Félix Santana García
Transcurriendo casi los primeros tres meses del gobierno del señor Danilo Medina Sánchez ,del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), e igual lapso de haberse iniciado los debates sobre la séptima reforma tributaria, el sábado 10 de noviembre del año que discurre el Poder Ejecutivo dominicano promulgó la indicada reforma mediante la ley No. 253-12 a los fines, según defiende el gobierno, para fortalecer la capacidad tributaria del Estado, la sostenibilidad fiscal y desarrollo sostenible.
Reforma que ha sido adversada por varios sectores y ha originado protestas callejeras debido a las inaguantables cargas tributarias que sin lugar a dudas disminuirán el poder de compra de los dominicanos, afectará negativamente la producción, las ventas y agravará el desempleo de la población económicamente activa (PEA).
Lo penoso de ello es que se hayan utilizado como argumentos los esgrimidos en el primer párrafo para su aprobación y aplicación cuando la mayor parte de la población dominicana se ha dado cuenta que lo que se busca es enmendar los errores financieros cometidos por el señor Leonel Fernández Reyna durante su última gestión.
A lo anterior se suma para hacer más triste la promulgación de la señalada reforma que las mismas condiciones que dieron lugar al astronómico déficit fiscal de RD$187,000 millones se mantienen intactas ya que prevalece: la falta de institucionalidad, corrupción, debilidad de los controles internos del gobierno, los mismos niveles de gastos corrientes suntuarios y casi los mismos funcionarios causantes del señalado déficit.
Se hicieron ingentes gestiones para tratar de cambiar la reforma tributaria que originalmente las autoridades proponían que fuese de unos RD$54,800 millones y que al final quedó en unos RD$46,000 millones, pero de nada valieron las protestas, talleres, estudios, análisis, reuniones, debates, marchas, opiniones de diferentes sectores y hasta la muerte de un estudiante universitario para que el gobierno disminuyera los gastos superfluos y que no se aplicaran los onerosos impuestos propuestos.
La reforma fue aprobada en un ambiente de inconformidad casi total de la población dominicana donde reinó: la sordera, imposición y ausencia de espíritu democrático donde se debió privilegiar el consenso o el ganar-ganar entre las partes.
Se impuso como si se tratara de un dogma religioso, sin que se midieran las consecuencias adversas que le acarreará a la nación dominicana en lo que respecta al bienestar común, desarrollo económico y competitividad empresarial.
Reforma impuesta a los dominicanos para extraerle de los bolsillos más dinero de los exiguos ingresos que percibe la clase media de la nación y poder seguir gastando a manos llenas sin contemplaciones.
Desde ya se pagarán más impuestos en el territorio dominicano, lo que se traduce en mayores costos al producir bienes y servicios, lo que a su vez generará un aumento sostenido de los precios, dícese inflación, que llevarán a las autoridades del Banco Central del país a tomar medidas de corte monetaristas para hacer frente a una posible espiral inflacionaria.
No es un secreto de que la indicada reforma fiscal es insostenible para algunos sectores productivos de la nación, pues será recesiva e inflacionaria.
De seguir la tendencia de gastar muy por encima de los pronósticos de ingresos continuarán originándose los faltantes de caja que dan lugar a los odiosos déficits que tienen que financiarse con préstamos, ventas de activos o más impuestos.
En tan solo cinco años los déficits fiscales dominicanos ascendieron a la friolera suma de más de RD$360,000 millones que con el paso del tiempo pasarán a engrosar la alarmante deuda pública del país que sobrepasa los US$26,000 millones, disminuyendo la capacidad del Estado para hacer frente a las necesidades sociales de la población más empobrecida.
Ante estos hechos se vislumbra un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el cual buscará disminuir el subsidio al sector eléctrico y por tanto ajustar la tarifa la de energía eléctrica cual hará más costoso este servicio y por ende harán más altos los costos de producción a nivel general.
Definitivamente esta reforma tributaria tendrá un impacto negativo significativo en la clase media y alta debido a que incrementará el precio de la canasta familiar.
Sin caer en pesimismo se duda que con los actuales esquemas administrativos e institucionales se pueda cambiar la actual cultura fraudulenta de los fondos del erario, lo que llevará al país a acumular más déficits de los que el PLD tiene acostumbrada a la nación dominicana.
Sin dudas el malestar de la población continuará mediante desobediencias, protestas y otras formas de expresar el disgusto general lo que debilitará la gobernabilidad del país
Los hechos se han consumado y lo frustrante es que seguirá la hemorragia de gastos dispendiosos del gobierno ya que en lo interno no se tiene quien los controle, a no ser que se firme con el Fondo Monetario Internacional, el cual desde fuera podrá tratará de ejercer presión sobre el control del gasto público, pues se sabe que ni la Cámara de Cuentas ni la Contraloría General de la República cumplen con sus roles establecidos en sus leyes orgánicas de fiscalizar y someter a la justicia a los infractores de la ley de presupuesto.
Santo Domingo, R.D., domingo, 11 de noviembre de 2012.
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