Susi Pola
El 18 de noviembre, el mundo se derrumbó para Altagracia Morales, madre de hija única, cuando regresando del trabajo, la vecina le preguntó si la niña está embarazada. Para ella, madre y padre, la posibilidad no existía, teniendo en cuenta la discapacidad mental y física de la niña de 14 años, cuidada solidariamente por el vecindario mientras ella labora como empleada de limpieza. Ante el silencio de la niña, Altagracia la lleva al Hospital IDSS de Santiago, donde las pruebas salen positivas al embarazo, de cuatro meses. Entonces, la niña relata en su inocencia que mientras se encontraba en la casa de una vecina, no recuerda la fecha, el violador, señalado por ella como Rosario Parra (a) el Gallero y/o el Hombrecito, de 38 años, la llevó a su casa, la encerró, la acostó en la cama y la violó –en un marco de violencias- dándole 25 pesos al terminar el acto sexual forzado para que se calle.
El INACIF, certificó los hechos y el Ministerio Público de Santiago los calificó jurídicamente como Violencia Agravada Basada en el Género y Violación Sexual a una menor de edad. El imputado arrestado, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, Adscrita al Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago, con el juez Henry Domínguez de turno, analizando los hechos, los medios de prueba recolectados, las conclusiones del Ministerio Público y de la defensa técnica, pudo comprobar que había pruebas suficientes que relacionaban a Rosario Parra como posible autor, sin embargo, como él ofreció elementos de arraigo que “garantizan” ausencia de peligro de fuga y como hay que esperar para probar la paternidad hasta el nacimiento, la imposición fue: presentación el viernes último de mes a la Unidad de Atención a Violencia de Género, Orden de Protección a favor de la víctima y garantía económica de cien mil pesos, negociada desde una aseguradora a poco dinero. ¡Es cuanto!
Ninguna alusión a las discapacidades de la niña, a su minoridad. Cero protección a pesar de que constitucionalmente, los/as menores deben ser primer interés del Estado dominicano. Al juez Domínguez, se le olvidó todo lo que aprendió, y no se inmutó ante la calidad doblemente vulnerable de la víctima. Se ató a los prejuicios sexistas personales, considerando a la menor, una mujer mentirosa y licenciosa a la que hay que someter a la prueba de paternidad y como la madre pidió que se obligue al imputado a responsabilizarse del embarazo, iniciando el proceso en Juzgado de Paz, consideró todo arreglado.
El ministerio Público, apeló la medida, una diligencia urgente porque la víctima y su madre, tienen que ver pasar mil veces delante de su casa, con burla y triunfante, al presunto violador. ¡Pobre niña desprotegida!
Santo Domingo, R.D., martes, 24 de enero de 2012.
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