Editorial EL DIA
Nunca como en el presente la sociedad dominicana ha hecho uso del derecho a estar informada de todo cuanto acontece en el sector público; y debe ser así.
En el pasado reciente el Gobierno dispuso la obligatoriedad de información del sector público a los interesados, a través de las oficinas de Acceso a la Información de las diversas dependencias.
Esta legislación y otras disposiciones de orden nacional sirvieron de amparo para subir un peldaño más en el propósito de fortalecer la democracia.
Esas oficinas, además, garantiza una oportunidad de observación nacional que permite no solo la transparencia, también un freno al dispendio y la libertad de enriquecimiento que se tomaban algunos funcionarios.
Una práctica muy recurrida era la compra de servicios, contratar construcciones y adquirir materiales de oficina de manera personal. A la entrega de contratos para obras se le denominó con la paradigmática frase de “grado a grado”. Hoy ese negro pasado debe ser superado por las licitaciones públicas.
Hemos avanzado, pero necesitamos seguir dotando al Estado de más herramientas de control y funcionarios con mayor idoneidad. Sobre todo para que no haya que hacer revisiones sobre licitaciones ganadas, porque todo proceso de revisión significa más gasto e inversión de dinero público, que, vale decir, se trata de dinero que, al final, termina pagando el contribuyente.
Santo Domingo, R.D., martes, 13 de noviembre de 2012.
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