Luis
José Chávez
SANTO DOMING, R.D._ En el año 2003, cuando
la economía dominicana fue severamente afectada por la quiebra de tres de los
principales bancos del país, el turismo no solo logró rebasar el impacto
inmediato de la crisis, sino que además alcanzó un record histórico en el
incremento de visitantes y el ingreso de divisas.
En ese año, el flujo turístico se
incrementó en 19.5 por ciento, representando unos 450 mil turistas adicionales
con relación al 2002. El flujo total de visitantes no residentes alcanzó 3
millones 282 mil, superando por vez primera la cifra de los 3 millones de
turistas.
En ingresos de divisas, el turismo aportó
380 millones de dólares más que en el
2002, al totalizar 3 mil 110 millones, superando también por primera vez la
marca de los 3 mil millones de dólares.
Para medir la significación del turismo en la economía nuestra, bastaría
resaltar que las exportaciones de productos tradicionales solo alcanzaron en el
mismo año US$847.3 millones, mucho menos de la tercera parte de lo que registró
la llamada industria sin chimenea.
Pero el desempeño del turismo dominicano en
el año de la gran crisis no solo fue bueno
para los turoperadores y los hoteleros,
sino también para muchos otros sectores asociados, incluyendo al gobierno,
la industria de la construcción, el comercio, el transporte, la
agricultura, la agroindustria, la
artesanía, la cultura, la economía
informal, y los cientos de miles
de empleados directos e indirectos que dependen de esta actividad.
Un sector relegado
El punto viene a cuenta a propósito de los
eventos internos que muestran el estado
de indefensión que vive la principal industria del país, a pesar de
ser el motor de la economía y principal aliado de los demás sectores
productivos.
Ya no se trata solo de que el Gobierno le
niegue al sector un presupuesto consecuente con sus necesidades y su
importancia como buque insignia de la economía, tal como lo refleja el
mantenimiento en el 2012 del mismo presupuesto que tenía el Ministerio de
Turismo en el 2005, sino también la persistencia de políticas públicas que
reducen la competitividad de la industria en una región donde todos los países
que compiten con la República Dominicana adoptan estrategias cada vez más
agresivas para mejorar sus ofertas y atraer más visitantes.
El turismo parece no tener doliente en el
Estado, como lo refleja la indiferencia con que fue asumida la dramática
apelación hecha en octubre pasado por el empresario Frank Rainieri, del Grupo Punta Cana, quien
exhortó a las autoridades a eliminar la onerosa indexación que aplica el Estado
al precio del combustible usado en la aviación turística y de carga, un factor
que ha encarecido considerablemente el costo del transporte aéreo hacia y desde
la República Dominicana.
Dijo que la práctica es ilegal porque lo
prohíbe un tratado internacional y agregó que pasa lo mismo con los
aeropuertos, “que son zonas francas en cualquier parte del mundo, desde el país
más retrógrado hasta el más moderno”. Ninguna autoridad se dio por aludida.
El reclamo del Grupo Barceló
Tradicionalmente conservador en el manejo
de su imagen pública, el Grupo Barceló, pionero de la inversión turística
española en la República Dominicana tronó recientemente para quejarse por el tema de la seguridad jurídica, luego
que cinco de sus principales ejecutivos en el complejo de Bávaro fueran
condenados a cinco años de prisión en una Litis de carácter civil y comercial, en una jugada que tiene
todas las características de una confabulación entre el Ministerio Público, los
jueces del tribunal colegiado y los representantes de un cliente moroso de
Barceló cuyos bienes habían sido embargados por falta de pago y por negarse a
entregar las llaves de unos locales ocupados luego de vencido el contrato de
alquiler.
En un tono bastante fuerte y mediante un
comunicado dirigido al Presidente de la República y al Presidente de la Suprema Corte, el Grupo
Barceló reclamó seguridad jurídica para sus inversiones en la República Dominicana.
Hotel del Grupo Barcelo, en Punta Cana.
Tras recordar que esa corporación ha
invertido cientos de millones de dólares en remozamiento y reconstrucción de
sus instalaciones en Punta Cana, el Consorcio indicó que la decisión del
tribunal fue recurrida por sus abogados y será conocida por un tribunal de
apelación de San Pedro de Macorís, pero expresó
que por la forma como se ha venido manejando la justicia en el caso, sus
ejecutivos no tienen ninguna seguridad de que el recurso será manejado con
imparcialidad.
Punta Cana, uno delos más prestigiosos
destinos turísticos de América Latina, había sido escenario durante el año 2011
de los llamados “embargos asaltos” practicados por abogados que a base de
sentencias complacientes, notificaciones en el aire y la ostensible connivencia
de la fuerza pública, lograron ocupar y desalojar a la fuerza varios hoteles
resorts, creando el pánico y el estupor de miles turistas que no podían
entender que eso pudiera ocurrir en un país reputado en el exterior como un
destino seguro para los visitantes y los inversionistas.
Ante esta secuencia de hechos y aunque el
presidente Fernández se encuentra en el tramo final de su gestión, la pregunta
obligada es si las autoridades van a mantener hasta el final el sesgo
notoriamente desafecto a la actividad que mayor éxito económico le ha reportado
al país en los últimos 20 años.
Santo Domingo, R.D., sábado, 11 de febrero
de 2012.
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