El
país ha dejado de ser prioritario para la ayuda internacional
ROSARIO
ESPINAL
Es casi una ley general en las ciencias
sociales que la democracia requiere una sociedad civil fuerte. Tres son las
razones principales. Si la ciudadanía no se organiza para defender sus derechos
puede ser aplastada por el Estado omnipotente.
Segundo, una sociedad civil bien organizada
tiene más capacidad de presionar al gobierno para que ejecute mejores políticas
públicas. Tercero, a mejores gestiones gubernamentales, mayor confianza en el
sistema político y mayor estabilidad de la democracia.
La sociedad civil en cualquier país está
compuesta con un sinnúmero de organizaciones de distintos tipos, propósitos y
orientación ideológica. Que sea así es natural y positivo porque toda sociedad
se caracteriza por la diversidad de creencias y objetivos que deben coexistir
en una democracia.
La sociedad civil dominicana comenzó a
forjarse de manera significativa después de la caída de Trujillo, y desde su
gestación ha enfrentado grandes dificultades.
En los años de 1960 y 1970, muchas
organizaciones que buscaban reformar el Estado autoritario fueron reprimidas,
en particular, las sindicales, campesinas y estudiantiles.
Con la transición democrática de 1978 se
reinició el proceso organizativo. En las décadas de 1980 y 1990 surgieron
cientos de organizaciones sociales, entre ellas, organizaciones populares y de
capas medias profesionales para democratizar el Estado Dominicano en distintas
áreas: electoral, judicial, anti-corrupción y de género, entre otras.
Muchas de estas organizaciones han
dependido del financiamiento internacional, sobre todo de Estados Unidos y la
Unión Europea, porque en República Dominicana no existe un empresariado
realmente comprometido con las reformas democráticas que supla recursos para
tales propósitos. El empresariado dominicano, por lo general, apoya proyectos
caritativos o corporativos, no de reformas políticas.
La crisis económica que afecta los países
capitalistas desarrollados desde el año 2008 ha conllevado una reducción en la
ayuda internacional a muchas organizaciones de la sociedad civil, incluidas las
dominicanas. Además, por el alto nivel de crecimiento económico que año tras
año reporta el Banco Central de la República Dominicana, el país ha dejado de
ser prioritario para la ayuda internacional.
El Estado Dominicano, por su parte, es muy
clientelar; ayuda a cambio de apoyo al gobierno de turno. Por eso, las
organizaciones de la sociedad civil que reciben financiamiento sustancial del
gobierno tienden a ser acríticas; se pliegan al gobierno y no luchan por
reformar el Estado.
Atrapadas entre el Estado clientelar, el
financiamiento internacional en declive, y un empresariado poco liberal, las
organizaciones de la sociedad civil dominicana que se dedican a promover
reformas democráticas enfrentan una agonía económica.
A estas precariedades se agrega el acoso
del gobierno. El más reciente y notorio caso es el de Participación Ciudadana,
una organización con claro historial de denuncia pública ante las
irregularidades electorales, que ahora, según algunos funcionarios
gubernamentales, está incapacitada para observar las elecciones.
Ha sido una constante de los partidos
políticos desmeritar a Participación Ciudadana cuando están en el poder y
valorarla cuando están en la oposición. Esta es la mejor prueba de que PC ha
hecho un trabajo objetivo y crítico de observación electoral en las últimas dos
décadas, bajo gobiernos del PRSC, PLD y PRD.
La democracia dominicana cojea por muchos
lados, y el desbalance de poder entre los partidos políticos y la sociedad
civil es una de sus mayores debilidades.
Mientras los partidos políticos navegan en
dinero y son subsidiados por fuentes públicas y privadas sin real rendición de
cuentas, muchas organizaciones de la sociedad civil arañan el financiamiento
para subsistir o sucumben. Mientras las organizaciones de la sociedad civil que
se adhieren al gobierno son favorecidas con recursos, las que lo cuestionan son
acosadas y denigradas.
Así no avanza la democracia.
Santo Domingo, R.D., miercoles, 15 de
febrero de 2012.
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