Orlando Gómez Torres
Muchas personas, cuando les conviene, se aferran al “dura lex sed lex” para imponer posturas irracionales contenidas en leyes que se despacharon desde el Congreso sin criterio de racionalidad. Y es bajo la insignia de “la ley es dura, pero es la ley” que centenares de organizaciones han incoado un recurso de amparo por el 4% a la educación.
Pero, ¿y si nos atrevemos a cuestionar la supremacía de las leyes sobre el ordenamiento social? Sería tan descabellado decir que porque sea la ley no significa que haya que cumplirla? Qué ocurre cuando es más beneficioso para el Estado y la sociedad quebrar una ley, que cumplirla?
Ciertamente es abrir una caja de Pandora, pero los ejemplos nos sobran en nuestra historia: El acto mismo de la Independencia, la Restauración, el ajusticiamiento de Trujillo, el pacto por el rescate de la democracia del 1994, y el salvataje bancario del 2003, todos en su raíz fueron actos ilegales, pero que bajo el criterio de racionalidad y de necesidad colectiva quedan legitimados por encima de cualquier postura legislativa previa. Las leyes no están para ahogar al país y al Estado con ellas, el carácter de inviolabilidad de estas siempre estará sujeto al bien común.
Una ley que ordene a una parte de la población a suicidarse está para ser quebrada, de igual forma una ley que ordene al Estado destruir la economía del país o promover disturbios sociales también estará para ser quebrada.
La ley de Educación y el agitado 4% implican destinar 31% del ingreso fiscal o 21.79% del total del Presupuesto a una partida que ni siquiera tiene un plan en que gastar ese dinero, y que para cumplir, el Estado tendría que asumir mayores compromisos de deuda, aumentar impuestos, y reducir el gasto en muchas áreas sensibles.
El Tribunal Superior Administrativo que conocerá el amparo haría bien en cuestionar la racionalidad de cualquier disposición legal que a priori condicione las prioridades presupuestarias del Estado, recordando al Congreso su poder para valorar año por año las condiciones económicas y sociales del país y forjar un Presupuesto adecuado para enfrentarlo.
En cierta medida, resulta evidente que en el debate de educación se le ha perdido cierto respeto al valor del dinero y la dificultad de obtenerlo, y por eso se ha centrado más en el susodicho porcentaje y no en una meta a mediano plazo que lleve a una inversión considerable pero por sobretodo sostenible. Ya había explicado como en 10 años el 4% representaba $1 billón (eso es un uno con doce ceros) de pesos, pero me atrevo a hacer otro ejercicio.
Para el 2011 se lograría el 4% bajando todas las partidas presupuestarias (incluyendo salud) en un 5%, aumentando el ITBIS de 16% a 18%, incrementando la deuda adquirida del año en un 10%, aumentando otros impuestos a razón de entre 10% y 15%, y de paso rompiendo otras 26 leyes de porcentajes en el presupuesto. Eso es un plan semi razonable (e ilegal según el criterio de algunos) que, sin embargo, implica en su ejecución un riesgo innecesario sobre nuestro rating crediticio y el dinamismo de nuestra economía. Los del 4% ¿qué ofrecen?
Santo Domingo, R.D., miercoles, 01 de diciembre de 2010
http://www.elnacional.com.do/opiniones/2010/12/1/68098/Las-leyes-irracionales-se-rompen
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