Susi Pola
Las mujeres: deciden
La sociedad: respeta
El Estado: garantiza
Las iglesias: no intervienenDesde noviembre de 1990, el 28 de septiembre es el Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres de América Latina y del Caribe, a partir del V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en San Bernardo, Argentina, y actualmente, la campaña que se mantiene desde que comienza el mes de septiembre, está integrada por mujeres organizadas de 21 países y por 7 Redes Regionales.
En nuestro país, organizaciones feministas y de mujeres, así como personas independientes, instituciones y grupos que trabajan por igualdad y equidad de la ciudadanía, una vez más resienten la falta de una legislación nacional que considere los derechos sexuales y reproductivos, como derechos humanos.
Actualmente, la mayoría de los países permiten el aborto, al menos cuando pone en peligro la vida de la madre y cuando el embarazo es producto de violación y/o incesto. En América Latina, nuestro país, junto con El Salvador, Honduras, Saint Marteen (Antillas Holandesas), Nicaragua y Chile, la penalización total aumenta el riesgo de muerte en las mujeres, sobre todo las más pobres.
Sin embargo, cada día tenemos mayor referencia, por la prensa, de la injusticia que es para una mujer sacrificar su integridad física y emocional por un embarazo no deseado y/o forzado, o por uno que hace peligrar su vida. Desde enero de este año, en la República Dominicana, dejando de lado las altas cifras de violencia sexual y feminicidios, hemos conocido de al menos 10 casos de menores de edad violadas y embarazadas, más de la mitad de ellas, por sus progenitores o a cargo, configurándose el incesto. La prensa de la semana pasada, sin ir más lejos, informa que el Primer Tribunal Colegiado del distrito judicial de Azua, condenó a 20 años de prisión a Juan Elpidio Ramírez Calderón, acusado de violar y embarazar a su hija de 13 años de edad, en el municipio de Peralta, de esa provincia, una niña cuyo propio padre lastimó para siempre, sin mayor reacción de la sociedad indiferente.
Es hora que el Estado dominicano se decida a reafirmar y proteger el carácter laico y plural de la democracia, poniendo en marcha políticas públicas para mejorar la salud de las mujeres y su ejercicio de derechos.
En esta nueva campaña por el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas, reiteramos los reclamos por la vida de las mujeres en circunstancias de riesgo, reclamando que se modifique la ley penalizadora del aborto, que se disponga legalmente por el aborto seguro y legal y sobre todo, que aquello que es dogma para algunas personas, no sea ley para toda la ciudadanía.
Santo Domingo, R.D., martes, 28 de septiembre de 2010
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