martes, 10 de julio de 2012

Para salir del atolladero: ¡oír a Hugo!



Tony Raful

¿Quién duda de la reciedumbre moral de Hugo Tolentino Dipp? Se puede estar en desacuerdo con algunas posiciones asumidas en el ejercicio crítico de sus ideas, pero tenemos que estar contestes en que se trata de uno de los dominicanos más definidos en el quehacer político, que adecenta el escenario nacional. Su opinión sobre la crisis actual del PRD no se mide cuantitativamente por la capacidad de conquistar adeptos bajo el ritmo danzante de la sinecura, la dádiva o el clientelismo más vulgar. Se mide cualitativamente. Sus concepciones son frescas, tienen actualidad en la dirección sublevada de los inconformes sociales, de los indignados, de “los condenados de la tierra” como los llamó el psiquiatra y sociólogo argelino Franz Fanon, a quien Jean Paul Sartre le escribiera el famoso prólogo a su obra, en el proceso de descolonización de los años 60 del siglo pasado. Hugo ha dicho que el actual proceso post electoral que vive la principal organización política del país solamente se resuelve con la participación democrática de sus organismos. Son los organismos debidamente calificados y cuyos integrantes fueron escogidos por una Convención, quienes deben decidir el destino partidario. ¿Por qué entonces no se convocan los organismos institucionales del Partido? ¿Por qué no se procede  a activar esos organismos a todos los niveles para que se pronuncien sobre el proceso crítico interno y delineen la línea política de recuperación ideológica y de contrapeso opositor?

¿Por qué el PRD no se apega a la institucionalidad, único valor de permanencia coherente de sus principios, y apela a los estatutos de la organización para poner la casa en orden y evitar que algunos sectores medularmente antiperredeístas, “metan” sus manos en nuestros asuntos internos?

Una de las fallas más señeras de nuestra crisis actual lo constituye la práctica de tomar decisiones o anunciar acuerdos al margen de la discusión en sus organismos institucionales. Solamente un líder excepcional históricamente como lo fue el doctor José Francisco Peña Gómez, podía en circunstancias especiales asumir responsabilidades colectivas sin someterlas a discusión, (por ejemplo no podía pedir autorización al comité ejecutivo para convocar o no al pueblo a respaldar el movimiento constitucionalista que estalló en los cuarteles el 24 de abril de 1965) y nunca lo hizo, siempre convocó los organismos e incluso, quien escribe, lo vio aceptando opiniones que contrariaban su voluntad política. Era un demócrata. Volver al respeto a los organismos como señala el doctor Tolentino es una de las formas de salir del atolladero actual. En todos los partidos democráticos o en la mayoría de ellos, cuando se pierden (por las razones que sean) unas elecciones, se produce la renuncia automática de la dirección del Partido. Se trata de una reflexión crítica sobre la responsabilidad de quienes presidían o dirigían el partido en cuanto a los resultados electorales. Esta evaluación crítica  abarcaría a todos los sectores partidarios, estableciendo gradaciones en la importancia de las culpas de quienes perjudicaron, o no hicieron el trabajo que tenían que hacer, para que el candidato de su partido ganara las elecciones.

Si los organismos del PRD deciden renovar sus cuadros directivos o sustituir al presidente del partido, al calor de sus conclusiones críticas, no estarían violentando su institucionalidad, sino dando cumplimiento a mandatos establecidos en sus propios estatutos, como por ejemplo, el poder revocatorio que consigna en su esencia más democrática la figura del “plebiscito”. En todo caso se trata de acciones que tienen que ser avaladas por las mayorías perredeístas.

Hugo Tolentino Dipp.

Escuchar a Hugo Tolentino es un placer intelectual. A veces discrepamos en un nivel de respeto y consideración. Pero tomar en cuenta sus opiniones en esta crisis perredeísta reviste para mí  una satisfacción enorme. Su visión es de las menos contaminadas, de las más objetivas y  prácticas.



Santo Domingo, R.D., martes, 10 de julio de 2012.


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