José Antonio Torres
En el año 2002, los ministros de Educación de América Latina y el Caribe se reunieron en La Habana y aprobaron un proyecto regional, cuya meta fue promover objetivos para lograr una educación básica de calidad en la región.
Estos compromisos, auspiciados por la Unesco, fueron refrendados por República Dominicana, país que desde 1997, o sea cinco años antes, había aprobado una ley para fijar un mínimo de 16% del Presupuesto o el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación pública.
En el período 2000-2004, el gobierno del PRD no cumplió con ese compromiso de Ley, y hubo opositores que lo justificaron en el entendido de que quien dirigía era un hombre con formación agrícola, que no conocía de autopista de la información, de tecnología de puntas, brecha digital u otros términos modernos.
Pero no así el presidente Leonel Fernández, un hombre que ejerció más tiempo el magisterio que la profesión de abogado. Un mandatario que usa el término “profesor” para referirse a sus más cercanos colaboradores, que dio a conocer en el país el lenguaje informático.
En él estaba la esperanza de los dos millones de niños y adolescentes que van a las aulas del sector público; así como de otro millón que vaga por las calles a la espera de algún tipo de instrucción técnica para convertirse en ente productivo y ayudar al desarrollo del país.
El profesor Leonel Fernández, presidente de la República.
El Presidente habló, y sostuvo que el problema de la educación no es sólo dinero, y que el 4% del PIB, como establece la Ley, no resuelve el problema de la calidad de la educación.
Costa Rica, Nicaragua, Venezuela, Colombia y Cuba destinan entre el 6 y 9% de su PIB para educación, y si el dinero no es importante, comparemos resultados.
Costa Rica eliminó el analfabetismo, exporta 17 veces más que RD. Colombia y Venezuela tienen una balanza comercial favorable y el nivel de instrucción de los jóvenes de Nicaragua y Cuba es superior al nuestro.
Con menos del 2% del PIB para Educación, estamos entre los países con más baja inversión en ese sector y con menos de los 7,9 años de escolaridad de la región.
Santo Domingo, R.D., martes, 30 de noviembre de 2010
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