Vinicio A. Castillo Semán
Hace año y medio que el Presidente Leonel Fernández y el Ing. Miguel Vargas Maldonado suscribieron ante el país un acuerdo político que le permitiera a la nación estrenar una nueva Constitución el 26 de enero del año 2010, lo que trajo consigo vientos de cambios institucionales importantes para la República Dominicana, entre los más importantes la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos al través de la creación de un Tribunal Constitucional fuerte y robusto, en capacidad de controlar los actos de los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial.
Lamentablemente, producto de la rebeldía enarbolada por la cabeza del poder judicial, Dr. Jorge Subero Isa, contra la existencia del Tribunal Constitucional y la capacidad de éste de examinar las sentencias de la Suprema Corte de Justicia en materia constitucional, el Senado de la República cometió el craso error de pretender suprimir por ley adjetiva lo que ya había sido ordenado por la Constitución, en cuanto a la atribución de contrapesar a los tres poderes del Estado y no a solo dos, como se ha pretendido.
Lo que ha ocurrido después de aquella triste tarde, víspera de navidad del 2010, en que el Senado de la República erró modificando el proyecto de ley original enviado por el Presidente a ese hemiciclo (no sin antes tener la aprobación del mismo Presidente, mal asesorado por el Dr. Rafael Alburquerque y el Dr. César Pina Toribio), se puede resumir en la existencia de un consenso cuasi total de la sociedad y de la comunidad jurídica de la República Dominicana, en el sentido de que hay que respetar la Constitución de la República, tanto en lo atinente a la debatida atribución de controlar las sentencias de la Suprema Corte en materia constitucional, como a la edad límite de los 75 años requerida como condición para acceder a conformar el Tribunal Constitucional, al igual que la Suprema Corte de Justicia.
Es un hecho indiscutible que no vamos a tener aprobadas ninguna de las dos leyes orgánicas, ni la del Tribunal Constitucional, ni la del Consejo Nacional de la Magistratura (recién aprobada en el Senado de la República), sin un acuerdo entre las bancadas del PLD y el PRD en la Cámara de Diputados y por lo tanto, no podrán válidamente ni reunirse el Consejo Nacional de la Magistratura, ni conformar el nuevo Tribunal Constitucional, ni la nueva Suprema Corte de Justicia, pese a que hay voces que le están aconsejando al Presidente de la República trillar lo que sin duda sería un camino de truculencia constitucional, como sería una convocatoria a tales fines sin la aprobación de dichas leyes orgánicas.
Estoy absolutamente seguro de que si se escoge ese camino, vamos directamente a una crisis de grandes proporciones y al aniquilamiento de toda la credibilidad en la conformación de esos supremos órganos estatales, como son el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura y la Suprema Corte de Justicia, lo que dañaría y empañaría el logro histórico fundamental de Leonel Fernández como padre propulsor de grandes cambios institucionales en la República Dominicana, al través de la Constitución de la República en la que tanto esfuerzo y esmero ha empleado.
El camino es la concertación, el pacto político en la Cámara de Diputados respetando los preceptos de la nueva Constitución. La única vía institucionalmente correcta es volver al proyecto original enviado por el Presidente de la República al Senado, mejorando en lo posible, con la asesoría de la magnífica comisión designada a raíz del cónclave de Funglode, la Ley de Procedimiento Constitucional.
Si el Presidente Fernández y el Ing. Miguel Vargas Maldonado, líderes de sus respectivos partidos PLD-PRD, se pusieron de acuerdo para hacer posible la actual Constitución de la República, porqué hoy, poniendo de lado momentáneamente las diferencias políticas no pueden propiciar un entendimiento en la Cámara de Diputados que permita la aprobación de las vitales leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Consejo Nacional de la Magistratura, dando paso a un proceso transparente con la participación de la sociedad y de todos los sectores en la conformación del Tribunal Constitucional y de la nueva Suprema Corte de Justicia.
Como amigo y aliado del Presidente Fernández, creo que éste tiene una oportunidad de oro en su carrera política para coronar con gloria su esfuerzo de cambios institucionales, inaugurando una nueva era en el poder judicial y en el significado de respeto a la Constitución de la República, que él ha prohijado.
Confío en su buen juicio histórico y que sabrá, con la prudencia que le caracteriza, desechar los truculentos consejos que se le están ofreciendo en la actualidad con respecto a estos delicados temas institucionales.
Santo Domingo, R.D., lunes, 07 de febrero de 2011.
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