Luis R. Decamps R.
Es una pena, una verdadera pena que, por razones políticas o económicas, casi toda la sociedad dominicana haya dado consentimiento (en parte ocultando la cabeza, como el avestruz, o simplemente resignándose por los “hechos consumados”) ante el extravagante proceso de concentración de poder (específicamente en manos del doctor Leonel Fernández) que se ha estado produciendo en el país en los últimos ocho años.
En efecto, salvo honrosas excepciones, los dominicanos han reaccionado frente a la referida concentración de poder como si ignoraran sus dramáticos alcances antidemocráticos, y muchos, inclusive, lamentablemente han terminado haciendo coro con los voceros a sueldo del oficialismo u optando por asumir una postura de indiferencia ante semejantes desmanes contra la institucionalidad.
Como se ha sugerido, el proceso de marras comenzó en el año 2007, cuando el actual presidente de la República, acaso aleccionado por la “rebelión” interna que encabezó el licenciado Danilo Medina y preocupado por las amenazas que se vertieron en su contra “soto voce”, pareció decidirse a poner en marcha una estrategia de control político e institucional que lo “blindara” de cara a las eventuales contingencias del porvenir inmediato.
La “piedra basal” de esa estrategia consistió en disminuir y arrinconar al danilismo dentro del PLD, y con ello dejar meridianamente establecido ante todos que el doctor Fernández (que empezó a ser llamado “Príncipe” por alabarderos y lambiscones de toda laya) era el indiscutible líder de la organización y, por añadidura, el único de sus dirigentes que podía garantizar su permanencia en el poder.
Aunque la coyuntura electoral del año 2008 en principio estaba plagada de incertidumbres para el PLD, el doctor Fernández logró consumar sus designios reeleccionistas (sobre todo porque el PRD aún no se recuperaba de los efectos políticos demoledores de la crisis financiera de 2003) con base en el uso inmoral e indiscriminado de los recursos del Estado (hasta el punto de que “desguañangó” las finanzas públicas) y en una agitación embustera de los fantasmas del pasado que en buena medida caló en la conciencia colectiva.
La victoria electoral de 2008 confirmó al doctor Fernández y sus seguidores (una cuarta parte del PLD y los restantes reclutados del agonizante PRSC) que en la política dominicana (dado su creciente pancismo) aún resultaba de gran utilidad el viejo “librito” de Balaguer: reunir fondos a través de las fabulosas comisiones generadas por las “mega obras” (y ahora también por los préstamos internacionales), usar el dinero del Presupuesto Nacional para dar “ayudas” en nombre del gobernante y sus adláteres, sostener económicamente a dirigentes y militantes a través de la nómina del Estado, y mantener un discurso público (perifoneado por medios y comunicadores amamantados con recursos del erario) de “institucionalidad”, “eficiencia”, “progreso”, “modernidad” y “pulcritud”.
(Por supuesto, dado que el repetido discurso no sólo chocaba con la realidad sino que también era constantemente desmentido por organismos supranacionales a los que no había alcanzado la increíble capacidad de soborno del peledeísmo gobernante, el formidable aparataje clientelista y desinformador fue robustecido con una cada vez más activa presencia del doctor Fernández en las actividades nacionales de la Funglode y en los foros internacionales).
Las elecciones congresuales y municipales de 2010, en las que la oposición (léase: la dirección perredeísta) fue víctima no sólo del uso apabullante de los recursos del Estado sino también de su falta de inteligencia (patente en actitudes y tratos onerosísimos con el gobierno) y de la ambición desmedida de sus integrantes (que se adjudicaron la mayoría de las candidaturas sin parar mientes en la opinión popular respaldando previamente su validación constitucional por seis años), constituyeron un eslabón decisivo en el proceso de marras: le permitieron al doctor Fernández asumir a plenitud el control del Poder Legislativo, virtualmente convirtiéndolo en un “sello gomígrafo” del Palacio Nacional..
Finalmente, en los últimos días del año pasado, apoyado en su indiscutible jefatura ejecutiva y en su granítica mayoría congresual (y, por supuesto, contando con la división de la oposición y la complacencia de unos poderes fácticos a los que se les garantizó “lo suyo”), el doctor Fernández logró que se eligieran incumbentes del Poder Judicial (y de las jurisdicciones electoral y de control constitucional) serviles o simplemente no ingratos a sus causas personales y políticas.
Si a ese panorama le agregamos que el doctor Fernández es desde hace algún tiempo “dueño y señor” de la Cámara de Cuentas (el órgano de contraloría y fiscalización externas del uso de los recursos públicos), de la parte inamovible del Ministerio Público (por medio del Estatuto correspondiente) y de buena parte de la empleomanía estatal del mañana inmediato (a través de la Ley de Carrera Civil y Servicio Administrativo), entonces se comprenderán las verdaderas dimensiones de su poder actual: más que “Príncipe”, es un verdadero “monarca sin corona (con las debidas disculpas al potentado peledeleísta por el saqueo al título de su libro).
La verdad es, pues, que con la reciente selección de una estructura cupular de los máximos tribunales estatales en la que el doctor Fernández tiene más que un control nominal (mayoría absoluta, calculada órgano por órgano y hombre por hombre), se completa el proceso de acumulación personal de poder que aquel (usando como instrumento a un PLD cada vez más conservador, pragmático, corrupto y antidemocrático) comenzó en el año 2007, y al margen de cualquier consideración sobre su final de película (tramoya, dirección, protagonistas y extras incluidos), con ella se ha inaugurado una nueva y peligrosa etapa política en la República Dominicana: la de los gobiernos mediatizados o “amarrados”.
Como parece que mucha gente olvidó que fue el doctor Fernández (si bien desfalcando intelectualmente a John Stuart Mill) quien afirmó, evaluando críticamente las consecuencias institucionales de la apabullante victoria electoral del PRD en las elecciones congresuales y municipales de 2002, que en la República Dominicana existía una “dictadura de la mayoría” y que eso era “potencialmente letal para el sistema democrático”, acaso no resulte ocioso recordarlo en estos momentos.
Ojalá y se comprenda a tiempo lo que la actual concentración de poderes podría eventualmente significar para la democracia y para los dominicanos (incluyendo a peledeístas y perredeísta): si no se adoptan las providencias de rigor, el próximo gobierno podría pasar “las de Caín” en el ejercicio de sus atribuciones y funciones constitucionales, casi todas previsiblemente limitables por los efectos legales y prácticos de ese desproporcionado control político que hoy atesora el doctor Fernández. En otras palabras: podríamos vivir en la “era” de Leonel sin Leonel.
Que Dios nos encuentre confesados.
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