El establecer o modificar tarifas en la Universidad
estatal no es ilegal
MATEO AQUINO FEBRILLET
(Rector de la UASD)
La UASD vive nuevamente un proceso agitado fruto
de protestas de algunos dirigentes estudiantiles, que impulsados por fuerzas
políticas externas, han escenificado acciones calificadas como vandálicas por
distintos sectores de la vida nacional.
Para expresar sus reclamos, han utilizado como
principal argumento el calificativo de “privatizadores”, con el cual acusan a
las autoridades universitarias que aprobaron dicha medida.
La antigua Universidad de Santo Domingo recibió
los vientos transformadores de Córdoba 43 años posteriores a aquellos
acontecimientos ocurridos en 1918, que reclamaron autonomía universitaria, cogobierno, Extensión Universitaria, acceso
por concursos y periodicidad de las cátedras, libertad de cátedra, cátedra
paralela y cátedra libre, acceso masivo y gratuito, vinculación de docencia e
investigación, inserción en la sociedad y rol de la universidad, solidaridad
latinoamericana e internacional, unidad obrero-estudiantil, entre otros puntos
reivindicativos.
Fruto de la lucha de los estudiantes de la época,
la antigua Universidad de Santo Domingo alcanzó la Ley de Autonomía, numerada
5778, el 31 de diciembre de 1961, la que expresa en su Artículo. 3: “El Estado
dedicará anualmente para el financiamiento de la Universidad Autónoma de Santo
Domingo un subsidio que no será inferior al cinco por ciento del Presupuesto
Nacional. Este subsidio será considerado como parte del patrimonio de la
Universidad y solo ella tendrá derecho a administrarlo. También integrará a su
patrimonio otros fondos que por cualesquiera otros medios que procure
debidamente la Universidad”.
En 1965 estalló la Guerra de Abril y dejó como
legado tangible, con el Movimiento Renovador a la cabeza, un modelo de
universidad bajo los principios de las Reformas de Córdoba.
Sin embargo, en 1966 el Claustro Universitario
aprobó el nuevo Estatuto Orgánico de la nueva Universidad, el cual estableció
en el artículo 106: “Las fuentes de ingreso de la Universidad son las
siguientes: “b) el producto de los derechos por concepto de matrículas de
estudiantes, expedición de títulos, exámenes, reválidas, y cualesquiera otros
que establezcan los reglamentos”.
Está claro, entonces, que el establecer o
modificar tarifas no es ilegal, no es un atentado a la autonomía ni amenaza al
carácter público de la institución. Lo que sí la amenaza son los desórdenes
injustificados que dan argumento a sus enemigos externos para tratar de
arrebatarle sus conquistas, como ocurre en la actualidad con un proyecto de ley
que pretende anular la Ley 5778.
Desde 1966, la UASD ha funcionado en base al nuevo
modelo, como universidad de matrícula abierta, pero no ha resultado así con el
financiamiento. Ningún gobierno ha cumplido con asignar el 5% que establece la
Ley, por lo que se ha acumulado una deuda con la institución, que calculada de
1966 a 2012, supera los 100 mil millones de pesos, causa esencial de las
diversas crisis de la Academia que le han construido una imagen ante la
Sociedad Dominicana que la percibe como una institución “insaciable”.
No ha sido posible a la UASD ofrecer la educación
totalmente gratuita, por lo que el Consejo Universitario ha emitido decenas de
resoluciones estableciendo o modificando tarifas por concepto de derechos
académicos. Así ha sucedido en los años 1967, 68, 72, 73, 75, 77, 83, y 2003,
para citar sólo algunos ejemplos. Ninguna de esas resoluciones privatizaron la
UASD. Una más ha ocurrido ahora en 2012, la que ni siquiera indexa las tarifas
establecidas en 1973.
Si comparamos en dólares ambas tarifas, el resultado
es que un estudiante proveniente de los estratos económicos más bajos, en 1973
aportaba 27 dólares por concepto de derechos de matriculación y por siete
asignaturas. Ese mismo estudiante debe aportar hoy 23.49 dólares por el mismo
concepto. En el caso de los estudiantes que provienen de los sectores con
mejores condiciones económicas, esto es, los que procedían de familias con
ingresos superiores a mil pesos mensuales, similar a los que hoy provienen de
colegios donde pagan tarifa mensual superior a 2 mil pesos, aportaban 137
dólares en 1973 y en 2012 sólo 131.48.
Los sectores que quieren alterar la paz y la
tranquilidad de la UASD deben buscar otro argumento para lograr su propósito,
porque les resulta poco útil el que han levantado, menos aún con un Rector que
ha demostrado con su conducta la defensa de esta Institución y su carácter de
Universidad pública, democrática, popular, crítica y solidaria; la primada de
América, la del Estado Dominicano y Alma Máter de la Patria. Un Rector que no
tiene compromisos con ningún sector ajeno a la UASD y cuyos tres hijos han
estudiado y estudian todos en ella.
Santo Domingo, R.D., miercoles, 08 de agosto de 2012.
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