Editorial HOY
Si en algo hay que trabajar duro en este país es en desmontar el código de muerte o “carta blanca” que manejan miembros de la Policía Nacional para aniquilar a delincuentes reales y presuntos y luego argumentar que fue en intercambio de disparos.
Una muestra descarnada de este tipo de procedimiento la exhibió este sábado el programa Nuria en el 9, con un vídeo en el que se ve a un teniente de la Policía cuando ejecutaba de un tiro a la cabeza a uno de siete presos fugados de la cárcel de San Francisco de Macorís a finales de octubre. El oficial no hizo caso a los llamados de uno de sus compañeros de patrulla, que le pedía no ejecutar al hombre recapturado.
Al procurador general de la República queremos tomarle la palabra cuando afirma que no tolerará violación de los derechos humanos. Ocurre que el Ministerio Público no investiga la mayoría de los casos de personas muertas por policías en alegados enfrentamientos. Eso tiene que cambiar, pues toda muerte violenta debe ser investigada hasta las últimas consecuencias. En el caso de la ejecución del preso recapturado se ha abierto una investigación judicial, pero cuántos casos como éste, a falta de un vídeo o testimonio, se han quedado en la versión de parte interesada. Estas ejecuciones son un componente de la peor inseguridad ciudadana, pues la origina nada menos que la autoridad que debe combatir sus causas. El país no puede continuar bajo estos códigos.
Seria amenaza de censura
La Cámara de Diputados tiene todavía la oportunidad de enmendar el yerro que significaría validar una enmienda al Código Penal para incorporar la figura jurídica de la difamación e injuria y prever penas endurecidas para los casos de ofensa contra la honra de figuras públicas. Esta enmienda constituye una seria amenaza contra la libertad de expresión y difusión del pensamiento y un elemento que pretendería la censura de los periodistas y medios de comunicación.
Lo único que parece estar detrás de semejante iniciativa es la mentalidad de personas que sienten ojeriza por una libertad que en vez de ser degradada, como se intenta, ha sido consolidada en la Constitución vigente desde 2010. Hay un anacronismo histórico en este intento, pues quienes lo impulsan pretenden volver a un pasado en que se perseguía y castigaba de manera artera la libertad de expresión.
Santo Domingo, R.D., martes, 13 de noviembre de 2012.
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