Informan mil 584 personas han sido
condenadas a la muerte civil
NEW YORK, N.Y._ Organizaciones de la
Sociedad Civil Dominicana, afirmaron este lunes 12 de marzo ante el Comité de
Derechos Humanos de Naciones Unidas, que numerosos derechos civiles y políticos
son violados sistemáticamente por el Estado dominicano, con el consiguiente
riesgo para el Estado de Derecho y la seguridad jurídica en Republica
Dominicana
La afirmación tuvo lugar en el marco de la
presentación del Informe Alterno de la Sociedad Civil sobre la implementación del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de acuerdo lo publica
Diario Digital.
“El documento que presentamos se desarrolló
esencialmente desde la perspectiva de lo que sucede en la práctica, para poner
en evidencia el desfase del marco institucional configurado por la legislación
del país, en relación a las prácticas, actitudes y omisiones de los
funcionarios Estatales”, precisó Francisco Leonardo, uno de los voceros del
grupo de las organizaciones que sustentan el informe.
La publicación indica que las
organizaciones definieron como muy grave el hecho de que más de 1.584
dominicanos y dominicanas han sido condenados a la muerte civil, como
consecuencia de la privación arbitraria de su nacionalidad. Por lo tanto, no
pueden ejercer sus derechos civiles y son tratados como extranjeros en su
propio país, les son negadas copias de
actas de nacimiento, cédulas de identidad y
pasaportes. El Estado alega que al momento de nacer, los padres de los
afectados tenían un “estatus migratorio irregular”, que “tienen apellidos
afrancesados” o que “el color de su piel es muy negro”.
También resaltaron que desde 2007 hasta el
2010 han sufrido heridas por abusos policiales 4,354 dominicanos y desde 2005
hasta el 2010 murieron 2,138 dominicanos en ejecuciones extrajudiciales.
Actualmente las víctimas de tortura y los familiares de las victimas de
homicidios no logran obtener reparaciones debido a que los agresores son
insolventes. Destacaron como factor que favorece la impunidad la falta de
protección apropiada para las víctimas, familiares y testigos.
MUJERES ASESINADAS
Por otro lado, las organizaciones
denunciaron que entre 2005 y 2010, 1.153
mujeres fueron asesinadas por sus parejas.
“El promedio por año supera las 190 muertes. Estas cifran revelan la
fallida intervención del Estado, el cual no
ha logrado garantizar el derecho a la vida, con dignidad y libre de violencias
a las mujeres.” Aseveró Zobeyda Cepeda, también vocera de la Coalición.
Agregaron que el promedio anual de
defunciones maternas es de 159 por cada 100.000 niños/as nacidos/as vivos/as.
Destacan que la mortalidad materna, está
asociada a problemas de calidad en la atención médica y a los problemas
relacionados con abortos clandestinos. Finalmente Zobeyda declaró que el Estado
dominicano vulnera la libertad de religión y pensamiento al no intervenir en
las injerencias de la alta jerarquía de la iglesia católica, la cual se
interpone a la aprobación de aborto, y ha utilizado estrategias de amenazas,
intimidaciones y difamaciones, sobre todo a personas congresistas.
CONTRA GAYS Y LESBIANAS
El Estado también vulnera los derechos de
las personas Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales (GLBT) al permitir que
en los medios de comunicación se les denigre, en los centros escolares se
expulsen las expresiones de homosexualidad o lesbianismo, y que las autoridades judiciales no
investiguen ni sancionen las muertes cometidas contra esta población.
El
Estado no hace lo suficiente para garantizar el derecho a la vida de las
personas Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales (GLBT), debido a que los
asesinatos y crímenes de odio contra estas personas, generalmente quedan
impunes. Estas personas confrontan trabas para conseguir empleo dentro de las
instituciones públicas o privadas, por la aplicación de una política de
contratación laboral abiertamente discriminatoria, lo cual constituye un
incumplimiento del Estado respecto de su obligación de promover la igualdad
ante la ley y de proteger contra la discriminación.
MALTRATOS A INMIGRANTES
Manifestaron también, que los trabajadores
inmigrantes de origen haitiano se hallan en situación de explotación,
devengando salarios extremadamente bajos, especialmente los del sector
agrícola. Se ven forzados a realizar sus labores en un entorno de alto riesgo
para su vida e integridad física. Además, con frecuencia son despedidos
injustificadamente, los patronos no cumplen con la obligación de pagar las
cuotas de la Seguridad Social, Seguro de
Accidentes de Trabajo y Riesgos Laborales. “Estas situaciones son agravadas por
el sometimiento de los trabajadores a deportaciones forzosas y por la
restauración del modelo de contratación de contingentes”, Alertó Manuel de
Jesús Dandré, miembro del equipo de vocería.
Lamentaron que no se hayan designado aún los
responsables de poner en funcionamiento la Defensoría del Pueblo, a pesar de
que ya han pasado más de 11 años desde la integración de esta figura al marco
institucional del país, así como los déficits en la aplicación de políticas
orientadas a equilibrar la participación política entre hombres y mujeres y a
mejorar los mecanismos de protección de NNA.
El
informe fue presentado por el Centro Pedro Francisco Bonó, Movimiento por un
Registro Civil Libre de Discriminación, Colectiva Mujer y Salud (CMS), Comité
de América Latina y el Caribe por los Derechos de las Mujeres (CLADEM),
Instituto Caribeño para el Estado de Derecho (ICED), Fundación Comunidad
Esperanza & Justicia Internacional (FUNCEJI), Fundación Étnica Integral
(FEI), Movimiento de Mujeres Dominico Haitianas (MUDHA), Movimiento Socio
Cultural para los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA) y Trans Siempre Amigas
(TRANSSA).
Santo Domingo, R.D., lunes, 12 de marzo de 2012.
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