de está viviendo bajo un narcoestado.
Samir Chami Isa, coordinador de la entidad, recalcó al leer un documento sobre el tema, que el negocio de la droga ha alcanzado en el país un auge tal, que ha penetrado a las instituciones responsables de su persecución.
El panorama se ensombrece aún más con la implicación con el narcotráfico de oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), por la participación en atracos y otros hechos delictivos de policías y de militares; intercambios de disparos en los cuales no se sabe quiénes son los criminales, y militares convertidos en millonarios que no pueden justificar su nivel de vida.
“Los niveles a los que ha llegado el narcotráfico en el país han sido revelados y reconocidos por las mismas autoridades”, dice la PC.
Las constataciones aludidas lastran la confianza ciudadana en la capacidad de los órganos del Estado para eliminar o al menos controlar la progresión del crimen organizado, aun cuando en los últimos meses se les ha asestado algunos golpes. Subraya que, sin embargo, hasta ahora no ha caído ninguno de los grandes capos ni de sus cómplices en las estructuras de poder.
Frente a la envergadura del problema, PC sugiere al Gobierno aplicar un verdadero plan de acción que disponga de recursos suficientes, en lugar de limitarse a acciones de propaganda o a batidas policiales “desesperadas e irresponsables”.
La entidad también se quejó por la puesta en libertad por el juez suplente René Rosario, del Tercer Juzgado de la Instrucción de la provincia de Santo Domingo, de un grupo de individuos acusados de sicarios, e instó a la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República investigar a todos los que intervinieron en el caso para que expliquen dónde estuvieron los fallos procesales que posibilitaron la liberación de los encartados.
(En una entrevista concedida a Diario Libre y publicada en la edición de este miércoles, Rosario afirma que el expediente contra el grupo de supuestos sicarios “fue elaborado por la Policía Nacional en base a interrogatorios y a supuestas declaraciones de los imputados que éstos niegan, sin presentar los elementos y pruebas necesarios”
Agrega más adelante que los acusados fueron interrogados sin la presencia de un abogado “y sin levantar un acta que fuera firmada por sus abogados dando fe y testimonio de la credulidad del expediente.”)
Los liberados están acusados de asesinar a doce personas, cinco de cuyos cadáveres fueron abandonados en matorrales el en kilómetro 29 de la autopista Duarte.
El grupo acusado de ser sicarios está integrado por Miguel Alfonseca Soto, Felipe Guarocuya Hernández, Rafael Pimentel Beltré, Enger Mejía Mañón, Víctor Manuel Fernández, Daniel de los Santos, Deivi Martínez Moreta y Carlos Miguel Zabala. Descorides de la Rosa Tejeda
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