Luis R. Decamps R.
En agosto del año 2000, el autor de estas líneas, bajo recomendación del doctor Guido Gómez Mazara, fue honrado por el presidente Hipólito Mejía con la designación de subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, y en el ejercicio de esta función, que se extendió a lo largo de todo el cuatrienio constitucional, tuvo la oportunidad de ser testigo de excepción de incidencias cuyas verdaderas connotaciones, en virtud de las consabidas “razones de Estado”, las más de las veces quedaron encerradas entre las paredes del Palacio Nacional.
Aunque había participado activamente en la campaña electoral del año 2000 apoyando al PRD, no me contaba entre los integrantes originales del sector del presidente Mejía, y esta circunstancia determinó que en principio mis contactos con este último fueran más bien esporádicos y a través del doctor Gómez Mazara, razón por la cual, como la gran mayoría de los dominicanos, en esencia sólo conocía al gobernante recién electo por sus declaraciones públicas y, desde luego, por la nombradía de honestidad, pragmatismo y eficiencia que lo había acompañado durante años.
El día en que fui formalmente instalado en mi despacho palaciego (que era el mismo que había ocupado una prestante dama peledeísta) resulté impactado por un hallazgo inusitado e impensable para mi condición de funcionario novici en una de las gavetas de mi escritorio había dos teléfonos celulares, el estado de cuenta de una tarjeta de crédito, una libreta para recibir combustible gratuitamente y sin limitaciones, y la carpeta de menú del restaurante de uno de los grandes hoteles de la capital.
Obviamente, de inmediato di cuenta al doctor Gómez Mazara sobre el “descubrimiento” de ese inaudito “instrumental” de trabajo, y su respuesta, luego de expresar a viva voz su estupefacción por el mismo, fue cortés pero franca y cortante: “Devuélvelo todo por oficio a la Secretaría Administrativa de la Presidencia porque nosotros, por instrucciones del presidente, no vamos a usar nada de eso”. Esta fue la primera “orden” que recibí, si bien indirectamente, del nuevo jefe de Estado.
La segunda “orden” que me llegó del presidente Mejía se refirió al transporte de los funcionarios del palacio, y fue a propósito de que le habíamos comentado al doctor Gómez Mazara que los nuevos incumbentes de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo estábamos “prácticamente a pie” y en el departamento correspondiente de la mansión ejecutiva sólo había chatarras: vehículos de reciente adquisición y de alto consumo (algunos con sólo un año de uso) que habían sido destruidos prematuramente.
Con respeto a ese tema, la “línea” que “bajó” de la oficina presidencial no sólo nos pareció injusta sino también increíble: “Dice el presidente -nos informó el doctor Gómez Mazara- que él se mueve en su vehículo personal, y que nosotros tenemos que hacer lo mismo, pues no gastará los cuartos del Estado comprando carros para los funcionarios”. Todo el que me conoce sabe que esa disposición se cumplió al pie de la letra: en los primeros dos años de administración mi medio de transporte fue un Toyota Corolla de 1997, que cambié en el año 2002 (por cierto, financiando una parte de su valor) por un Toyota Camry de 1998.
En los cuatros años que permanecí en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo hube de manejar, como ya he insinuado, una multiplicidad de “expedientes delicados” y “asuntos de Estado”, muchos de los cuales provenían directamente del despacho presidencial, y puedo afirmar categóricamente (e incluso jurarlo por mi honor y ante mi conciencia) que jamás recibí un mandato, una nota, un mensaje o una llamada telefónica del presidente Mejía para darme instrucciones que constituyeran violaciones a la ley o que simplemente involucraran faltas a la moral pública o a la ética personal.
Muy por el contrario: puedo dar fe de que las órdenes, las notas, los mensajes y las llamadas telefónicas que recibí del presidente Mejía se refirieron siempre a proyectos o temas del más alto interés nacional (la documentación legal de una carretera, un proyecto agropecuario, un hospital, una escuela, un puente o cualquier obra pública de prioridad social incontestable), y de que cada vez que se presentaba algún “asunto” apremiado por alguien vinculado con él por la amistad (y no fueron pocos) su disposición invariablemente era la misma: “Ese señor es amigo mío y tiene un proyecto bueno para el país. Ayúdelo, licenciado, pero siempre cumpliendo con la ley y haciendo las cosas como Dios manda”.
Entre los muchos casos que se manejaron desde mi oficina, nunca olvidaré uno que dio lugar a un incidente con cierto empresario de Santiago que le había solicitado al Poder Ejecutivo la exoneración del pago de aranceles de una “materia prima”, petición que debió ser vetada en la Consultoría Jurídica debido a que era violatoria del Código Arancelario e implicaba una pérdida para el Estado de decenas millones de pesos.
Ante ni negativa a dar una opinión favorable a sus deseos, el citado empresario me llamó por teléfono para, en tono amenazante, “advertirme” de que se quejaría ante su “amigo” el presidente Mejía para “ver quien es que manda: usted o él”. Indignado, rechacé vigorosamente el intento de intimidación, y puse en conocimiento del doctor Gómez Mazara el desagradable incidente. De inmediato, éste me condujo ante el mandatario para que le explicara lo que había ocurrido. Luego de escucharme, el presidente Mejía dij “No importa que sea amigo mío, o que sea un ´jodido´ o un ´jorocón´… Si es ilegal, es ilegal… No se preocupe, licenciado. Si él viene donde mí, yo mismo le digo que eso no se puede, y punto”… Lo curioso de este caso es que varios meses después, el empresario de marras apareció en la prensa organizando una cena de apoyo al entonces ex presidente Leonel Fernández.
En honor a la verdad histórica, debo reiterar que durante mi estadía en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo las únicas “presiones” que recibí del presidente Mejía (incluyendo sorpresivas llamadas telefónicas personales) estuvieron destinadas a agilizar el expediente de alguna obra de impacto social o comunitario, y los apremios siempre eran firmes pero de talante paternalista: “Resuelva eso rápido, licenciado, que esa gente no puede esperar tanto tiempo y nada mas cuenta conmigo, y es ahora que quiero hacerlo, no es para el año que viene”.
Igualmente, me es dable dar testimonio (seleccionando cualquiera de los recuerdos que se acumulan en mi memoria sobre las actuaciones del presidente Mejía) de su sentido de la responsabilidad, su dedicación y sus preocupaciones cada vez que tenía que adoptar una medida que golpearía a los más desposeídos del país. En estos casos (y es la elemental verdad detrás de su imagen pública, la real o la inventada) siempre estábamos ante un hombre de Estado de altos quilates: sin abandonar su estilo de hablar directo y espontáneo, asumía la defensa del pueblo llano, instaba a hacer lo correcto y procuraba soluciones de interés nacional.
Por ejemplo, mientras vida tenga jamás se marchará de mi memoria el día en que fui testigo ocasional, en uno de los salones del Palacio Nacional, de sus lapidarias expresiones cuando se estaba discutiendo una de las reformas fiscales que se hicieron durante su gestión: “Yo se que la reforma es necesaria, y la vamos a hacer, pero yo no voy a firmar nada hasta que ustedes no me digan (dirigiéndose a los miembros presentes del equipo económico del gobierno) cómo vamos a amortiguar el golpe a los pobres porque ellos nada mas me tienen a mi para defenderlos”.
De similar modo, tuve la oportunidad de participar en algunas de las múltiples y maratónicas reuniones que se produjeron en la casa de gobierno a propósito de la crisis bancaria del año 2003, y puedo reiterar mi absoluto convencimiento, como lo he dicho en otros artículos de opinión, de que el presidente Mejìa no sólo hizo lo correcto en esos instantes perentorios de la vida económica nacional (como lo habrían de confirmar más adelante todos los organismos financieros internacionales, sin excepción) sino que, al mismo tiempo, en todo momento se comportó como un verdadero repúblic con verticalidad, diligencia, sensatez y responsabilidad.
Ese fue, insisto, el Hipólito Mejìa que yo conocí.
Y, por eso, ahora que el destino lo ha puesto nuevamente en el camino del retorno al Palacio Nacional, me ha parecido conveniente, ante las canalladas puestas a circular nuevamente contra él por ciertos mitómanos y calumniadores pagados que pululan en determinados medios de comunicación del país, ofrecer públicamente estos humildísimos testimonios acerca de su irreductible honestidad personal, su proactiva eficiencia como jefe, su naturaleza como ser humano de honda sensibilidad social y, en fin, su definido carácter de estadista consumado.
Santo Domingo, R.D., lunes, 26 de marzo de 2012.
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