La Cámara de Diputados ha convertido en ley el controvertido proyecto de Regulación Salarial del Sector Público que se espera que una vez promulgada ayude a reparar graves distorsiones en la escala de sueldos y salarios en la Administración Pública, aunque prevalece el temor de que ese estatuto afecte de manera sensible el funcionamiento de instituciones descentralizadas.
Esa ley fija un tope salarial mensual de 450 mil pesos para el presidente de la República, 400 mil para el vicepresidente y los titulares del Senado, Cámara Baja, Suprema Corte y Tribunal Constitucional, pero excluye de esas regulaciones al Banco Central.
Queda abierta la posibilidad de que la referida ley sea objeto de un recurso de inconstitucionalidad, a juzgar por los señalamientos de legisladores que le atribuyen colisión con el Texto Sustantivo, por lo que su aplicación crearía controversias o interpretaciones divergentes en dependencias oficiales.
Los salarios de altos funcionarios y directores de agencias descentralizadas se reducirán significativamente cuando entre en vigencia ese estatuto que también disminuirá o anulara viáticos, incentivos y otros ingresos colaterales que en muchos casos superan el tope del salario ordinario.
A pesar de sus posibles debilidades, la ley salarial tiene la finalidad de afrontar y conjurar el desorden de magnitud mayor que impera en la asignación de sueldos y salarios en la Administración Pública y, sobre todo, evitar que propios funcionarios se fijen a su mejor antojo los ingresos que devengarían en esas instituciones.
Lo deseable hubiese sido que se votara una ley marco sobre regulación salarial y que el Poder Ejecutivo o el Congreso aprobaran también reglamentos de aplicación de ese estatuto de conformidad con las características de las diferentes áreas oficiales, a los fines de que no afloren distorsiones como lo sería que el titular de un Ministerio que administra miles de millones de pesos perciba igual salario que el titular de una cartera casi decorativa.
El Ministerio de Administración Publica, que tuvo a su cargo el diseño de ese proyecto, se agenció asesoramiento de los más reputados técnicos en la materia de Iberoamérica, por lo que se presume que la ley aprobada tiene perfiles similares a otras de añeja aplicación en España, Portugal y América Latina, cuyo objetivo común ha sido el de regular políticas salariales del sector público basado en la premisa de que el salario mayor corresponde al jefe del Estado.
La Ley de Regulación Salarial puede ser un buen regalo para el gobierno a inaugurarse el jueves, pues permitirá que de inmediato, el presidente Danilo Medina ponga fin, con la aplicación estricta de ese estatuto, al desorden que prevalece en la Administración Pública, donde cualquier funcionario de menor rango percibe en términos relativos un salario mayor que el presidente de los Estados Unidos.
Santo Domingo, R.D., martes, 14 de agosto de 2012.
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