Edwin Paraison
Necesidad de una evaluación
Para conocimiento de todos, esa pieza legal tanto en su
fase de elaboración como para el reglamento de su puesta en vigencia, por
iniciativa de las autoridades, contó con la participación de la sociedad civil
y de organizaciones internacionales. Es con ese espíritu de colaboración, como
miembro de una organización binacional legalmente incorporada, integrada por
dominicanos y haitianos, en el marco de nuestra función de monitoreo y de
acompañamiento a los dos gobiernos en la gestión de las relaciones dominico
haitianas, lo cual no puede ser de ninguna manera calificada de “intromisión en
asuntos internos dominicanos”, hemos visto, en la Fundación Zile, la necesidad
urgente de una evaluación del proceso de implementación de la ley, a casi un
mes de su puesta en vigencia.
La misma pudiera hacerse por el Consejo Nacional de
Migración (CNM). Para tal fin se necesitaría que por lo menos 3 de los 11
miembros institucionales soliciten una reunión extraordinaria de ese órgano que
debe tener sesiones ordinarias cada 6 meses de acuerdo a la ley. Por ende,
considerando las atribuciones de la comisión de transición gubernamental y
tomando en cuenta la urgencia de la propuesta se revela más fácil que dicha
comisión, en base a un análisis preliminar, haga recomendaciones a los
presidentes Leonel Fernández (saliente) y
Danilo Medina (electo), respecto a la continuación del proceso de
implementación, tras consultas con los demás actores y posibles correctivos, o
su aplazamiento hasta después del 16 de agosto previa evaluación exhaustiva por
el CNM.
Al momento de terminar la redacción de este documento se
informo de la convocación del Consejo Nacional de Migración. Es una decisión
sabia. Cabe sugerir, tal como se ha hecho en ocasiones anteriores, debería de
ser un consejo ampliado con los miembros de la
comisión de transición y representantes de los sectores vinculados al
tema.
Esta propuesta se justifica por las anomalías registradas
y las implicaciones políticas en las relaciones con Haití en el proceso de
inicio de la implementación de la ley
285-04, a principio del periodo de transición gubernamental en la República
Dominicana.
Complicaciones coyunturales
Una coincidencia de hechos ha creado cierta tensión
binacional, particularmente perjudicial, para el buen inicio de una nueva
gestión de la agenda bilateral, de parte de las autoridades dominicanas que
tomarán las riendas a partir del cambio de mando.
Fundamentalmente, las reacciones de funcionarios
dominicanos a las declaraciones del embajador haitiano relativas a la
protección de los derechos de sus compatriotas y lo mismo en Haití ante las
disposiciones de la cancillería dominicana sobre visados y la ley de migración.
También, las restricciones en la Junta Central Electoral (JCE) y el debate
provocado por la sentencia de un tribunal de primera instancia de San Pedro de
Macorís, para la renovación de las
cédulas de jóvenes adultos dominicanos de ascendencia haitiana, quienes sufren
una suerte de aplicación retroactiva de la constitución del 2010, según varios
juristas.
Asimismo, el relanzamiento del caso de Guayubin en la
Corte Interamericana de derechos Humanos (CIDH). Por último, el contemplado
cierre por el gobierno haitiano de los mercados binacionales. Una situación
general contaminada por amenazas de expulsiones de migrantes por civiles, de
alteraciones al orden público en claro y reincidente desafío a la autoridad del
estado, a través del llamado de un grupo
de Santiago a declarar no gratas a las ONG y de paso apoya, en este periodo de
formación del nuevo gabinete Medina, a un funcionario gubernamental oriundo de
la misma ciudad, quien no tuvo la
prudencia de distanciarse abiertamente de tales propósitos.
En ese contexto, sin desmedro de la soberanía dominicana
en lo migratorio; pero tomando en cuenta los intereses dominicanos en los
intercambios con el país vecino y la política que parece definir el presidente
electo al respecto con su propuesta de un acuerdo de libre comercio, al menos,
la oportunidad o no de iniciar este nuevo proceso migratorio en el periodo de
transición gubernamental debió ser sopesada, por ser éste, un asunto que
compromete a la nueva administración y define a largo plazo la política
dominicana en materia migratoria.
En ese orden de ideas se aprecia sobremanera, el elegante
ejemplo del Procurador General de la República al renunciar a su puesto, para
dejar libre en sus decisiones al presidente electo. Gesto que debió ser seguido
por otros funcionarios.
La falta de una campana de información y orientación
Respecto a la implementación de la ley, una de las más
graves anomalías, es, después de 8 años de espera y 8 meses de preparación y
planificación, desde la publicación del reglamento en octubre del año pasado,
el inicio del proceso, sin la debida campaña de información y orientación, lo
cual, creó un caos.
En su artículo 6 acápite 17 la ley 285-04 indica
claramente que la Dirección General de Migración (DGM) tiene la responsabilidad
de “organizar con la colaboración de otras entidades, un servicio de
información y asesoramiento a los inmigrantes que deseen instalarse en el
país”. También en su Artículo 14, la ley hace exigencia a las embajadas y
consulados dominicanos en el exterior de informar a los extranjeros las
condiciones que se requieren para ingresar y permanecer en el país, según las
categorías migratorias”. En ambos casos nada se ha hecho.
El uso del creole
El gobierno estadounidense tan pronto otorgó tras el terremoto
de enero del 2010 el estatus de protección temporal –más conocido con sus
siglas en ingles TPS- a los haitianos, habilitó un espacio para informaciones
en creole y posibilidad de “bajar” documentos en ese idioma desde el portal
español del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (http://www.uscis.gov/).
Asimismo, además de usar la página web de la embajada en Puerto Príncipe, en
francés, se utilizó el servicio en
creole de “La Voz de América”, al igual
que los semanarios haitianos editados en los Estados Unidos para una
campaña de información.
Cuba por igual, mantiene, por la importancia numérica de
los llamados “descendientes” (de origen haitiano) su programa de información y
orientación a la comunidad en creole en la estatal Radio Habana dirigido por
cubano-haitianos.
Reiteramos pues la recomendación hecha a la DGM, desde
diciembre del año 2011, de cumplir con la ley y el espíritu de la misma, que
busca que la información correcta llegue a los potenciales inmigrantes, en este
caso haitianos. Además, sería necesario, primero, organizar el servicio de
asesoramiento con apoyo de personal que hable creole y segundo, lanzar una
campaña en español y creole. Para ello puede auxiliarse de los programas
comunitarios radiales en creole en la República Dominicana y del portal de la
embajada dominicana en Haití, que tendría que tener una versión francesa o en
creole. http://embajadadominicanaenhaiti.com/
Reacciones de los empleadores
Por otro lado, las reacciones de los principales sectores
involucrados (patronal, sociedad civil, Iglesias, sindical, comunidad haitiana)
han sido hasta ahora criticas. La
Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD) pidió el aplazamiento
por un mes, desde antes de la entrada en vigor de la ley, y la Junta
Agroempresarial Dominicana (JAD), solicitó reconsiderar varias clausulas del
reglamento. Fruto de esas gestiones, 20 días después del inicio del proceso se
arribó a un acuerdo entre la Dirección General de Migración (DGM), la JAD y la
Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI). Si bien el
convenio puede ser visto como positivo no deja de revelar que las autoridades
actuaron con apresuramiento y sin tomar en cuenta la realidad de la dependencia
de la mano de obra haitiana en sectores claves, debiendo luego, flexibilizar su
posición. Hay que admitir que todos, al igual que Migración tenían el tiempo
suficiente para prepararse; pero, los compromisos de la campaña electoral y
sus incertidumbres, en gran parte afectaron
el proceso, lo cual debió ser previsto.
Empero, las organizaciones de la comunidad haitiana (como
se estila en otros países) no fueron implicadas para asistir a sus compatriotas
y contribuir al éxito del programa. En este caso en particular, también
recomendamos a la DGM que para el Plan de Regularización organice talleres de
información dirigidos a los líderes comunitarios.
Necesidad de un acuerdo de cooperación bilateral
Respecto al gobierno haitiano, sin exonerar sus
responsabilidades directas, es preciso subrayar que la ley 285-04 en su artículo
13 relativo a las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el
acápite 2, estipula que “preparará, negociará y establecerá a nombre del gobierno dominicano acuerdos
bilaterales y multilaterales, con organizaciones internacionales y Estados en
materia migratoria”.
Partiendo de la primicia que es del interés dominicano
“una vez por todas”, como dijo el Cardenal, de poner orden en el campo
migratorio, se hacía obligatorio implicar al gobierno haitiano; a través de un
acuerdo de cooperación, para facilitar la expedición de documentos claves para
el proceso.
Hay que señalar que sin referirse directamente a la
entrada en vigencia de la ley 285-04 ni el Plan de Regularización, el canciller
dominicano Carlos Morales Troncoso y su par haitiano Laurent Lamothe (hoy
también Primer Ministro), en una declaración conjunta firmada el 29 de febrero
2012 en Puerto Príncipe establecieron los puntos prioritarios de la agenda de
la Comisión Mixta, en la cual se menciona en “Asuntos Migratorios, fronterizos y
de seguridad”, “la definición de iniciativas para la documentación de migrantes
haitianos por las autoridades haitianas y por las autoridades dominicanas”.
Extrañamente ambas partes no jugaron de alta prioridad el asunto que ocupa la
actualidad. Muchos también se preguntan por qué no fue un tema de discusión en
ocasión de la cumbre Martelly-Fernandez en marzo pasado en Santo Domingo.
Evidentemente, desde nuestro punto de vista hay medidas
haitianas de urgencia que se imponen, como la descentralización del servicio de
pasaportes para los haitianos en el exterior, en la embajada de Washington. Lo
cual evitaría la demora de 4 a 7 meses
de los expedientes. Es urgente que el gobierno haitiano ofrezca ese servicio
directamente en Santo Domingo, reduciendo al mismo tiempo como lo fue entre
2002 y 2004 el costo del pasaporte, hoy, de US$ 70, a por lo menos, la mitad y
la posibilidad que los haitianos lo paguen en pesos dominicanos a través de un
banco. Es lamentable que Haití no haya dado la prioridad necesaria a este
asunto.
El carnet transfronterizo para haitianos
Es evidente que no es tanto el problema común a nuestros
dos países del registro civil (RD 24%, Haití 30%), sino asuntos administrativos
y burocráticos del servicio consular haitiano que hay que resolver. Obviamente,
para facilitar, de acuerdo al reglamento de la ley, el ingreso de los
habitantes fronterizos quienes deberán, por lo menos tener su Tarjeta de
Identificación Nacional, conocida como CIN en francés, las autoridades
haitianas deberán priorizar un programa para otorgar ese documento en la
referida región. En este caso, no se sabe si la DGM ha consentido algún permiso
especial, para que los mercados binacionales, que reciben en una semana más
haitianos que las escuelas durante todo el ano, funcionen fuera de la ley desde
el pasado 1ro de Junio.
La circular al Ministerio de Educación
Otra anomalía grave, lo fue la circular relativa a la
exclusión escolar. Felizmente reconsiderada, esta, normalmente debió ser
manejada de Ministerio (Interior) a Ministerio (Educación). Hay que saludar la
sensatez de la titular de Educación frente a una situación que puso en
evidencia las potenciales consecuencias internacionales de un manejo incorrecto
y las visiones distintas en el seno mismo de la alianza política en el poder,
sobre el tema migratorio.
Dicha situación amerita una línea clara al más alto nivel
de apego a la ley. El artículo 4 de esa pieza estipula que “El Ministerio de
Interior y Policía es el órgano oficial encargado de la aplicación de la ley”.
Entre otras funciones tiene el de “velar por la buena aplicación de la ley”,
por lo que es improcedente hasta en la
forma la iniciativa de la DGM, toda vez
que la autoridad política en el manejo de ese tema es el titular de Interior y
Policía.
Cabe observar, las autoridades deben evitar la cacofonía
que se ha escuchado también respecto a su participación como miembro de la
CIDH. A toda costa, hay que evitar dar la sensación, frente a Haití y en el
plano internacional, que en vez de una regularización migratoria estamos en la
fase preparatoria de un proceso de expulsión ideológicamente motivado.
El balance
Ahora bien, si no se quiere admitir que hubo, en un
periodo de transición gubernamental, apresuramiento con fines políticos para la
puesta en vigencia de la ley, tampoco se
quiere aceptar que el mismo fue un caos en sus inicios, sencillamente diremos
que saltan a la vista varios aspectos sobre los cuales la DGM y otras entidades
no están aun listas tales: servicio de orientación y asesoramiento, banco de
datos, Escuela Nacional de Migración, Instituto Nacional de Migración, cuerpo
de inspectores y oficiales de control migratorio, depuración y registro de
control biométrico, carné transfronterizo etc.…elementos claves que forman la
arquitectura necesaria para la aplicación correcta de la ley 285-04.
*El autor es sacerdote anglicano, Director Ejecutivo de
la Fundación Zile, ex cónsul general en la República Dominicana y pasado
Ministro de los haitianos viviendo en el exterior. Miembro activo de la
diáspora haitiana en el país por 29 anos.
Santo Domingo, R.D., jueves, 28 de junio de 2012.
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