La semana que viene

Bonaparte Gautreaux Piñeyro

Las elecciones de medio tiempo permiten evaluar la percepción popular de las acciones y de las fallas de los gobiernos.

Para el año 2002 el gobierno del ingeniero Hipólito Mejía realizaba una obra importante para cada comunidad, en la mejor distribución de la inversión pública en muchos años.

A sólo dos años del inicio de esa administración el elector seleccionó los candidatos del Partido Revolucionario Dominicano en todas las jurisdicciones donde los elegibles tenían mejores cualidades y condiciones, respuesta a los problemas de sus respectivas comunidades y participación en la solución de los males que aquejaban a esos grupos humanos.

Entonces no había esa profunda, aguda y pecaminosa manera ¿legal? de drenar el erario para beneficio de legisladores que se benefician inconstitucionalmente del presupuesto de las Cámaras.

Y digo que se benefician ilegalmente, porque la Constitución de la República, salvo que eliminaran la disposición que prohibía legislar para beneficio de uno mismo.

Esos legisladores re-postulados debieron rendir cuenta del destino de los millones de pesos con que se auto-premiaron como un modo de repartir la irresponsabilidad porque “mal de muchos, consuelo de tontos”.

Piensan que los tontos volverán a votar por ellos como lo hicieron en las elecciones del año 2006.

Ninguna promesa o mentira de las que se repiten durante las campañas electorales permitió conocer la intención de asaltar el presupuesto de las Cámaras Legislativas para beneficio propio.

Fue el PLD el que inició la práctica de nombrar dirigentes importantes como asesores legislativos. Cierto, cuando el PRD obtuvo más del 90 por ciento de la matrícula del Senado, no se eliminaron las Organizaciones No Gubernamentales que tenían muchos o todos los legisladores. Las ONGs eran un barrilito. Debieron eliminar partidas que permiten aumentar suspicacia puesto que los dineros no se emplean en obras de bien social.

Aún están a tiempo los legisladores de presentar las auditorías que de seguro practicaron la Cámara de Cuentas y la Contraloría General para determinar la transparencia en el manejo que dan los funcionarios que administran fondos.

¿Dónde estuvieron esos re-postulados desde su elección hasta hoy?

Quienes piensen votar por ellos deben exigir cuentas claras.

En la mayoría de casos, para no decir en todos, se desconoce el destino de esos dineros. No debemos votar sin tener conocimiento de la conducta económica de los aspirantes. Ello también es válido para los síndicos quienes manejan mayores presupuestos y tienen la obligación de mostrar que no invirtieron esos dineros en clientelismo.

Lo más importante es depositar el voto por candidatos de probada honestidad, solidaridad con los problemas, hoja de servicios democráticos y vida transparente como Milagros Ortiz Bosch.

Santo Domingo, R.D., jueves, 6 de mayo de 2010

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