EDUARDO JORGE PRATS
Imperceptible, paulatina pero progresivamente los jueces han ido transformando al Poder Judicial dominicano. A simple vista, parecería que este proceso de reforma impulsado desde dentro del sistema judicial se remonta tan solo a la reforma judicial que inicia con la designación de la nueva Suprema Corte de Justicia (SCJ) en 1997.
Pero en realidad se trata de un proceso cuya semilla fue sembrada en las luchas gremiales de los jueces en los años 90 del siglo pasado, en una época donde Néstor Contín Aybar, a pesar de la debilidad institucional del Poder Judicial, supo dialogar, en un ambiente de pares inter pares, con los jóvenes jueces de ese entonces, que proclamaban la necesidad de modernizar la judicatura y mejorar las condiciones del personal judicial.
De ese proceso dialéctico surgen gran parte de los mejores hombres y mujeres de nuestra judicatura. Jueces como José Alberto Cruceta, Miriam Germán, Domingo Gil, Claudio Aníbal Medrano, Francisco Antonio Jerez Mena, Nancy Salcedo, Olga Herrera Carbuccia, Norma Bautista y Arelys Ricourt, por solo citar algunos, son los primeros que asumen la impostergable necesidad de la reforma judicial y son ellos los que pasan a apoyar desde dentro el esfuerzo de reforma judicial desde arriba iniciado por la SCJ. Proceso que tiene un momento importante en la creación de la Escuela Nacional de la Judicatura, de cuyas aulas han emergido, en formación inicial o permanente, los más de 500 jueces que hoy conforman la judicatura nacional, jueces que son designados a partir de 1997 y que incluyen, entre otros, gente del talento y solvencia moral de Manuel Herrera Carbuccia, Julio César Canó Alfau, Sara Henríquez, Yadira de Moya, Juan Ml. Guerrero, Pedro Balbuena, Manuel Alexis Read, Esther Agelán Casasnovas, Hirohito Reyes, Rafael Vásquez Goico, Juan Alfredo Biaggi Lama, Edynson Alarcón, Samuel Arias Arzeno, Justiano Montero y Hermógenes Acosta. Todo ello desemboca en el Poder Judicial mejor capacitado y más eficiente de la historia dominicana, un Poder, sin embargo, afectado por la falta de democracia interna, que solo comienza a ser subsanada con la creación por el constituyente de 2010 del Consejo del Poder Judicial (CPJ) y la emergencia de las indispensables asociaciones de jueces.
Son esos jueces los que asumen la tarea no solo de crear un Poder Judicial internamente más democrático, sino, sobre todo, un Poder casado con reformas legales tan importantes como la reforma procesal penal, que desterró el sistema inquisitorio, transformó la instrucción preparatoria, constitucionalizó el proceso penal, empoderó al fiscal, lanzó a la defensa pública como actor del sistema y tomó en serio los derechos fundamentales de imputados y víctimas. Son precisamente esos jueces los que impulsan la consolidación de la jurisdicción contencioso-administrativa y, bajo la sombrilla de la Ley 13-07 y de la ley de amparo, promueven la tutela provisional y definitiva de los derechos de los administrados.
La Constitución de 2010 es la oportunidad esperada por esta generación de jueces para impulsar la segunda ola de cambios al interior del Poder Judicial. Estos cambios implican la necesidad de crear una Sala Administrativa al interior de SCJ, que lleve de 16 a 21 jueces el cuerpo de jueces supremos, y que encabece el fortalecimiento de una jurisdicción contencioso administrativa que deberá contar con jurisdicciones de primer grado y nuevas instalaciones para el Tribunal Superior Administrativo, que podría ser una gran corte de apelación administrativa. Los poderes públicos deben aumentar el apoyo presupuestario al Poder Judicial a cambio de una mayor transparencia y eficacia en la gestión de los recursos, ahora a cargo del CPJ, y evitando tratos discriminatorios como los que se han denunciado recientemente al interior de la SCJ. El control disciplinario por parte del CPJ debe ser fortalecido para evitar la corrupción judicial, que ha aumentado paradójicamente en algunos estratos superiores de la judicatura, impermeables a los nuevos valores sostenidos y defendidos por la mayoría de nuestros esforzados jueces. El 75% que la Constitución reserva a los jueces de carrera en la matrícula de la SCJ será un freno a la politización de nuestra corte de casación y un verdadero estímulo a la judicatura, porque el efecto dominó implica la apertura de nuevos puestos judiciales en todo el territorio nacional. Santo Domingo, R.D., viernes, 22 de julio de 2011.
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