Los bienes y servicios adquiridos por el Estado resultan costosos
GUILLERMO CARAM
El gobierno está despidiéndose provocando la crisis ¿gratuita? del salami, coronando su afán mediático por encima de las responsabilidades contenidas en leyes que deben regir actuaciones y desempeño de instituciones, autoridades y funcionarios, dentro de una adecuada concepción del Estado.
En lugar de someterse a lo establecido en la Ley 358-08 propiciando sanciones particulares a sus infractores, Pro Consumidor armó un reperpero mediático generalizado, provocador de perjuicios sin resultadospositivos.
Para justificarse interpreta cercenada limitadamente dicha ley, encubriendo empresas que la infringieron bajo la excusa de la “confidencialidad”; obviando (1) Que el art. 2 de la misma consigna el carácter de orden público e interés social a los derechos de consumidores y su supletoriedad frente a otros derechos, (2) Que el art. 25 limita esa confidencialidad a “secretos comerciales” incluso inobservables ante “riesgos contra la salud… del consumidor”, y (3) Que el art. 19 (g) obliga someter infractores “ante las instancias judiciales” incluyendo indemnizaciones por responsabilidades civiles y penales estipuladas en su Capítulo X.
De esta manera Pro Consumidor ejemplifica, corona y testa el comportamiento habitual del presente gobierno estigmatizado por lo mediático contra lo real, por las formalidades y apariencias contra lo sustancioso y fundamental; comportamiento significativamente incidente en otras áreas de la crisis que sufrimos siendo la más estratégica, la fiscal:
Los gastos públicos en partidas corrientes son elevados por apartarse de las previsiones de la ley de presupuesto que los condiciona a recaudaciones y a guardar proporciones de inversión. La burocracia es excesiva por incumplir previsiones de la ley de función pública sobre reclutamiento, deberes y prohibiciones de los empleados. Los bienes y servicios adquiridos por el Estado resultan costosos por inobservar la ley sobre licitaciones y por la corrupción originada al ignorar previsiones del Código Penal, del régimen tributario en cuanto a justificar orígenes patrimoniales y la ley sobre declaración jurada de bienes en base a la cual el gobierno reformista de 1986 levantó expedientes de corrupción contra funcionarios del gobierno precedente. La energía es cara es porque su precio de compra a generadores no sigue lo pautado en la ley de electricidad. Las transferencias a instituciones públicas y privadas son improductivas por apartarse de los parámetros presupuestarios y de los requisitos exigidos en la ley sobre asociaciones no lucrativas.
La crisis del salami ratifica la lección ya aprovechable por el gobierno entrante: en lugar de escarceos mediáticos generalizados que dañan y perjudican la economía nacional y popular y desprestigian nuestros agentes económicos y la nación misma, incluyendo el propio Estado; bastaría someterse sigilosamente al imperio de la ley para superar componentes de la crisis que sufrimos.
Santo Domingo, R.D., domingo, 05 de agosto de 2012.
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