Julio Cury
En su más reciente Carta Pastoral, la Conferencia del Episcopado señaló que funcionarios públicos “exigen prebendas para proyectos de inversión”.
En la del 2009, habían igualmente alertado sobre los altos índices de corrupción gubernamental, denunciando el “quebranto progresivo de los valores morales y espirituales que hace que los ciudadanos adquieran una cultura fundamentada en la codicia, la obtención de poder, el desenfreno sexual y el egoísmo”.
Aunque en aquella otra oportunidad la Iglesia Católica puso al desnudo a más de un funcionario, el presidente apostó al olvido.
La estrategia falló, pues los obispos no solo reiteraron este año sus críticas, sino que también les subieron el tono, obligando al jefe de Estado a salirles al frente. Durante su rendición de cuentas expresó que “Se podrá alegar… que se requiere someter a la justicia a aquellos funcionarios que presuntamente incurren en actos dolosos. Mi respuesta sobre ese particular en sencilla: que actúe el Ministerio Público; que lo haga con plena independencia y libertad. Que cada quien sea responsable de sus propios actos”. Lo que sucede es que la investigación de los delitos de acción pública y persecución penal no siempre obedece entre nosotros a criterios de objetividad.
Por ser los titulares del Ministerio Público nombrados por el presidente, no disponen de autonomía para ejercer libremente sus funciones, y esa subordinación traduce en una quimera la exhortación que les hizo el mandatario, distinto a lo que hubiese sido en muchos otros países latinoamericanos, como en El Salvador, donde es designado por la Asamblea de Diputados.
Esa es la diferencia, y estoy más que convencido que no falta mucho tiempo para que la emancipación del Ministerio Público sea tema de reforma constitucional.
Santo Domingo, R.D., miércoles, 16 de marzo de 2011.
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